<p>Hasta ahora, esa ley escudaba al Cavaliere contra tres procesos radicados en Milán. Por doce votos contra apenas tres, se dictaminó que es ilegítimo –valga la paradoja- el capítulo que obligaba automáticamente a cualquier juez a aplazar seis meses procesos contra el primer ministro u otros miembros del gabinete. Bastaba una simple manifestación del gobierno, señalando que los imputados no pueden comparecer ante la justicia debido a sus “delicadas funciones”.<br />
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Por el contrario, la corte sostiene que compete a los propios jueces (no al poder ejecutivo) determinar si existe ese impedimento legítimo. Dictada en febrero de 2010, la ley tiene vigencia hasta octubre de 2011. Vale decir, la fecha cuando vence el mandato de Berlusconi, quien hace poco se salvó de la censura en la cámara de diputados por tres votos, posiblemente comprados por Umberto Bossi, senador separatista.<br />
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Las causas sobre el tapete son por corrupción del abogado inglés David Mills, Mediaset (fraude fiscal) y Mediatrade (apropiación indebida). Pese a ser otro golpe para un primer ministro ya casi sin apoyo legislativo, peor hubiese sido que la corte declarase directamente anticonstitucional la ley de marras.<br />
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Esta salomónica ambivalencia le permite al premier manifestarse “totalmente indiferente al veredicto de jueces que padecen patologías”. Por cierto, el fallo –tachado de blando por varios juristas- le permitirá a Berlusconi armar densas agendas de giras y reuniones por el exterior. O sea, perfectas excusas para no presentarse ante los jueces, mientras las causas siguen prescribiendo. Sólo es preciso que, de ahora a octubre, no estallen o se renueven crisis políticas como la de diciembre.</p>
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Un semirrevés judicial para Silvio Berlusconi
La corte constitucional, máxima instancia, invalidó parcialmente una norma dictada a medida para proteger al primer ministro, atiborrado de causas pendientes. Se trata de la ley de legítimo impedimento, calificada como aberración jurídica.