En el primer mes del año, el resultado primario alcanzó un superávit de $ 16.600 millones. De este modo, mejoró de manera notable el magro saldo positivo de enero 2018 ($ 4.000 millones). Más aún, si aislamos el cambio metodológico del Programa de Inversiones Prioritarias (ahora se incluyen en el gasto primario, mientras que el año pasado no lo hacían) el superávit del año pasado se multiplicó por ocho, ya que en ese entonces había rondado $ 2.000 millones.
Al igual que en los meses anteriores, la recuperación obedeció a que los ingresos aumentaron por encima de los gastos primarios (+39% i.a. y +33% i.a. -y 31,7% sin PIP-, respectivamente). Como desenlace, el resultado del Sector Público Nacional no Financiero mejoró por décimo segundo mes consecutivo, según advierte en su último informe la consultora Ecolatina.
Por su parte, el pago de intereses netos alcanzó los $ 76.700 millones, más que duplicándose respecto a igual mes del año pasado. Como resultado, el rojo financiero aumentó 132% en su comparación interanual, pasando de menos de $ 26.000 millones en 2018 a poco más de $ 60.000 millones en 2019. Deflactando por la inflación acumulada, la profundización del déficit total alcanzó 55% i.a.
¿Se podrá sostener el superávit primario a lo largo de 2019?
Debido al fuerte componente estacional de algunas partidas del gasto, para alcanzar el equilibrio primario es necesario que el resultado sea positivo en muchos meses. En este sentido, enero suele ser un mes superavitario para las cuentas públicas. Por el contrario, en junio y diciembre las prestaciones sociales y el pago de salarios son particularmente altos por el pago de aguinaldos y bonos extraordinarios que suelen pagarse en esos meses.
En consecuencia, el buen resultado de enero no implica que el resultado primario será positivo a lo largo del año. En contraposición, a medida que vayan pasando los meses y la actividad permanezca deprimida, deteriorando los ingresos fiscales, las arcas públicas sentirán el impacto de la recesión. Incluso, para fin de año proyectamos que el resultado fiscal primario será levemente negativo. En este sentido, la meta de equilibrio pautada con el FMI no se alcanzará. No obstante, este desenlace no impedirá acceder a los desembolsos pautados en el acuerdo stand-by: contemplando los ajustadores, el rojo primario podría alcanzar hasta $ 71.600 millones o -0,4% del PBI, sin demandar una revisión del acuerdo.
El caso San Luis
Conforme a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional deberá devolver a la Provincia de San Luis $ 15.000 millones, en concepto de retenciones de la coparticipación acumuladas desde 2006 y la actualización de este capital. Esta resolución induce a pensar en una salida similar para el conflicto con la provincia de Santa Fe, que se encuentra en la misma posición.
Si los montos se actualizaran de la misma forma, el costo fiscal para el Estado Nacional ascendería a $ 75.000 millones, lo que representaría alrededor de 0,4% del PBI según nuestras proyecciones de crecimiento e inflación. Esta cifra es similar al total de las transferencias corrientes a todas las provincias estimadas para este año, a la par que es levemente superior al tope de los ajustadores pautados en el acuerdo con el FMI.
En consecuencia, la medida de la Justicia no es despreciable en el ejercicio fiscal. No obstante, en la misma sentencia se permite que las partes acuerden los plazos y las formas en que se cancelará la deuda. Si bien los gobiernos de ambas provincias son opositores, lo que podría dificultar la negociación, luce muy poco probable que todos los pagos se materialicen este año.
