Transportistas analizan medidas de protesta
Las cámaras estudiarán cómo hacer frente a la rebaja del boleto. El gobierno insiste en problemas de comunicación. Una traba burocrática frenó la decisión de la justicia sobre el aumento en trenes y subtes.
Mientras un sector de los empresarios del transporte automotor confirmó hoy (lunes 11) que comenzó a analizar las medidas que adoptarán para protestar contra la anulación de los aumentos en los boletos de colectivos, el Gobierno volvió a sostener que hubo un “grave error de comunicación” que impidió la comprensión de la forma en que se dispuso el incremento.
El vocero presidencial, Ricardo Otuni, dijo esta mañana en la Casa de Gobierno que “por un gravísimo error de comunicación se ha entendido que el Gobierno aumentaba el precio de los pasajes, cuando en realidad se estuvo nueve meses negociando para bajarlos respecto a lo que había quedado establecido en el gobierno anterior”.
En tanto, el titular de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), Héctor Tilve, aseguró que, pese al malestar que presenta el sector, por el momento no está definida la realización de una medida de fuerza, y adelantó que “hoy nos vamos a reunir” las cámaras del transporte para “ver que medidas tenemos que tomar”.
Anteriormente, las cámaras habían anunciado que podrían decidir el cese de los servicios nocturnos, suspender los trayectos que se consideran no rentables por la cantidad de pasajeros transportados, o directamente un lock out patronal por algunas horas.
Asimismo, Tilve aseguró que el sector padece un déficit tarifario de 28% y que en ese marco, “el boleto mínimo debería costar $ 0,90”.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, respondió esta mañana a las declaraciones efectuadas por Tilve y advirtió que “no vamos a aceptar” que los empresarios del transporte “arbitrariamente intenten vulnerar los derechos de los usuarios”.
Con respecto al cuestionamiento de Tilve, quien además lamentó que la defensoría del pueblo no hubiera denunciado a la justicia los constantes aumentos de colectivos que afectaron al sector, “con la misma diligencia” que exhibieron para frenar el incremento en el precio de los boletos, Mondino dijo que en realidad lo que él denunció no fue un tema relativo a costos, sino “al mencanismo” que se utilizó, que a su entender, no cumplió con varios requisitos legales, entre ellos la convocatoria a una audiencia pública para conocer la opinión también de los consumidores.
Por otra parte, un procedimiento burocrático contemplado en la Ley de Emergencia Económica frenó hoy la posibilidad de que la Justicia en lo Penal Económico tomara una decisión respecto de los aumentos en el precio de los pasajes de trenes y subtes.
El juez Osvaldo Guglielmino, quien tiene a estudio una presentación formulada la semana pasada por Mondino, debe espera que se cumpla un trámite formal por el cual la Procuración del Tesoro debe notificarse de la existencia de una causa en su contra.
El miércoles de la semana pasada, a poco de presentada la denuncia, el juez decidió dar vistas a la fiscal Laura Labarthe, quien entendió que faltaba el paso previo para entender en el trámite, cual es la notificación a la Procuración.
Ese paso está contemplado en el artículo octavo de la Ley de Emergencia Económica y está sujeto a una cuestión de interpretación, ya que –según afirmaron fuentes judiciales– Guglielmino entendió que por tratarse de un recurso de amparo con pedido de medida cautelar, no era necesario cumplir con ese trámite.
Mientras un sector de los empresarios del transporte automotor confirmó hoy (lunes 11) que comenzó a analizar las medidas que adoptarán para protestar contra la anulación de los aumentos en los boletos de colectivos, el Gobierno volvió a sostener que hubo un “grave error de comunicación” que impidió la comprensión de la forma en que se dispuso el incremento.
El vocero presidencial, Ricardo Otuni, dijo esta mañana en la Casa de Gobierno que “por un gravísimo error de comunicación se ha entendido que el Gobierno aumentaba el precio de los pasajes, cuando en realidad se estuvo nueve meses negociando para bajarlos respecto a lo que había quedado establecido en el gobierno anterior”.
En tanto, el titular de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), Héctor Tilve, aseguró que, pese al malestar que presenta el sector, por el momento no está definida la realización de una medida de fuerza, y adelantó que “hoy nos vamos a reunir” las cámaras del transporte para “ver que medidas tenemos que tomar”.
Anteriormente, las cámaras habían anunciado que podrían decidir el cese de los servicios nocturnos, suspender los trayectos que se consideran no rentables por la cantidad de pasajeros transportados, o directamente un lock out patronal por algunas horas.
Asimismo, Tilve aseguró que el sector padece un déficit tarifario de 28% y que en ese marco, “el boleto mínimo debería costar $ 0,90”.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, respondió esta mañana a las declaraciones efectuadas por Tilve y advirtió que “no vamos a aceptar” que los empresarios del transporte “arbitrariamente intenten vulnerar los derechos de los usuarios”.
Con respecto al cuestionamiento de Tilve, quien además lamentó que la defensoría del pueblo no hubiera denunciado a la justicia los constantes aumentos de colectivos que afectaron al sector, “con la misma diligencia” que exhibieron para frenar el incremento en el precio de los boletos, Mondino dijo que en realidad lo que él denunció no fue un tema relativo a costos, sino “al mencanismo” que se utilizó, que a su entender, no cumplió con varios requisitos legales, entre ellos la convocatoria a una audiencia pública para conocer la opinión también de los consumidores.
Por otra parte, un procedimiento burocrático contemplado en la Ley de Emergencia Económica frenó hoy la posibilidad de que la Justicia en lo Penal Económico tomara una decisión respecto de los aumentos en el precio de los pasajes de trenes y subtes.
El juez Osvaldo Guglielmino, quien tiene a estudio una presentación formulada la semana pasada por Mondino, debe espera que se cumpla un trámite formal por el cual la Procuración del Tesoro debe notificarse de la existencia de una causa en su contra.
El miércoles de la semana pasada, a poco de presentada la denuncia, el juez decidió dar vistas a la fiscal Laura Labarthe, quien entendió que faltaba el paso previo para entender en el trámite, cual es la notificación a la Procuración.
Ese paso está contemplado en el artículo octavo de la Ley de Emergencia Económica y está sujeto a una cuestión de interpretación, ya que –según afirmaron fuentes judiciales– Guglielmino entendió que por tratarse de un recurso de amparo con pedido de medida cautelar, no era necesario cumplir con ese trámite.
