Por de pronto, este acuerdo sepulta el “contrato regional”, un mamotreto de 6.800 páginas, obra de burócratas francófonos que, en realidad, casi nadie había leído completo. Además, hay un cambio clave: la “cláusula de salida” admite la posibilidad que los socios puedan dejar el bloque. Pero no queda claro si la propia entidad puede o no excluir miembros, algo que vendría bien en casos como Chipre (un país incompleto) o la minúscula Malta.
Entre otras reformas, desaparecen las presidencias semestrales y, desde 2009, serán reemplazadas por una presidencia del consejo europeo, a treinta meses renovable una sola vez. También habrá una especie de canciller o ministro de relaciones exteriores y un mecanismo de decisiones por mayoría simple en asuntos de seguridad y justicia, temas que quedarán en manos de un ministro específico.
En realidad, el documento es una versión más laxa y menos reglamentarista del tratado que capotó tras la una ola de rechazos plebiscitarios en 2005. Otra modificación relevante consiste en otorgar o devolver a los parlamentos nacionales injerencia en decisiones importantes. En el otro extremo, se instituyen iniciativas por las cuales un millón de ciudadanos de la UE, como mínimo, podrán solicitar a la comisión europea medidas legislativas. Subsiste otra duda, amén de Kósovo: ¿tiene sentido que coexistan la comisión y el consejo europeo?
Por de pronto, este acuerdo sepulta el “contrato regional”, un mamotreto de 6.800 páginas, obra de burócratas francófonos que, en realidad, casi nadie había leído completo. Además, hay un cambio clave: la “cláusula de salida” admite la posibilidad que los socios puedan dejar el bloque. Pero no queda claro si la propia entidad puede o no excluir miembros, algo que vendría bien en casos como Chipre (un país incompleto) o la minúscula Malta.
Entre otras reformas, desaparecen las presidencias semestrales y, desde 2009, serán reemplazadas por una presidencia del consejo europeo, a treinta meses renovable una sola vez. También habrá una especie de canciller o ministro de relaciones exteriores y un mecanismo de decisiones por mayoría simple en asuntos de seguridad y justicia, temas que quedarán en manos de un ministro específico.
En realidad, el documento es una versión más laxa y menos reglamentarista del tratado que capotó tras la una ola de rechazos plebiscitarios en 2005. Otra modificación relevante consiste en otorgar o devolver a los parlamentos nacionales injerencia en decisiones importantes. En el otro extremo, se instituyen iniciativas por las cuales un millón de ciudadanos de la UE, como mínimo, podrán solicitar a la comisión europea medidas legislativas. Subsiste otra duda, amén de Kósovo: ¿tiene sentido que coexistan la comisión y el consejo europeo?
