Senado: crisis y paños fríos

Al cerrar la semana el Congreso sancionó tres leyes en pocas horas. Al cabo de dos sesiones que duraron 12 horas ambas cámaras – caso único en la historia del Parlamento – aprobaron la ley que dispone que los legisladores puedan ser interrogados –como sospechosos y hasta procesados– sin necesidad de abandonar su banca. Sus fueros regirán en lo sucesivo solamente para el caso eventual de un arresto.

En este caso, cuando el delito imputable implique la prisión preventiva, el juez deberá solicitar el desafuero del procesado ante la respectiva cámara, la que tendrá 180 días para expedirse. Hasta el momento no existían límites. Quince minutos después de ser votado por Diputados, el proyecto entró en el Senado donde resultó aprobado casi por unanimidad.

El recorte de las inmunidades incluye, además de los legisladores, a jueces y funcionarios públicos, incluso los de mayor jerarquía en la estructura del Estado. Jueces, ministros, miembros de la Corte, el vicepresidente y al presidente de la Nación, según interpretan los observadores, no podrán negarse en lo sucesivo a un requerimiento judicial. Al margen de la acción de la Justicia, las cámaras podrán aplicar sus normas internas, con el voto de los dos tercios, para separar a un miembro por razones de inconducta o inhabilidad moral.

La cámara de Senadores aprobó –entre el miércoles y el jueves–dos de las leyes más reclamadas por el Ejecutivo para dinamizar su política económica: la destinada combatir la evasión fiscal y la de emergencia económica. La primera de ellas, tal como fue aprobada, no dejó conforme al equipo económico; Mario Vicens expresó su descontento por las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto y no descartó que se requiera el veto del presidente Fernando de la Rúa.

La propuesta de Economía incluía establecer un cupo para la venta de nafta con exenciones impositivas en la región patagónica, iniciativa que fue rechazada por los legisladores de la región. Además, el equipo económico pretendía eliminar el bloqueo fiscal –por el cual se impedía revisar los antecedentes a los contribuyentes que tenían su último año en regla–, lo cual tampoco fue aprobado por el Senado.

Como síntesis de la semana parlamentaria, los comentaristas indican que se aplicó un paño frío a la crisis, que comenzó con simples rumores y llegó al pedido del desafuero de once legisladores. A su juicio, el Senado se apresuró a tratar las leyes pedidas por el ejecutivo a cambio de que se votara, en los términos conocidos, la que establecía el desafuero de los legisladores.

Consultado por la prensa, Raúl Alfonsín no quiso opinar sobre una eventual crisis de gabinete, ya que es un ámbito reservado a la exclusiva decisión del presidente de la República. De todas maneras opinó: “Hay que investigar hasta las últimas consecuencias y facilitarle al juez las tareas, para que indague a quien quiera indagar” Sobre la legitimidad de los proyectos que pueda aprobar el Senado hasta tanto no se aclare al escándalo de las supuestas coimas, fue contundente: Mientras no se produzcan los desafueros, tienen todos los derechos del mundo a legislar”.

Al promediar la semana se supo que los fiscales del caso Senado de la Nación-–Eduardo Freiler y Federico Delgado– solicitaron al Juez Carlos Liporaci indagar ,como testigos, al ex presidente Raúl Alfonsín y al ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. El magistrado había resuelto incluir en la lista de testigos a Duhalde a raíz del testimonio del senador Antonio Cafiero, que refirió algunas confidencias recibidas del dirigente justicialista respecto de otro senador.

En cuanto a Alfonsín, los fiscales piden su indagación en mérito a un supuesto encuentro que el ex presidente habría mantenido con Carlos Alvarez y el dirigente radical Enrique Nosiglia, en el que se habría discutido respecto de las presuntas coimas.

Otra novedad registrada durante la semana fue la ratificación –por parte de Saúl Ubaldini– de la aseveración en la que Hugo Moyano responsabiliza al ministro de Trabajo–Alberto Flamarique– de haber señalado que , para que los legisladores justicialistas votaran la reforma laboral, contaba con “la Banelco”. El dirigente sindical se mostró dispuesto a enfrentar al ministro en un careo.

No se descuenta ,en fuentes judiciales, que Flamarique resulte el primer funcionario del gobierno imputado en este caso. Algunos medios han llegado a aventurar que ,al regreso del Presidente de su gira, el ministro de Trabajo sería uno de los miembros del gabinete alejados del cargo.

Mientras tanto, desde Nueva York, Fernando de la Rúa anunciaba que no tenía previsto realizar cambios en el gabinete, a pesar de que pocas horas antes el ministro del Interior había expresado su anhelo de que los cambios eventuales en el Senado tuvieran su correlato en el Ejecutivo. El vicepresidente Carlos Alvarez y el presidente del bloque de diputados de la Alianza–Darío Alessandro– coincidieron con ese criterio.

