Ejecutivos procesados: se les confiscarán bienes y fortunas
El departamento federal de Justicia instruirá a los fiscales para emplear tácticas usuales contra el narcotráfico a directivos y otros involucrados en delitos graves. En síntesis, se buscará confiscarles bienes y fortunas mal habidas.
A dos meses de crearse una “fuerza de tareas para delitos financieros”, hoy empieza una reunión de funcionarios federales, durante la cual se explicará cómo intervenir y confiscar fondos, cuentas y otros activos atribuibles a irregularidades, maniobras o delitos contables y corporativos. El presidente George W. Bush y el titular de Justicia, John Ashcroft, hablarán al grupo.
En énfasis en fraudes del sector privado data de enero, cuando un grupo ad hoc empezó a investigar el colapso de Enron. Justicia, que ha tenido miramientos hacia delincuentes de guante blanco por décadas, ahora se centra en una creciente serie de grupos, compañías, bancas y firmas de Wall Street. Hasta el momento, los casos más espectaculares son WorldCom (US$ 9.100 millones en gastos ocultos en los balances de 1999 a 2001) y Adelphia Communications, cuya cúpula adulteró asientos o malversó fondos por un total de US$ 2.500 millones.
“Vamos a recurrir a todos los medios asequibles para confiscar bienes y dineros mal habidos”, señaló Michael Chertoff, fiscal asistente a cargo de la división delitos penales. “Sean cuales fueren los montos, estarán mejor en manos de accionistas, inversores y fondos jubilatorios que en las de sus actuales detentadores”.
La legislación en la materia se usa generalmente para confiscar viviendas, automotores, yates, aviones, etc. de narcotraficantes, elementos del crimen organizado y sus intermediarios en el lavado de dinero. Los delincuentes de cuello duro raramente eran alcanzados. Hoy, los fiscales tienen a cuatro personajes en la mira: los Rigas (John, Timothy, Michael), por aquellos US$ 2.500 millones, y Bernard Ebbers (ex WorldCom), por US$ 465 millones. Pero algunos juristas independientes vislumbran un objetivo mediato: los banqueros que, desde “puertos francos offshore” proveen instrumentos y canales financieros para sacar fondos del país y luego filtrarlos.
A dos meses de crearse una “fuerza de tareas para delitos financieros”, hoy empieza una reunión de funcionarios federales, durante la cual se explicará cómo intervenir y confiscar fondos, cuentas y otros activos atribuibles a irregularidades, maniobras o delitos contables y corporativos. El presidente George W. Bush y el titular de Justicia, John Ashcroft, hablarán al grupo.
En énfasis en fraudes del sector privado data de enero, cuando un grupo ad hoc empezó a investigar el colapso de Enron. Justicia, que ha tenido miramientos hacia delincuentes de guante blanco por décadas, ahora se centra en una creciente serie de grupos, compañías, bancas y firmas de Wall Street. Hasta el momento, los casos más espectaculares son WorldCom (US$ 9.100 millones en gastos ocultos en los balances de 1999 a 2001) y Adelphia Communications, cuya cúpula adulteró asientos o malversó fondos por un total de US$ 2.500 millones.
“Vamos a recurrir a todos los medios asequibles para confiscar bienes y dineros mal habidos”, señaló Michael Chertoff, fiscal asistente a cargo de la división delitos penales. “Sean cuales fueren los montos, estarán mejor en manos de accionistas, inversores y fondos jubilatorios que en las de sus actuales detentadores”.
La legislación en la materia se usa generalmente para confiscar viviendas, automotores, yates, aviones, etc. de narcotraficantes, elementos del crimen organizado y sus intermediarios en el lavado de dinero. Los delincuentes de cuello duro raramente eran alcanzados. Hoy, los fiscales tienen a cuatro personajes en la mira: los Rigas (John, Timothy, Michael), por aquellos US$ 2.500 millones, y Bernard Ebbers (ex WorldCom), por US$ 465 millones. Pero algunos juristas independientes vislumbran un objetivo mediato: los banqueros que, desde “puertos francos offshore” proveen instrumentos y canales financieros para sacar fondos del país y luego filtrarlos.
