Halliburton echa ejecutivos y sigue en la mira de la justicia
Halliburton Co., líder mundial en servicios para petroleras, despidió al ex presidente de su filial Kellogg Brown Root (KBR), por pagar coimas y recibirlas en Nigeria. Pero sus problemas no acaban ahí e involucran a otras empresas.
Jack Stanley fue “jubilado” en diciembre como presidente de KBR. Ahora, tanto él como dos ejecutivos han sido despedidos como consultores por violar las normas éticas de la compañía (cuya solidez también está en duda). Un sumario interno, en efecto, revela los métodos irregulares usados para que un emprendimiento conjunto, TSKJ, obtuviese contratos para participar en la construcción de una plata de gas natural licuado, en Nigeria.
Los tres ex funcionarios, vía la cuenta de uno (William Chaudan) en un banco suizo, percibieron US$ 525.000 por gestionar esos contratos, subscriptos en 1999. El asunto fue ventilado por “Le journal du dimanche” (París). Autoridades reguladoras norteamericanas y la justicia francesa están investigando pagos y transferencias ilegales por US$ 180 millones, en ese mismo caso.
A criterio de la compañía, empero, no ha sido violada la ley federal contra prácticas corruptas en el exterior. Ésta prohíbe a contratistas estadounidenses y firmas extranjeras registradas en bolsa norteamericanas pagar sobornos para obtener negocios. Pero, por supuesto, en Nigeria, Angola, otros países africanos y centroasiáticos, la coima está institucionalizada y suele ser indispensable.
“Las acusaciones son en extremo graves”, señala Martin Weinstein, abogado de Washington especializado en el tema y ex fiscal federal. “Las sanciones podrían hasta multar a las empresas por el doble de las utilidades logradas vía esas maniobras, aparte de mandar gente a la cárcel”.
Pero los problemas que afronta Halliburton no paran ahí. Pocos se fijaron cuando –apunta el “Financial times”- un tribunal tejano sentenció a esa firma y una británica, Ramco, a pagar US$ 106 millones por no haber respetado un acuerdo de confidencialidad”. Como se sabe, Halliburton es la mayor compañía mundial de servicios en explotación de hidrocarburos, ingeniería y construcciones.
A primera vista, la suma mencionada no significa gran cosa para un grupo con miles de millones en giro trimestral. “Pero, precisamente ahora, la novedad coincide con cargos por procedimientos no éticos o ilícitos en Irak y Nigeria. El telón de fondo es inquietante”. Especialmente en lo político, pues varias de las prácticas cuestionadas tuvieron lugar mientras el actual presidente, Richard Cheney, era CEO y principal gestor del grupo en Washington.
Mensajes electrónicos en poder de la justicia demuestran que Cheney y David Lesar, ex director operativo y actual CEO, conocían bien el proyecto Tenge (Kazajstán), que originó aquella indemnización. Los denuciantes de las irregularidades eran Anglo-Dutch y Anglo-Dutch Petroleum International. En 1997, la primera buscaba inversores para un yacimiento en Tenge. Halliburton y Ramco se manifestaron interesadas y firmaron un acuerdo de confidencialidad.
¿Qué quiere decir eso? Que sólo revelarían datos de A-D a firmas, filiales y consultores del grupo que los precisasen para evaluar la propuesta. Si desistiesen de la operación, deberían devolver o destruir toda información relativa al tema. Poco después, Halliburton y Ramco dejaron sin efecto una carta de intención. Al mismo tiempo, Golden Eagle Partners, una consultora con domicilio en Suiza –luego se descubrió que trabajaba para Halliburton durante las negociaciones frustradas-, acabó comprando los pozos y desplazando a Anglo-Dutch.
Ni Halliburton ni Ramco abonaron a A-D los US$ 250.000 que cada una debía, según la cláusula de rescisión. Se entabló el litigio y, en octubre de 2003, un jurado sentenció las demandadas a pagar US$ 70.400.000. En enero último, un juez de apelación aumentó la indemnización a 106 millones. En abril, Halliburton llegó a arreglos con Anglo-Dutch. Pero el daño a la imagen del pulpo tejano ya había sido hecho.
