También por los trade off en materia de política económica al momento de elegir las partidas a ajustar (cada recorte tiene un costo asociado) para converger a la meta acordada con el FMI, según el informe reciente de la consultora Ecolatina.
Desde una perspectiva teórica, frente a shocks exógenos negativos (sequía, recesión global, caída en precios de commodities, etc.), la política fiscal debería accionar de manera contracíclica (incrementando el gasto público o reduciendo impuestos) para amortiguar los efectos sobre la actividad económica y el bienestar de las personas.
Lamentablemente, la situación actual de las cuentas públicas y las acotadas fuentes de financiamiento no sólo no permiten llevar adelante una política fiscal expansiva para morigerar el impacto de la sequía, sino que obligan al Gobierno a reducir sus necesidades financieras para quitarle presión al mercado de deuda y evitar una mayor inestabilidad macroeconómica.
¿Qué tan elevado es el déficit inercial para 2023?
Frente a un déficit primario del 2,4% del PIB en 2022, el ajuste fiscal requerido para cumplir con la meta fiscal anual en 2023 (1,9% del PIB) sería -ceteris paribus- de apenas 0,5% del PIB. Sin embargo, el déficit primario inercial de cara a 2023 es considerablemente mayor a aquel 2,4%. ¿Por qué?
1) El impacto negativo de la sequía en los Derechos de Exportación le restará recursos por cerca de 0,6% del PIB (en términos brutos la perdida sería mayor, pero estaría en parte compensada por la ganancia asociada a nuevas ediciones del “dólar soja/agro” para fomentar las liquidaciones);
2) La caída en la actividad económica y los ingresos, junto con las restricciones a las importaciones producto de la escasez de divisas redundarán en una menor recaudación del resto de los tributos (estimamos un efecto neto negativo de 0,2% del PIB, considerando incluso el levantamiento de eximiciones a importadores); y
3) En contraste al 2022, este año el Gobierno ya no podrá contabilizar las ganancias contables asociadas a las colocaciones de deuda sobre la par de instrumentos indexados de deuda soberana (0,3% del PIB).
Como resultado, estimamos que el déficit primario inercial alcanzaría el 3,5% del PIB en 2023. Entonces, los ingresos no sólo no ayudarán a achicar el rojo primario, sino que jugarán en contra de la consolidación fiscal para 2023.
¿Cuánto habría que ajustar el Gasto para cumplir con la meta en 2023?
Como consecuencia de la caída en los ingresos, el eje recaerá nuevamente sobre el recorte en el gasto público. Pero, ¿cuánto habría que ajustar el gasto para cumplir con la meta fiscal anual? Según nuestras estimaciones, el Gasto Primario debería achicarse en 1,6 p.p. del PIB para poder alcanzar la meta fiscal acordada con el FMI.
Si bien el ajuste sería mayor al evidenciado en 2022 (-1 p.p. del PIB), estaría en línea con la dinámica evidenciada entre 2017 y 2019. En este sentido, 2023 y 2019 serían los únicos años electorales en los que el Gasto Público se achica pese a enfrentarse a una recesión económica (en ambos casos, en el marco de un acuerdo con el FMI ante la falta de financiamiento). Sin embargo, a diferencia del 2019, el recorte del Gasto en 2023 no se materializaría en un 100% en una mejora de las cuentas públicas, dado que, como ya mencionamos, los ingresos mostrarían una caída abrupta, complejizando aún más el panorama.
Por su parte, convalidar semejante ajuste implicaría llevar al Gasto Primario por debajo del 19% del PIB, cuando en la última década promedio 22% del PIB y, exceptuando 2019, en los últimos 14 años siempre se ubicó por encima de dicho umbral. No obstante, posiblemente se flexibilice la meta fiscal (así como también la de asistencia monetaria directa del BCRA) en la reformulación del acuerdo que se está negociando con el FMI, lo cual implicaría convalidar un menor ajuste sobre el gasto (pero aún en ese caso también debería recortarse) al reconocer el impacto negativo de la sequía sobre las cuentas fiscales.