Al cerrar la semana el Congreso sancionó tres leyes en pocas horas. Al cabo de dos sesiones que duraron 12 horas ambas cámaras – caso único en la historia del Parlamento – aprobaron la ley que dispone que los legisladores puedan ser interrogados –como sospechosos y hasta procesados– sin necesidad de abandonar su banca. Sus fueros regirán en lo sucesivo solamente para el caso eventual de un arresto.

En este caso, cuando el delito imputable implique la prisión preventiva, el juez deberá solicitar el desafuero del procesado ante la respectiva cámara, la que tendrá 180 días para expedirse. Hasta el momento no existían límites. Quince minutos después de ser votado por Diputados, el proyecto entró en el Senado donde resultó aprobado casi por unanimidad.

El recorte de las inmunidades incluye, además de los legisladores, a jueces y funcionarios públicos, incluso los de mayor jerarquía en la estructura del Estado. Jueces, ministros, miembros de la Corte, el vicepresidente y al presidente de la Nación, según interpretan los observadores, no podrán negarse en lo sucesivo a un requerimiento judicial. Al margen de la acción de la Justicia, las cámaras podrán aplicar sus normas internas, con el voto de los dos tercios, para separar a un miembro por razones de inconducta o inhabilidad moral.

La cámara de Senadores aprobó –entre el miércoles y el jueves–dos de las leyes más reclamadas por el Ejecutivo para dinamizar su política económica: la destinada combatir la evasión fiscal y la de emergencia económica. La primera de ellas, tal como fue aprobada, no dejó conforme al equipo económico; Mario Vicens expresó su descontento por las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto y no descartó que se requiera el veto del presidente Fernando de la Rúa.

La propuesta de Economía incluía establecer un cupo para la venta de nafta con exenciones impositivas en la región patagónica, iniciativa que fue rechazada por los legisladores de la región. Además, el equipo económico pretendía eliminar el bloqueo fiscal –por el cual se impedía revisar los antecedentes a los contribuyentes que tenían su último año en regla–, lo cual tampoco fue aprobado por el Senado.

Como síntesis de la semana parlamentaria, los comentaristas indican que se aplicó un paño frío a la crisis, que comenzó con simples rumores y llegó al pedido del desafuero de once legisladores. A su juicio, el Senado se apresuró a tratar las leyes pedidas por el ejecutivo a cambio de que se votara, en los términos conocidos, la que establecía el desafuero de los legisladores.

Consultado por la prensa, Raúl Alfonsín no quiso opinar sobre una eventual crisis de gabinete, ya que es un ámbito reservado a la exclusiva decisión del presidente de la República. De todas maneras opinó: “Hay que investigar hasta las últimas consecuencias y facilitarle al juez las tareas, para que indague a quien quiera indagar” Sobre la legitimidad de los proyectos que pueda aprobar el Senado hasta tanto no se aclare al escándalo de las supuestas coimas, fue contundente: Mientras no se produzcan los desafueros, tienen todos los derechos del mundo a legislar”.

Al promediar la semana se supo que los fiscales del caso Senado de la Nación-–Eduardo Freiler y Federico Delgado– solicitaron al Juez Carlos Liporaci indagar ,como testigos, al ex presidente Raúl Alfonsín y al ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. El magistrado había resuelto incluir en la lista de testigos a Duhalde a raíz del testimonio del senador Antonio Cafiero, que refirió algunas confidencias recibidas del dirigente justicialista respecto de otro senador.

En cuanto a Alfonsín, los fiscales piden su indagación en mérito a un supuesto encuentro que el ex presidente habría mantenido con Carlos Alvarez y el dirigente radical Enrique Nosiglia, en el que se habría discutido respecto de las presuntas coimas.

Otra novedad registrada durante la semana fue la ratificación –por parte de Saúl Ubaldini– de la aseveración en la que Hugo Moyano responsabiliza al ministro de Trabajo–Alberto Flamarique– de haber señalado que , para que los legisladores justicialistas votaran la reforma laboral, contaba con “la Banelco”. El dirigente sindical se mostró dispuesto a enfrentar al ministro en un careo.

No se descuenta ,en fuentes judiciales, que Flamarique resulte el primer funcionario del gobierno imputado en este caso. Algunos medios han llegado a aventurar que ,al regreso del Presidente de su gira, el ministro de Trabajo sería uno de los miembros del gabinete alejados del cargo.

Mientras tanto, desde Nueva York, Fernando de la Rúa anunciaba que no tenía previsto realizar cambios en el gabinete, a pesar de que pocas horas antes el ministro del Interior había expresado su anhelo de que los cambios eventuales en el Senado tuvieran su correlato en el Ejecutivo. El vicepresidente Carlos Alvarez y el presidente del bloque de diputados de la Alianza–Darío Alessandro– coincidieron con ese criterio.