Jack Stanley fue “jubilado” en diciembre como presidente de KBR. Ahora, tanto él como dos ejecutivos han sido despedidos como consultores por violar las normas éticas de la compañía (cuya solidez también está en duda). Un sumario interno, en efecto, revela los métodos irregulares usados para que un emprendimiento conjunto, TSKJ, obtuviese contratos para participar en la construcción de una plata de gas natural licuado, en Nigeria.
Los tres ex funcionarios, vía la cuenta de uno (William Chaudan) en un banco suizo, percibieron US$ 525.000 por gestionar esos contratos, subscriptos en 1999. El asunto fue ventilado por “Le journal du dimanche” (París). Autoridades reguladoras norteamericanas y la justicia francesa están investigando pagos y transferencias ilegales por US$ 180 millones, en ese mismo caso.
A criterio de la compañía, empero, no ha sido violada la ley federal contra prácticas corruptas en el exterior. Ésta prohíbe a contratistas estadounidenses y firmas extranjeras registradas en bolsa norteamericanas pagar sobornos para obtener negocios. Pero, por supuesto, en Nigeria, Angola, otros países africanos y centroasiáticos, la coima está institucionalizada y suele ser indispensable.
“Las acusaciones son en extremo graves”, señala Martin Weinstein, abogado de Washington especializado en el tema y ex fiscal federal. “Las sanciones podrían hasta multar a las empresas por el doble de las utilidades logradas vía esas maniobras, aparte de mandar gente a la cárcel”.
Pero los problemas que afronta Halliburton no paran ahí. Pocos se fijaron cuando –apunta el “Financial times”- un tribunal tejano sentenció a esa firma y una británica, Ramco, a pagar US$ 106 millones por no haber respetado un acuerdo de confidencialidad”. Como se sabe, Halliburton es la mayor compañía mundial de servicios en explotación de hidrocarburos, ingeniería y construcciones.
A primera vista, la suma mencionada no significa gran cosa para un grupo con miles de millones en giro trimestral. “Pero, precisamente ahora, la novedad coincide con cargos por procedimientos no éticos o ilícitos en Irak y Nigeria. El telón de fondo es inquietante”. Especialmente en lo político, pues varias de las prácticas cuestionadas tuvieron lugar mientras el actual presidente, Richard Cheney, era CEO y principal gestor del grupo en Washington.
Mensajes electrónicos en poder de la justicia demuestran que Cheney y David Lesar, ex director operativo y actual CEO, conocían bien el proyecto Tenge (Kazajstán), que originó aquella indemnización. Los denuciantes de las irregularidades eran Anglo-Dutch y Anglo-Dutch Petroleum International. En 1997, la primera buscaba inversores para un yacimiento en Tenge. Halliburton y Ramco se manifestaron interesadas y firmaron un acuerdo de confidencialidad.
¿Qué quiere decir eso? Que sólo revelarían datos de A-D a firmas, filiales y consultores del grupo que los precisasen para evaluar la propuesta. Si desistiesen de la operación, deberían devolver o destruir toda información relativa al tema. Poco después, Halliburton y Ramco dejaron sin efecto una carta de intención. Al mismo tiempo, Golden Eagle Partners, una consultora con domicilio en Suiza –luego se descubrió que trabajaba para Halliburton durante las negociaciones frustradas-, acabó comprando los pozos y desplazando a Anglo-Dutch.
Ni Halliburton ni Ramco abonaron a A-D los US$ 250.000 que cada una debía, según la cláusula de rescisión. Se entabló el litigio y, en octubre de 2003, un jurado sentenció las demandadas a pagar US$ 70.400.000. En enero último, un juez de apelación aumentó la indemnización a 106 millones. En abril, Halliburton llegó a arreglos con Anglo-Dutch. Pero el daño a la imagen del pulpo tejano ya había sido hecho.
