Carolina Schuff, economista coordinadora de Análisis Sectorial de abeeb.com., señala que el impacto de los acuerdos difiere según cada provincia, algunas tienen tarifas muy atrasadas, por lo que se sumarían nuevas distorsiones para las empresas prestadoras. Y, de hecho, algunas registran pérdidas, han frenado sus inversiones en la redes de distribución y enfrentan una situación financiera endeble que genera el impago de la energía adquirida a CAMMESA.
El Gobierno sigue la misma línea de la última década: separar los incentivos a la inversión del costo real de prestación del servicio.
Con el “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la República Argentina”, el Ministerio de Planificación busca limitar posibles aumentos en las tarifas finales que pagan los consumidores de forma diferente en cada provincia, ante una eventual quita de los subsidios a la energía mayorista (precio estacional) al que CAMMESA vende a las distribuidoras.
Hasta ahora 21 provincias han comprometido su adhesión. Pero lo que en principio parece una medida apropiada, una vez que se evalúa queda claro que se trata de una nueva distorsión para un sector cargado de inconvenientes.
El acuerdo consiste en congelar los cuadros tarifarios por el plazo de un año, dejando como último cuadro vigente el correspondiente al 31/12/2013, a cambio del desembolso de fondos para inversión en infraestructura eléctrica.
A diferencia del precio estacional, que es fijado por la Secretaría de Energía por medio de resolución, la determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD) – ítem que remunera los costos operativos y rentabilidad de las distribuidoras – es potestad de cada jurisdicción provincial, lo que explica que por qué Nación está impulsando estos acuerdos.
De esta manera, el impacto del acuerdo difiere según cada provincia. En algunas jurisdicciones se han registrado sucesivos incrementos en el VAD durante los últimos años, de manera que un congelamiento tarifario a cambio de inversiones puede ser llevado adelante sin generar mayores distorsiones.
Pero, por el otro lado, existen provincias cuyos esquemas tarifarios se encuentran fuertemente atrasados, por lo que este acuerdo no haría más que sumar nuevas distorsiones y mayores inconvenientes a las empresas prestadoras.
De hecho, algunas empresas han registrado pérdidas y no sólo han frenado sus inversiones para mejorar sus redes de distribución, sino que también enfrentan una situación financiera endeble que ha generado el impago de la energía adquirida a CAMMESA. Este es el caso de las distribuidoras del AMBA, que por ahora no estuvieron alcanzadas por los acuerdos.
Hasta ahora no se ha difundido el plan de convergencia, si no sólo el compromiso de congelamiento.
El Programa analizado, tal cual se lo conoce hasta el momento, sólo refiere al congelamiento tarifario en las provincias que lo suscriben, pero esto no implica en sí misma una medida capaz de llevar adelante una convergencia de los cuadros tarifarios en todo el país.
Por otra parte, los acuerdos impulsados tienen la desventaja de separar la financiación de la inversión de la gestión del servicio público, lo que sigue la misma línea utilizada durante la última década en cuanto a separar los incentivos a la inversión del costo real de prestación del servicio.
Es decir, que en vez de otorgar señales de inversión al sector privado, se acentúa la dependencia de la caja pública.