¿Qué partidas del gasto estarán bajo la lupa?
Para impulsar el recorte necesario en el Gasto Primario, el Gobierno posiblemente se apoye sobre tres patas: a) el efecto de una elevada inflación para reducir ciertas partidas en términos reales; b) una profundización de la segmentación tarifaria para achicar el gasto en subsidios energéticos (expresamente solicitado por el FMI); y c) un mayor control sobre la ejecución del resto de las partidas del gasto.
Ahora bien, ninguno de los tres ejes estará libre de costos. En cuanto al primero, debido al rezago en la fórmula de ajuste de la movilidad, la aceleración de la inflación contribuye a reducir el gasto indexado (más del 40% del gasto primario), a la vez que achica en términos reales el resto de las partidas (excepto subsidios, donde la mayor inflación presiona sobre los costos), dada la posibilidad de ir adaptando los techos nominales de gasto por parte del Ministerio de Economía.
Sin embargo, la contracara de estos beneficios para el fisco es que la reducción del Gasto Social dificultará una recomposición real de los ingresos y, por ende, tensionará aún más un contexto social sumamente frágil. Paralelamente, una mayor suba en las tarifas de servicios públicos (implementada desde mayo) le resta ingreso disponible a los hogares y le eleva el piso a una inflación que lleva ya 5 meses consecutivos acelerándose y en mayo probablemente se ubique en torno al 9% mensual.
Por su parte, si bien un mayor control sobre el resto de las partidas puede ayudar en la reducción del gasto, la realidad es que buena parte muestran cierto grado de rigidez (ejemplo: los Salarios y las Transferencias a Universidades dependen de las paritarias) o incluso están establecidas por ley (cerca de la mitad de las Transferencias a Provincias corresponden al FONID, gasto en salud y cajas previsionales). En consecuencia, el grueso del recorte en el Gasto Primario pasaría por los dos primeros ejes.
El financiamiento determinará los márgenes fiscales del Gobierno
Desde ya, con un déficit primario del 0,6% del PIB acumulado en el primer cuatrimestre la posibilidad de alcanzar un rojo de 1,9% del PIB en 2023 (si es que no se modifica con la reconfiguración del programa) resulta sumamente desafiante. Sin embargo, aun recalibrando la meta el interrogante radicará en la disponibilidad de financiamiento para cubrir ese mayor bache. En un caso extremo, sin financiamiento no hay déficit.
Por un lado, el historial crediticio de Argentina y la inestabilidad macroeconómica actual, junto con la dinámica esperada para las cuentas públicas y las Reservas Internacionales funcionan como combustible para un Riesgo País sumamente elevado que le prohíbe financiarse en el mercado de deuda externa al Gobierno.
De esta manera, con una asistencia monetaria directa limitada por el acuerdo con el FMI (como así también por el límite establecido por la Carta Orgánica del BCRA), el mercado de deuda local se sitúa como el principal sostén del programa financiero del Gobierno. Por esta razón, el BCRA se ve obligado a intervenir en el mercado secundario para facilitar el financiamiento del Tesoro en las licitaciones y evitar un nuevo episodio de inestabilidad como el evidenciado a mediados del 2022.
En conclusión, la fragilidad que expone el actual esquema de política económica y la incertidumbre financiera típica de los procesos electorales limitan los posibles desvíos expansivos en materia fiscal, al margen del acuerdo con el FMI: la elevada dependencia del Tesoro del mercado de deuda en pesos obligará al Gobierno a reencauzar el sendero hacia la consolidación fiscal para mantener acotadas las necesidades de financiamiento.
Esto implicará necesariamente acelerar el ajuste en el gasto público, donde será clave la profundización de la segmentación tarifaria y la contención del gasto social pese al deterioro continuo de los ingresos. En pocas palabras, las cuentas públicas deberán someterse a una “cirugía fiscal” en la cual cada recorte del Gasto tendrá sus costos asociados, una tarea nada sencilla de lograr en un año electoral.
