Sigue la violencia en San Pablo, pero ahora asoma en Méjico
En ambos casos, el horizonte político es el mismo: una campaña electoral donde los contendientes principales del oficialismo controlan las dos ciudades mayores del país. Eso promueve un clima de guerra a varias puntas, en Brasil y en México.
Por supuesto, la situación creada por el “primer comando de la capital” es la más dura. El PCC es una coordinadora del crimen organizando. En esencia, reúne capitostes del narcotráfico, el tráfico de armas -con presumible complicidad de policías corruptos-, el secuestro y el robo en gran escala. Manejada desde el interior de noventa cárceles (en un área similar al del Gran Buenos Aires hasta el segundo cordón), su actual CEO es Marcos Camacho (a) Marcola.
Las operaciones del PCC en la ciudad y el estado paulistas pueden llevar a una “guerra fría”, tan oportunista como electoral, entre el partido Travalhista (laborista) -que gobierna el país- y el partido da Social-democrácia Brasilenha (PSDB) , que controla San Pablo. De hecho, su candidato presidencial, Geraldo Alckmin, fue hasta hace poco gobernador del estado.
Según la constitución brasileña, los estados tienen atribuciones más parecidas a las de sus equivalentes norteamericanos que a las de provincias argentinas. Por ende, Alckmin y su sucesor manejan la seguridad del estado, sistema carcelario inclusive.
El dilema es claro: los estragos de la crisis empiezan a hacerse sentir en los sondeos de opinión y en la figura del candidato opuesto a Luiz Inácio (Lula) de Silva, hasta hace pocos días muy castigado por varios escándalos. Pero tampoco la posición laborista es cómoda, porque explotar lo de San Pablo en forma desembozadamente electoralista podría ser un tiro por la culata. Este clima oportunista explica que los “tucanos” (gente del PSDB) no quieran aceptar una oferta de Brasília: fuerzas militares y de gendarmeria para asegurar el orden en la ciudad.
Por de pronto, Alckmin no se decide a abrir la campaña. Sabe que, de una forma u otra, Lula y los laboristas están dispuestos a llevar el debate sobre seguridad pública al ruedo electoral. Pero buscan un punto de equilibrio: cuestionar las vulnerabilidades en la gestión paulista de Alckmin, sin aprovechar en forma ostensible la presente ola de violencia. Lo malo es que, en el Brasil urbano, los hechos de San Paulo carecen de precedentes.
Entre otras cosas, porque la misma policía de gatillo fácil que ha aportado bastante a los 300 muertos registrados del sábado al miércoles (según fuentes no oficiales), es la misma que vende armas pesadas a las bandas más fuertes de la ciudad y alrededores. Exactamente los mismo que sucede en Río de Janeiro, donde las villas miseria cumplen el papel unificador de la cárceles paulistas y tienen su propia coordinadora.
Como decían algunos operadores bursátiles, “la magia de los celulares y su tecnología son herramientas perfectas para dirigir, desde un presidio, todo tipo de negocios sucios y estos ataques en gran escala”. No obstante, a criterio de analistas económicos y financieros, “pactar con el PCC es como si George W.Bush lo hiciera con al Qa’eda. El PCC no es un estado, ni siquiera una guerrilla tipo vietnamita o zapatista, y tratarlo como si lo fuera marca un alarmante deterioro del sistema y sus leyes”.
Casi por casualidad, la patria de los zapatistas muestra síntomas de violencia sin control en vísperas electorales. Sólo que con un ingrediente externos: la dureza de la política migratoria puesta en evidencia por Estados Unidos. En un contexto similar a los de Brasil y Méjico: elecciones, en su caso parlamentarias. Pero en una coyuntura donde la imagen pública de Bush es desastrosa y una política inmigratoria rígida puede usarse para recobrar votos conservadores.
Para comenzar, diversas encuestas difundidas desde principios de mayo trasuntan, en el público mejicano, temores de que el gobierno pierda el control político y de seguridad. Esto deteriora la base del voto oficialista y beneficia a la izquierda. Faltando un mes para comicios presidenciales, entretanto, se producen disturbios en varios puntos del país.
No son pocos quienes les endilgan debilidad a Vicente Fox y su partido de Acción Nacional (PAN), otrora estrellas de la derecha latinoamericana y los mercados. Por supuesto, la nueva situación favorece al viejo partido Revolucionario Institucional (PRI, cuyo candidato es Felipe Calderón) y a su desprendimiento, encabezado por Andrés M.López Obrador, alcalde de México DF.
En ese país, la violencia ha sido desatada, como ya sucediera antes, por grandes enfrentamientos entre bandas de traficantes. En general, los mejicanos creen que éstas, a su vez, reciben apoyo y armas de policías corruptos. En varias ciudades del norte, en efecto, las batallas campales son frecuentes y se producen asesinatos casi a diario.
