Siguiendo el ahora desprestigiado ejemplo del Fondo Monetario Internacional, en los últimos meses S&P y, en menor grado, Moody’s Investor Service y Fitch, han estado difundiendo evaluaciones sobre Italia, Alemania y otras economías tipo “primer mundo” teñidas de intencionalidad política o hasta ideológica. Las reacciones locales no se han hecho esperar.
“La agencias calificadoras no son tribunales políticos”, afirman a coro columnistas y medios en la Unión Europea (salvo Gran Bretaña), aun en países todavía no afectados por informes negativos. La piedra de escándalo fue un análisis particularmente hostil a Italia, una economía cuyos problemas, es cierto, se agravan a causa de un gobierno –el de Silvio Berlusconi- plagado de corruptelas, favoritismo y negocios turbios.
Pero S&P se pasó de rosca, afirmando que “la insuficiencia de reformas, especialmente en legislación electoral, obliga a preguntarse por qué Italia no renueva su clase dirigente”. Era demasiado. “Ese tipo de cambios suele sobrevenir después de hechos traumáticos, un extremo que –se supone- S&P no auspicia”, replicó el columnista liberal Sergio Romano. Sin negar que “hay una tendencia en el exterior a opinar sobre nuestros asuntos políticos”,
Así ocurre con dos medios peculiarmente hostiles a Roma y Berlín, el semanario “Economist” y el periódico “Financial Times”. Ambos son voceros informales del Banco de Inglaterra y la bolsa londinense, pero también de la alta burocracia enquistada en el FMI. La feroz campaña del FT contra el canje de deuda argentina, que no reparó en mentiras lisas y llanas, es un caso ya clásico.
“S&P y varias publicaciones anglosajonas ligadas a intereses privados se dedican a pontificar sobre muchos países con cuyos gobiernos no coinciden”, señala el diario alemán “Die Welt”. Pero, como advierte nadie menos que Romano Prodi, rival izquierdista de Berlusconi, “las calificadores deben atenerse a sus funciones naturales, por las que cobran bien a sus clientes”.
En verdad, amén de S&P, Moody’s y, algo por detrás, Fitch, existen más de cincuenta entidades de su tipo, por lo común especializadas. La más antigua es precisamente la primera, fundada en 1860 –como firma de informes comerciales- por Henry Barnum Poor, primo de quien manejaba el mayor circo del mundo. Pero la firma recién adquiere relevancia internacional a principios del siglo XX, mientras remonta vuelto el capitalismo norteamericano.
En cierto modo, fue una revolución en materia de management y prácticas contables. S&P y luego Moody’s contribuyeron a imponer normas en defensa de inversores y clientes del sistema financiero (ahora les dicen “consumidores”, todo un dislate). ¿Cuál era el enemigo de las nacientes calificadoras? Pues “los barones con fauces de acero”, como Alfred Marshall definìa en 1896 a los banqueros y grandes empresarios estadounidenses. Era una ironía alusiva a los “barones del robo”, que se lanzaron a saquear la ex Confederación tras la victoria del Norte en la guerra de Secesión (1861/5).
“El inversor tiene derecho a saber”, fue el lema fundacional de S&P. Hoy, la agencia tiene 1.200 analistas, 21 filiales y, parece, menos escrúpulos políticos. Pero eso implica una “capitis diminutio”, pues sus evaluaciones pueden perder solidez y crédito. “Estas agencias –reflexiona Romano- no pueden constituirse en tribunales políticos ni ideológicos. Al inmiscuirse en la gobernabilidad de Italia, Alemania o Rusia, ingresan a un campo donde su idoneidad queda en tela de juicio”.
Al respecto, cabe recordar que, mientras Enron o WorldCom se venían abajo entre fraudes y falsos balances, las grandes calificadoras no abrieron la boca hasta que fue tarde. En tren de hacer polìtica, tampoco parecieron notar las verdades intenciones de Vladyímir Putin respectro de gigantes privados como Yukos.
