Se firmó el pacto fiscal
El compromiso federal entre la Nación y las provincias se alcanzó tras la aceptación de una cláusula adicional sobre el congelamiento de gastos. Machinea: "Estamos cerca de conseguir el blindaje".
Los gobiernos de la Nación y las provincias firmaron hoy (lunes 20), a las 16.30, el pacto fiscal en la sede de la Jefatura de Gabinete, con la inclusión de la cláusula de emergencia que había sido solicitada esta mañana por las administraciones justicialistas.
El acuerdo, denominado Compromiso federal por el crecimiento y la disciplina fiscal, cuenta con la firma de todos los distritos, incluido Santa Cruz, a pesar de la abierta oposición de su gobernador, Néstor Kirchner, que no contaba con ningún representante en la reunión de hoy en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Tras la firma del acuerdo, el ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguró: “Estamos muy cerca de conseguir el blindaje” financiero de organismos internacionales.
Asimismo, el ministro del Interior, Federico Storani, destacó la “circunstancia feliz” de la firma del acuerdo, aunque el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, reveló cierto disgusto al señalar que “hay cosas que a veces uno debe hacer aunque no le gusten”.
Las provincias recibirán el año próximo $ 225 millones adicionales a los establecidos en el Presupuesto nacional para la atención de programas sociales y de empleo.
Para su distribución se establecieron dos criterios complementarios: $ 112,5 millones se distribuyen en partes iguales entre las 23 provincias (la ciudad de Buenos Aires queda excluida de este reparto).
Por lo tanto, a cada una le corresponde $ 4,89 millones.
A esa monto se le agrega el reparto de los otros $ 112,5 millones, “de acuerdo con los coeficientes de coparticipación establecidos en la ley 23.548, adecuada de acuerdo con el decreto 702/99”, que determina 0,70% de la distribución secundaria para Tierra del Fuego.
Los mandatarios provinciales habían elevado esta mañana una nueva cláusula al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que presentaban como determinante para la firma del pacto, y que, en última instancia, dejó la decisión en manos del Ejecutivo.
Los gobernadores, reunidos en la sede del CFI, dijeron en ese momento que si se aceptaba incluirla en el texto, “el pacto se firma hoy mismo”.
Entre otros de los puntos que contiene el agregado, se solicita al Gobierno autorización a los provinciales para una reasignación de los gastos –pese al congelamiento– en casos de “una situación grave que implique la interrupción de los servicios de educación y salud, o la alteración excepcional de la seguridad pública”.
A cambio de esa autorización, los gobernadores se comprometen a que “en ningún caso el acuerdo que se logre modificará la pauta general de desequilibrio fiscal acordada para cada año”.
La cláusula no contiene reclamos referidos a la eliminación del propósito gubernamental de reducir los subsidios a los combustibles y a la producción tabacalera.
La aceptación de esa iniciativa debería despejar el camino para que el Gobierno consiga el “blindaje financiero” que negoció con el FMI con el apoyo de Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Europea.
Los gobiernos de la Nación y las provincias firmaron hoy (lunes 20), a las 16.30, el pacto fiscal en la sede de la Jefatura de Gabinete, con la inclusión de la cláusula de emergencia que había sido solicitada esta mañana por las administraciones justicialistas.
El acuerdo, denominado Compromiso federal por el crecimiento y la disciplina fiscal, cuenta con la firma de todos los distritos, incluido Santa Cruz, a pesar de la abierta oposición de su gobernador, Néstor Kirchner, que no contaba con ningún representante en la reunión de hoy en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Tras la firma del acuerdo, el ministro de Economía, José Luis Machinea, aseguró: “Estamos muy cerca de conseguir el blindaje” financiero de organismos internacionales.
Asimismo, el ministro del Interior, Federico Storani, destacó la “circunstancia feliz” de la firma del acuerdo, aunque el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, reveló cierto disgusto al señalar que “hay cosas que a veces uno debe hacer aunque no le gusten”.
Las provincias recibirán el año próximo $ 225 millones adicionales a los establecidos en el Presupuesto nacional para la atención de programas sociales y de empleo.
Para su distribución se establecieron dos criterios complementarios: $ 112,5 millones se distribuyen en partes iguales entre las 23 provincias (la ciudad de Buenos Aires queda excluida de este reparto).
Por lo tanto, a cada una le corresponde $ 4,89 millones.
A esa monto se le agrega el reparto de los otros $ 112,5 millones, “de acuerdo con los coeficientes de coparticipación establecidos en la ley 23.548, adecuada de acuerdo con el decreto 702/99”, que determina 0,70% de la distribución secundaria para Tierra del Fuego.
Los mandatarios provinciales habían elevado esta mañana una nueva cláusula al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que presentaban como determinante para la firma del pacto, y que, en última instancia, dejó la decisión en manos del Ejecutivo.
Los gobernadores, reunidos en la sede del CFI, dijeron en ese momento que si se aceptaba incluirla en el texto, “el pacto se firma hoy mismo”.
Entre otros de los puntos que contiene el agregado, se solicita al Gobierno autorización a los provinciales para una reasignación de los gastos –pese al congelamiento– en casos de “una situación grave que implique la interrupción de los servicios de educación y salud, o la alteración excepcional de la seguridad pública”.
A cambio de esa autorización, los gobernadores se comprometen a que “en ningún caso el acuerdo que se logre modificará la pauta general de desequilibrio fiscal acordada para cada año”.
La cláusula no contiene reclamos referidos a la eliminación del propósito gubernamental de reducir los subsidios a los combustibles y a la producción tabacalera.
La aceptación de esa iniciativa debería despejar el camino para que el Gobierno consiga el “blindaje financiero” que negoció con el FMI con el apoyo de Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Europea.
