El anuncio de los recortes al gasto público colocó un rictus de tensión en los rostros de los hombres más adeptos a de la Rúa. Tensión que no logró disminuir la afirmación presidencial con respecto a que las medidas serían transitorias y abrirían el paso a la reactivación de la economía y a un esfuerzo para resolver los problemas sociales.
Todos los escalafones de la administración pública, desde el Presidente para abajo, los empleados del Congreso, las fuerzas armadas y de seguridad y la Policía Federal, además de los trabajadores bancarios de la red estatal, estaban comprendidos en un recorte de sueldos a partir de $ 1.000 mensuales.
Las voces críticas trascendían al periodismo desde los círculos más allegados a la Presidencia. El costo social de las medidas preocupaba a exponentes del poder, como el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro del Interior, Federico Storani. Incluso hombres de probada militancia radical como Raúl Alfonsín, Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno no se habían privado de expresar su renuencia a aceptar en pleno las recetas del FMI.
Advertían que habría consecuencias negativas en los sectores más desguarnecidos de la sociedad, en la universidad , en la Iglesia Católica, cuyo Pontífice reclama el perdón o la disminución de la deuda para los países del Tercer Mundo, en los gobernadores del justicialismo, y en el sindicalismo.
Carlos Ruckauf se había adelantado a realizar una movida audaz. Ese sábado se opuso al recorte de salarios y reiteró que él no tomaría una medida similar con los empleados de la provincia de Buenos Aires. Dio un paso más allá: propuso la apertura de un gran debate para considerar las siguientes medidas
1) Bajar las tasas de interés.
2) Reducir los impuestos nacionales y provinciales.
3) Establecer las bases para renegociar la deuda externa.
4) Reactivar la economía a partir de esas bases mínimas.
El anuncio de los recortes al gasto público colocó un rictus de tensión en los rostros de los hombres más adeptos a de la Rúa. Tensión que no logró disminuir la afirmación presidencial con respecto a que las medidas serían transitorias y abrirían el paso a la reactivación de la economía y a un esfuerzo para resolver los problemas sociales.
Todos los escalafones de la administración pública, desde el Presidente para abajo, los empleados del Congreso, las fuerzas armadas y de seguridad y la Policía Federal, además de los trabajadores bancarios de la red estatal, estaban comprendidos en un recorte de sueldos a partir de $ 1.000 mensuales.
Las voces críticas trascendían al periodismo desde los círculos más allegados a la Presidencia. El costo social de las medidas preocupaba a exponentes del poder, como el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro del Interior, Federico Storani. Incluso hombres de probada militancia radical como Raúl Alfonsín, Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno no se habían privado de expresar su renuencia a aceptar en pleno las recetas del FMI.
Advertían que habría consecuencias negativas en los sectores más desguarnecidos de la sociedad, en la universidad , en la Iglesia Católica, cuyo Pontífice reclama el perdón o la disminución de la deuda para los países del Tercer Mundo, en los gobernadores del justicialismo, y en el sindicalismo.
Carlos Ruckauf se había adelantado a realizar una movida audaz. Ese sábado se opuso al recorte de salarios y reiteró que él no tomaría una medida similar con los empleados de la provincia de Buenos Aires. Dio un paso más allá: propuso la apertura de un gran debate para considerar las siguientes medidas
1) Bajar las tasas de interés.
2) Reducir los impuestos nacionales y provinciales.
3) Establecer las bases para renegociar la deuda externa.
4) Reactivar la economía a partir de esas bases mínimas.
