Alaska: Exxon quiere pagar mucho menos por el derrame de 1989
A más de catorce años del devastador derrame en Alaska , la mayor petrolera del mundo quiere pagar apenas 0,5% de lo estipulado por la justicia. Lo malo es que la administración Bush apoya a Exxon.
La suma total de multas alcanza US$ 5.000 millones y la empresa no desea abonar más de 25 millones, amén de los gastos en limpieza ambiena. El 24 de marzo de 1989, el buque tanque Exxon Valdez encalló en la bahía del príncipe Guillermo, costa meridional de Alaska, y derramó 50 millones de litros de crudo sobre 7.700 km2. El mundo vio por TV focas, morsas, otros mamíferos, peces, moluscos y vegetación submarina destruidos por el desastre ecológico.
En ese momento, la catástrofe figuró el trigésimo puesto mundial por volumen. Pero era la mayor acaecida en Estados Unidos y devastó lo que la Agencia Federal de Protección Ambiental definió como “una de las áreas naturales más prístinas y magnificas en toda América septentrional”.
Poco después, la opinión pública se volvía contra ExxonMobil, por sus actitudes arrogantes. Entretanto, el total de multas e indemnizaciones a los intereses perjudicados -US$ 5.000 millones- tampoco tenía precedentes. Ahora, muchos expertos legales temen que la compañía logre salir con la suya, dadas las peculiares características del actual gobierno (acaba de reducir exigencias ambientales a la actividad energética) y las tendencias en varias instancias judiciales –no siempre desinteresadas- a rebajar multas grandes.
Por de pronto, en 2002 el juzgado federal de Anchorage redujo el monto global de US$ 5.000 a 4.000 millones. Pero lo hizo porque la cámara de apelaciones del IX circuito había tachado la suma de excesiva. Acto seguido, ExxonMobil y sus oponentes apelaron el nuevo monto; la firma para bajarlo, los otros para volverlo a la suma inicial.
Varios magistrados federales no ocultan sus preferencias por la compañía. Esto sería normalmente escandaloso, pero sucede que la Corte Suprema está gestando jurisprudencia favorable a reducir multas, indemnizaciones y resarcimientos considerados excesivos por las empresas afectadas. Sobre todo si sus abogados pertenecen a estudios influyentes.
La última esperanza que les queda a los litigantes contra ExxonMobil es el juez de ese mismo distrito Russell Holland, no siempre inclinado a seguir “precedentes nuevos”. La última vez, el magistrado limitó la rebaja a 25% del total, no el 95% que pedía la compañía.
“Holland parece remiso a cambiar su propio fallo”, comentaban en Nueva York. “Las posturas de la Corte Suprema no son taxativas y la compañía está pidiendo demasiado”. Pero Exxon Mobil sabe que George W.Bush, Richard Cheney y el secretario de Justicia, John Ashcroft, son incondicionales del negocio petrolero. Especialmente, el tejano.
De todos modos, la firma ha gastado ya US$ 3.500 millones en limpieza y rehabilitación ambiental de la zona afectada. En cuanto a resarcimientos, ha oblado sólo US$ 300 millones a once mil habitantes de esas costas (27.270 por cabeza). Todo este asunto se complica por la propia actitud empresaria: “ExxonMobil nunca arregla. Litiga, litiga, litiga y litiga hasta el cansancio”, sostiene Robin West, presidente de la consultora sectorial PFC Energy.
La suma total de multas alcanza US$ 5.000 millones y la empresa no desea abonar más de 25 millones, amén de los gastos en limpieza ambiena. El 24 de marzo de 1989, el buque tanque Exxon Valdez encalló en la bahía del príncipe Guillermo, costa meridional de Alaska, y derramó 50 millones de litros de crudo sobre 7.700 km2. El mundo vio por TV focas, morsas, otros mamíferos, peces, moluscos y vegetación submarina destruidos por el desastre ecológico.
En ese momento, la catástrofe figuró el trigésimo puesto mundial por volumen. Pero era la mayor acaecida en Estados Unidos y devastó lo que la Agencia Federal de Protección Ambiental definió como “una de las áreas naturales más prístinas y magnificas en toda América septentrional”.
Poco después, la opinión pública se volvía contra ExxonMobil, por sus actitudes arrogantes. Entretanto, el total de multas e indemnizaciones a los intereses perjudicados -US$ 5.000 millones- tampoco tenía precedentes. Ahora, muchos expertos legales temen que la compañía logre salir con la suya, dadas las peculiares características del actual gobierno (acaba de reducir exigencias ambientales a la actividad energética) y las tendencias en varias instancias judiciales –no siempre desinteresadas- a rebajar multas grandes.
Por de pronto, en 2002 el juzgado federal de Anchorage redujo el monto global de US$ 5.000 a 4.000 millones. Pero lo hizo porque la cámara de apelaciones del IX circuito había tachado la suma de excesiva. Acto seguido, ExxonMobil y sus oponentes apelaron el nuevo monto; la firma para bajarlo, los otros para volverlo a la suma inicial.
Varios magistrados federales no ocultan sus preferencias por la compañía. Esto sería normalmente escandaloso, pero sucede que la Corte Suprema está gestando jurisprudencia favorable a reducir multas, indemnizaciones y resarcimientos considerados excesivos por las empresas afectadas. Sobre todo si sus abogados pertenecen a estudios influyentes.
La última esperanza que les queda a los litigantes contra ExxonMobil es el juez de ese mismo distrito Russell Holland, no siempre inclinado a seguir “precedentes nuevos”. La última vez, el magistrado limitó la rebaja a 25% del total, no el 95% que pedía la compañía.
“Holland parece remiso a cambiar su propio fallo”, comentaban en Nueva York. “Las posturas de la Corte Suprema no son taxativas y la compañía está pidiendo demasiado”. Pero Exxon Mobil sabe que George W.Bush, Richard Cheney y el secretario de Justicia, John Ashcroft, son incondicionales del negocio petrolero. Especialmente, el tejano.
De todos modos, la firma ha gastado ya US$ 3.500 millones en limpieza y rehabilitación ambiental de la zona afectada. En cuanto a resarcimientos, ha oblado sólo US$ 300 millones a once mil habitantes de esas costas (27.270 por cabeza). Todo este asunto se complica por la propia actitud empresaria: “ExxonMobil nunca arregla. Litiga, litiga, litiga y litiga hasta el cansancio”, sostiene Robin West, presidente de la consultora sectorial PFC Energy.
