Para ofrecer a la gente la oportunidad de contar con empleos que le permitan ser artífices de su propio progreso, es necesario multiplicar las inversiones, mejorar la calidad de la educación y modernizar las instituciones laborales, extrae como conclusión del último reporte el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).
El 1° de mayo se celebró el día del trabajador. La fecha conmemora los hechos de 1886 cuando un grupo de obreros fue ejecutado en Estados Unidos en reprimenda por su lucha para limitar la jornada de trabajo.
En esos tiempos, algunos países principalmente europeos sancionaron normas similares sobre otros aspectos del trabajo, además de la extensión de la jornada, que fueron configurando lo que actualmente se conoce como el derecho del trabajo y de la seguridad social.
El Día del Trabajador también es una fecha propicia para recordar quela eficacia de las normas laborales consiste en que las personas tengan la oportunidad de acceder a empleos formales.
Si el aparato productivo genera empleos de calidad en número insuficiente para la cantidad de personas en edad de trabajar, el derecho al trabajo se convierte en una declamación y el rol protectorio de la legislación laboral se debilita.
De aquí la relevancia de evaluar la situación laboral de las personas en edad activa de la Argentina. Esto es, la situación de las personas entre 16 y 59 años de edad en el caso de las mujeres y 64 años de edad en el caso de los varones.
Según datos oficiales del INDEC referidos a grandes centros urbanos, para el año 2014 aparece que:
- El 21% es asalariado registrado en el sector privado.
- El 43% tiene otro tipo de ocupación, comprendiendo empleo público, trabajo asalariado no registrado, servicio doméstico y trabajo autónomo.
- El 31% lo constituyen inactivos, es decir personas que no trabajan ni buscan trabajo, y el 5% no trabaja pero declara estar buscando activamente un trabajo.
Estos datos muestran que más de un tercio de las personas en edad de trabajar no lo hacen, ya que optan por la inactividad o buscan un empleo pero no lo consiguen.
A esto se suma una proporción aún más grande que ocupa puestos de trabajo que en su mayoría son de bajos niveles de productividad, como ocurre con el empleo público redundante y gran parte del trabajo autónomo no profesional, servicio doméstico y empleo asalariado informal.
Como conclusión queda que apenas 1 de cada 5 personas en edad de trabajar tiene un empleo asalariado registrado en una empresa privada.
Que tan sólo un quinto de la fuerza de trabajo tenga una ocupación de calidad desnuda las restricciones estructurales para entablar un proceso sostenido de desarrollo social implica que la gran mayoría de las personas en edad de trabajar no aporta al proceso productivo o lo hace de manera muy limitada. También que se le cercenan las oportunidades de ser artífices de su progreso en función de su propio esfuerzo en una ocupación productiva.
La experiencia de los países avanzados demuestra que no hay posibilidades de promover un proceso de inclusión social sin que medien altos niveles de participación laboral motorizados por la masiva generación de empleos en el sector privado formal. Se trata del principal déficit social que sufre la Argentina.
Es cierto que hasta 2008 el empleo privado formal creció mucho, pero lo hizo sobre bases endebles ya que se fundó básicamente en la licuación de salarios reales provocada en 2002.
Cuando los salarios recuperaron el nivel previo a la megadevaluación, el proceso de creación de empleos privados formales se aletargó y, más recientemente, se estancó.
La contrapartida es el aumento de la inactividad laboral, el cuentapropismo y el empleo público. Son síntomas de los déficits del mercado laboral que nunca se abordaron.
La principal lección que deja la década que pasa es que para generar masivamente empleos de calidad no alcanza con apelar a la simple receta de devaluar.
Si bien la consistencia cambiaria es importante, mucho más relevante (y complejo) es generar las condiciones de base para potenciar la inversión privada, transformar la organización del sistema educativo a fin de reducir la deserción escolar y aumentar el nivel de conocimientos de los alumnos, y modernizar las instituciones laborales.
En otras palabras, crear y proteger las condiciones propicias para multiplicar los empleos de alta productividad.
Situación laboral de la población en edad de trabajar
16 a 59 años mujeres y 64 varones