Siguiendo el ahora desprestigiado ejemplo del Fondo Monetario Internacional, en los últimos meses S&P y, en menor grado, Moody’s Investor Service y Fitch, han estado difundiendo evaluaciones sobre Italia, Alemania y otras economías tipo “primer mundo” teñidas de intencionalidad política o hasta ideológica. Las reacciones locales no se han hecho esperar.
“La agencias calificadoras no son tribunales políticos”, afirman a coro columnistas y medios en la Unión Europea (salvo Gran Bretaña), aun en países todavía no afectados por informes negativos. La piedra de escándalo fue un análisis particularmente hostil a Italia, una economía cuyos problemas, es cierto, se agravan a causa de un gobierno –el de Silvio Berlusconi- plagado de corruptelas, favoritismo y negocios turbios.
Pero S&P se pasó de rosca, afirmando que “la insuficiencia de reformas, especialmente en legislación electoral, obliga a preguntarse por qué Italia no renueva su clase dirigente”. Era demasiado. “Ese tipo de cambios suele sobrevenir después de hechos traumáticos, un extremo que –se supone- S&P no auspicia”, replicó el columnista liberal Sergio Romano. Sin negar que “hay una tendencia en el exterior a opinar sobre nuestros asuntos políticos”,
Así ocurre con dos medios peculiarmente hostiles a Roma y Berlín, el semanario “Economist” y el periódico “Financial Times”. Ambos son voceros informales del Banco de Inglaterra y la bolsa londinense, pero también de la alta burocracia enquistada en el FMI. La feroz campaña del FT contra el canje de deuda argentina, que no reparó en mentiras lisas y llanas, es un caso ya clásico.
“S&P y varias publicaciones anglosajonas ligadas a intereses privados se dedican a pontificar sobre muchos países con cuyos gobiernos no coinciden”, señala el diario alemán “Die Welt”. Pero, como advierte nadie menos que Romano Prodi, rival izquierdista de Berlusconi, “las calificadores deben atenerse a sus funciones naturales, por las que cobran bien a sus clientes”.
En verdad, amén de S&P, Moody’s y, algo por detrás, Fitch, existen más de cincuenta entidades de su tipo, por lo común especializadas. La más antigua es precisamente la primera, fundada en 1860 –como firma de informes comerciales- por Henry Barnum Poor, primo de quien manejaba el mayor circo del mundo. Pero la firma recién adquiere relevancia internacional a principios del siglo XX, mientras remonta vuelto el capitalismo norteamericano.
En cierto modo, fue una revolución en materia de management y prácticas contables. S&P y luego Moody’s contribuyeron a imponer normas en defensa de inversores y clientes del sistema financiero (ahora les dicen “consumidores”, todo un dislate). ¿Cuál era el enemigo de las nacientes calificadoras? Pues “los barones con fauces de acero”, como Alfred Marshall definìa en 1896 a los banqueros y grandes empresarios estadounidenses. Era una ironía alusiva a los “barones del robo”, que se lanzaron a saquear la ex Confederación tras la victoria del Norte en la guerra de Secesión (1861/5).
“El inversor tiene derecho a saber”, fue el lema fundacional de S&P. Hoy, la agencia tiene 1.200 analistas, 21 filiales y, parece, menos escrúpulos políticos. Pero eso implica una “capitis diminutio”, pues sus evaluaciones pueden perder solidez y crédito. “Estas agencias –reflexiona Romano- no pueden constituirse en tribunales políticos ni ideológicos. Al inmiscuirse en la gobernabilidad de Italia, Alemania o Rusia, ingresan a un campo donde su idoneidad queda en tela de juicio”.
Al respecto, cabe recordar que, mientras Enron o WorldCom se venían abajo entre fraudes y falsos balances, las grandes calificadoras no abrieron la boca hasta que fue tarde. En tren de hacer polìtica, tampoco parecieron notar las verdades intenciones de Vladyímir Putin respectro de gigantes privados como Yukos.
