Tangentopoli II: conversaciones interceptadas y gente en apuros
Giuseppe Valentino, ministro de Justicia, era un topo de Stefano Ricucci y Giampiero Fiorani. Pasaba datos reservados a gente bajo proceso. Esto queda claro en las conversaciones telefónicas publicadas en varios medios. Fazio lo sabía.
Aparte de miembro del gabinete, Valentino es diputado y subsecretario general de Azione nazionale, partido neofascista de Gianfranco Fini e integrante de la coalición que sostiene al primer ministro Silvio Berlusconi. Según confesó el propio Fiorani ante la fiscalía romana, Valentino le transmitía a Ricucci –un especulador inmobiliario- conversaciones telefónicas con Antonio Fazio y otros implicados en las investigaciones.
Esas minutas revelan, por ejemplo, un pacto entre Emilio Gnutti, especulador en bienes raíces, con Giovanni Consorte (Unipol) sobre maniobras para apoderarse de Banca Nazionale del Lavoro. También aportan datos sobre operaciones poco claras en torno de Telecom Italia y la complicidad de Fiorani mismo. Ahora lo indagan a Ricucci como imputado en ambas causas, junto con el juez Giulio Castellano, contacto informal de Consorte.
Tampoco la oposición queda libre de pecado. Por ejemplo, Massimo d’Alema (antecesor de Berlusconi) tenía una cuenta en la sucursal romana
de Banca Popolare Italiana (ex Lodi). O sea, el feudo de Fiorani y su banda, hasta que la ofensiva judicial lo obligó a renunciar.
D’Alema ofreció una explicación: usaba la cuenta para pagar el alquiler con opción de compra (“leasing”) de una barca. Era, casi, una nota de color. Pero no tanto como la insistencia del dimitente Fazio (banco central) y su combativa esposa sobre “intrigas de la masonería vasca que controla al BBVA”, ex rival de la aseguradora Unipol por BNL. La dama trata ahora de conseguirle un cargo al marido en la burocracia vaticana, para substraerlo a la justicia.
Mientras, el caso “Tangentopoli II” se pone espeso en otro campo: los denodados esfuerzos de Consorte para quedarse con BNL. Salvo la filial argentina, que tiene su propio culebrón y una historia que deriva de un colapso tan turbio como el del Banco de Italia y Río de la Plata, que involucraba a otro caballero con “altar ambulatorio” en su residencia.
La policía federal italiana (anacrónicamente llamada “guardia di finanza”) sigue profundizando indagaciones a pedido de la justicia. Sus alcances abarcan allanamientos en oficinas del banco central y secuestro de documentos hallados en Unipol misma. Al mismo tiempo, la caída de Fazio ha congelado el intento de compra hostil sobre BNL.
En otro frente, el consejo de ministros llegó a rápido acuerdo para reformar normas de Banca d’Italia. En particular, el mecanismo para nombramiento de presidente y los límites de su gestión. Merced a tres enmiendas ejecutivas –que deberán examinar el senado italiano y el Banco Central Europeo-, se proponen seis años de mandato, en consonancia con lo sugerido por el presidente de la república, Carlo Azeglio Ciampi.
Aparte de miembro del gabinete, Valentino es diputado y subsecretario general de Azione nazionale, partido neofascista de Gianfranco Fini e integrante de la coalición que sostiene al primer ministro Silvio Berlusconi. Según confesó el propio Fiorani ante la fiscalía romana, Valentino le transmitía a Ricucci –un especulador inmobiliario- conversaciones telefónicas con Antonio Fazio y otros implicados en las investigaciones.
Esas minutas revelan, por ejemplo, un pacto entre Emilio Gnutti, especulador en bienes raíces, con Giovanni Consorte (Unipol) sobre maniobras para apoderarse de Banca Nazionale del Lavoro. También aportan datos sobre operaciones poco claras en torno de Telecom Italia y la complicidad de Fiorani mismo. Ahora lo indagan a Ricucci como imputado en ambas causas, junto con el juez Giulio Castellano, contacto informal de Consorte.
Tampoco la oposición queda libre de pecado. Por ejemplo, Massimo d’Alema (antecesor de Berlusconi) tenía una cuenta en la sucursal romana
de Banca Popolare Italiana (ex Lodi). O sea, el feudo de Fiorani y su banda, hasta que la ofensiva judicial lo obligó a renunciar.
D’Alema ofreció una explicación: usaba la cuenta para pagar el alquiler con opción de compra (“leasing”) de una barca. Era, casi, una nota de color. Pero no tanto como la insistencia del dimitente Fazio (banco central) y su combativa esposa sobre “intrigas de la masonería vasca que controla al BBVA”, ex rival de la aseguradora Unipol por BNL. La dama trata ahora de conseguirle un cargo al marido en la burocracia vaticana, para substraerlo a la justicia.
Mientras, el caso “Tangentopoli II” se pone espeso en otro campo: los denodados esfuerzos de Consorte para quedarse con BNL. Salvo la filial argentina, que tiene su propio culebrón y una historia que deriva de un colapso tan turbio como el del Banco de Italia y Río de la Plata, que involucraba a otro caballero con “altar ambulatorio” en su residencia.
La policía federal italiana (anacrónicamente llamada “guardia di finanza”) sigue profundizando indagaciones a pedido de la justicia. Sus alcances abarcan allanamientos en oficinas del banco central y secuestro de documentos hallados en Unipol misma. Al mismo tiempo, la caída de Fazio ha congelado el intento de compra hostil sobre BNL.
En otro frente, el consejo de ministros llegó a rápido acuerdo para reformar normas de Banca d’Italia. En particular, el mecanismo para nombramiento de presidente y los límites de su gestión. Merced a tres enmiendas ejecutivas –que deberán examinar el senado italiano y el Banco Central Europeo-, se proponen seis años de mandato, en consonancia con lo sugerido por el presidente de la república, Carlo Azeglio Ciampi.