En el mejor estilo mafioso, tiempo atrás cuatro narcos cayeron en tiroteos. Poco después, las cabezas de los dos policías que habían liquidado a los traficantes aparecieron clavadas contra la pared de una comisaría. “Para que aprendan a tener respeto”, decía una inscripción.
Por supuesto, la situación creada por el “primer comando de la capital” es la más dura. El PCC es una coordinadora del crimen organizando. En esencia, reúne capitostes del narcotráfico, el tráfico de armas -con presumible complicidad de policías corruptos-, el secuestro y el robo en gran escala. Manejada desde el interior de noventa cárceles (en un área similar al del Gran Buenos Aires hasta el segundo cordón), su actual CEO es Marcos Camacho (a) Marcola.
Las operaciones del PCC en la ciudad y el estado paulistas pueden llevar a una “guerra fría”, tan oportunista como electoral, entre el partido Travalhista (laborista) -que gobierna el país- y el partido da Social-democrácia Brasilenha (PSDB) , que controla San Pablo. De hecho, su candidato presidencial, Geraldo Alckmin, fue hasta hace poco gobernador del estado.
Según la constitución brasileña, los estados tienen atribuciones más parecidas a las de sus equivalentes norteamericanos que a las de provincias argentinas. Por ende, Alckmin y su sucesor manejan la seguridad del estado, sistema carcelario inclusive.
El dilema es claro: los estragos de la crisis empiezan a hacerse sentir en los sondeos de opinión y en la figura del candidato opuesto a Luiz Inácio (Lula) de Silva, hasta hace pocos días muy castigado por varios escándalos. Pero tampoco la posición laborista es cómoda, porque explotar lo de San Pablo en forma desembozadamente electoralista podría ser un tiro por la culata. Este clima oportunista explica que los “tucanos” (gente del PSDB) no quieran aceptar una oferta de Brasília: fuerzas militares y de gendarmeria para asegurar el orden en la ciudad.
Por de pronto, Alckmin no se decide a abrir la campaña. Sabe que, de una forma u otra, Lula y los laboristas están dispuestos a llevar el debate sobre seguridad pública al ruedo electoral. Pero buscan un punto de equilibrio: cuestionar las vulnerabilidades en la gestión paulista de Alckmin, sin aprovechar en forma ostensible la presente ola de violencia. Lo malo es que, en el Brasil urbano, los hechos de San Paulo carecen de precedentes.
Entre otras cosas, porque la misma policía de gatillo fácil que ha aportado bastante a los 300 muertos registrados del sábado al miércoles (según fuentes no oficiales), es la misma que vende armas pesadas a las bandas más fuertes de la ciudad y alrededores. Exactamente los mismo que sucede en Río de Janeiro, donde las villas miseria cumplen el papel unificador de la cárceles paulistas y tienen su propia coordinadora.
Como decían algunos operadores bursátiles, “la magia de los celulares y su tecnología son herramientas perfectas para dirigir, desde un presidio, todo tipo de negocios sucios y estos ataques en gran escala”. No obstante, a criterio de analistas económicos y financieros, “pactar con el PCC es como si George W.Bush lo hiciera con al Qa’eda. El PCC no es un estado, ni siquiera una guerrilla tipo vietnamita o zapatista, y tratarlo como si lo fuera marca un alarmante deterioro del sistema y sus leyes”.
Casi por casualidad, la patria de los zapatistas muestra síntomas de violencia sin control en vísperas electorales. Sólo que con un ingrediente externos: la dureza de la política migratoria puesta en evidencia por Estados Unidos. En un contexto similar a los de Brasil y Méjico: elecciones, en su caso parlamentarias. Pero en una coyuntura donde la imagen pública de Bush es desastrosa y una política inmigratoria rígida puede usarse para recobrar votos conservadores.
Para comenzar, diversas encuestas difundidas desde principios de mayo trasuntan, en el público mejicano, temores de que el gobierno pierda el control político y de seguridad. Esto deteriora la base del voto oficialista y beneficia a la izquierda. Faltando un mes para comicios presidenciales, entretanto, se producen disturbios en varios puntos del país.
No son pocos quienes les endilgan debilidad a Vicente Fox y su partido de Acción Nacional (PAN), otrora estrellas de la derecha latinoamericana y los mercados. Por supuesto, la nueva situación favorece al viejo partido Revolucionario Institucional (PRI, cuyo candidato es Felipe Calderón) y a su desprendimiento, encabezado por Andrés M.López Obrador, alcalde de México DF.
En ese país, la violencia ha sido desatada, como ya sucediera antes, por grandes enfrentamientos entre bandas de traficantes. En general, los mejicanos creen que éstas, a su vez, reciben apoyo y armas de policías corruptos. En varias ciudades del norte, en efecto, las batallas campales son frecuentes y se producen asesinatos casi a diario.
En el mejor estilo mafioso, tiempo atrás cuatro narcos cayeron en tiroteos. Poco después, las cabezas de los dos policías que habían liquidado a los traficantes aparecieron clavadas contra la pared de una comisaría. “Para que aprendan a tener respeto”, decía una inscripción.
