Senado: más movimientos
Losada, reemplaza a Raúl Galván al frente del bloque; Luis León será propuesto como vicepresidente 1º del Senado. Alvarez denuncia campaña para crear fisuras en el gobierno. Liporaci citó a Duhalde y Alfonsín.
El senador Mario Losada (UCR-Misiones) fue designado anoche como presidente del bloque radical, en reemplazo del senador Raúl Galván (UCR-La Rioja). El escándalo de los sobornos obligó al Gobierno a pedir la renuncia del riojano, que debería haber culminado su mandato en diciembre próximo. El senador Luis León (UCR-Chaco) será propuesto para ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara alta.
La relación entre los senadores de la UCR y el vicepresidente Alvarez sigue siendo –según los trascendidos–bastante tensa; los radicales están molestos porque adjudican a Alvarez la intención de “echar un manto de sospecha” sobre la Cámara. Este había acusado a sus socios de la Alianza de “pertenecer a la corporación” de la Cámara alta y de encarnar viejas formas de hacer política. Todo parece indicar, sin embargo, que Losada va a imprimirle al bloque un perfil conciliador. “No es amigo de Alvarez, pero tampoco lo ataca”, sintetizan sus allegados. “Tenemos que hacer un esfuerzo común porque aquí está en juego el futuro de la Alianza”—afirmó el senador por Misiones—.
Mientras tanto, a poco de negar cualquier fisura en su relación con el jefe del Estado, Fernando de la Rúa, a raíz del escándalo en el Senado, el vicepresidente Carlos Alvarez promulgó ayer la ley que restringe el efecto de los fueros parlamentarios. Por medio del decreto Nº 781, que lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y de los ministros del Interior, Federico Storani y de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, Alvarez promulgó la ley que establece que los legisladores nacionales gozarán de inmunidad de arresto, pero no de inmunidad de proceso.
Alvarez dijo que existe una presunta “campaña muy fuerte” para crear “fisuras” en su vínculo con el Presidente, mientras daba marcha atrás con su opinión de que la crisis del Senado es “institucional”: “No es una crisis institucional, es política, porque su funcionamiento es legal, pero le falta legitimidad social”—dijo—.
En la marcha de la causa, el juez federal Carlos Liporaci citó a declarar al ex presidente Raúl Alfonsín y a Eduardo Duhalde.
A Alfonsín lo interrogará sobre una supuesta reunión con el vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, y a Duhalde, cuando regrese de Europa, le preguntará sobre un encuentro que habría tenido con el senador Ramón “Palito” Ortega.
El ex presidente y titular de la UCR–Raúl Alfonsín– minimizó las expectativas sobre su declaración ante el juez Carlos Liporaci en la causa que investiga si hubo coimas en el Senado, al asegurar que tiene “muy poco” para aportar y reiteró que de comprobarse que hubo coimas, se retirará de la política.
El magistrado también avanzó ayer en su propia defensa: se presentó espontáneamente ante el Consejo de la Magistratura y entregó un escrito en el que detalla su evolución patrimonial durante los últimos cuatro años. El documento señala que Liporaci, con un sueldo neto de $ 6033 mensuales en sus tres empleos, pudo ahorrar $120.000 en cuatro años. La Comisión de Acusación de la Magistratura resolvió, por unanimidad, solicitar a la Corte Suprema de Justicia la declaración jurada que Liporaci entregó en 1996. En ámbitos tribunalicios no se descarta que el pedido del Consejo no tenga acogida favorable en el alto tribunal.
El senador Mario Losada (UCR-Misiones) fue designado anoche como presidente del bloque radical, en reemplazo del senador Raúl Galván (UCR-La Rioja). El escándalo de los sobornos obligó al Gobierno a pedir la renuncia del riojano, que debería haber culminado su mandato en diciembre próximo. El senador Luis León (UCR-Chaco) será propuesto para ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara alta.
La relación entre los senadores de la UCR y el vicepresidente Alvarez sigue siendo –según los trascendidos–bastante tensa; los radicales están molestos porque adjudican a Alvarez la intención de “echar un manto de sospecha” sobre la Cámara. Este había acusado a sus socios de la Alianza de “pertenecer a la corporación” de la Cámara alta y de encarnar viejas formas de hacer política. Todo parece indicar, sin embargo, que Losada va a imprimirle al bloque un perfil conciliador. “No es amigo de Alvarez, pero tampoco lo ataca”, sintetizan sus allegados. “Tenemos que hacer un esfuerzo común porque aquí está en juego el futuro de la Alianza”—afirmó el senador por Misiones—.
Mientras tanto, a poco de negar cualquier fisura en su relación con el jefe del Estado, Fernando de la Rúa, a raíz del escándalo en el Senado, el vicepresidente Carlos Alvarez promulgó ayer la ley que restringe el efecto de los fueros parlamentarios. Por medio del decreto Nº 781, que lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, y de los ministros del Interior, Federico Storani y de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, Alvarez promulgó la ley que establece que los legisladores nacionales gozarán de inmunidad de arresto, pero no de inmunidad de proceso.
Alvarez dijo que existe una presunta “campaña muy fuerte” para crear “fisuras” en su vínculo con el Presidente, mientras daba marcha atrás con su opinión de que la crisis del Senado es “institucional”: “No es una crisis institucional, es política, porque su funcionamiento es legal, pero le falta legitimidad social”—dijo—.
En la marcha de la causa, el juez federal Carlos Liporaci citó a declarar al ex presidente Raúl Alfonsín y a Eduardo Duhalde.
A Alfonsín lo interrogará sobre una supuesta reunión con el vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, y a Duhalde, cuando regrese de Europa, le preguntará sobre un encuentro que habría tenido con el senador Ramón “Palito” Ortega.
El ex presidente y titular de la UCR–Raúl Alfonsín– minimizó las expectativas sobre su declaración ante el juez Carlos Liporaci en la causa que investiga si hubo coimas en el Senado, al asegurar que tiene “muy poco” para aportar y reiteró que de comprobarse que hubo coimas, se retirará de la política.
El magistrado también avanzó ayer en su propia defensa: se presentó espontáneamente ante el Consejo de la Magistratura y entregó un escrito en el que detalla su evolución patrimonial durante los últimos cuatro años. El documento señala que Liporaci, con un sueldo neto de $ 6033 mensuales en sus tres empleos, pudo ahorrar $120.000 en cuatro años. La Comisión de Acusación de la Magistratura resolvió, por unanimidad, solicitar a la Corte Suprema de Justicia la declaración jurada que Liporaci entregó en 1996. En ámbitos tribunalicios no se descarta que el pedido del Consejo no tenga acogida favorable en el alto tribunal.
