Canicoba Corral dispuso la libertad de los ex militares
El juez federal confirmó que "dispuso la libertad sin restricción" de los detenidos por orden del magistrado español Baltasar Garzón, con excepción de quienes están presos por otras causas que tramitan en la Argentina.
“He dispuesto las libertades para que se hagan efectivas en el
día de la fecha, excepto que registren capturas por parte de otro
tribunal”, sostuvo Canicoba Corral, en declaraciones formuladas en
los tribunales federales de Comodoro Py.
Por otra parte, la Cámara Federal ordenó la reapertura de dos megacausas por violación de derechos humanos durante la dictadura militar que habían quedado paralizadas por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en las
cuales están involucrados varios represores que fueron acusados
por la Justicia española.
En una reunión plenaria, los cinco jueces
federales que integran la Cámara Federal porteña dispusieron la
reapertura de dos megacausas conocidas como “ESMA” y “450”
-también llamada “Primer Cuerpo del Ejército”- y enviaron a sorteo
los expedientes para que continúe la instrucción por parte de los
jueces de primera instancia.
El sumario en el que se investigaron los excesos cometidos
durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada quedó
a cargo, por sorteo, de la jueza federal María Servini de Cubría,
mientras que la causa 450 será investigada por el juez federal
Sergio Torres.
Para fundamentar esa decisión, los camaristas se basaron en la
sanción de la ley 25.779 Que dispuso la nulidad de denominadas
“leyes del perdón”, sancionadas durante el Gobierno de Raúl
Alfonsín para eximir de responsabilidad a miles de militares
acusados de los delitos de secuestro, tortura y desaparición de
personas.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la
libertad de una treintena de militares y un civil que estuvieron
detenidos cerca de 40 días a pedido del juez español Baltasar
Garzón, tras recibir la “comunicación oficial” de la Cancillería argentina en la que se le informaba que el Consejo de Ministros español había rechazado continuar con el trámite de extradición.
La decisión del Gobierno español dejó en condiciones de
solicitar su libertad a varios militares detenidos como el
intendente electo por San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi; el ex
capitán de fragata Alfredo Astiz y otra veintena de represores,
que cumplían en su mayoría arresto domiciliario por ser mayores de
70 años.
Quienes no recuperarán su libertad por estar afectados a otros
procesos penales son el ex dictador Jorge Rafael Videla, el ex
jefe del Primero Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason, el ex
jefe de la Armada Emilio Massera y los ex represores Jorge “Tigre”
Acosta, Jorge Enrique Perrén, Rubén Franco, Juan Carlos Rolón y
Héctor Febres, entre otros.
Por otra parte, organismos de derechos humanos se reunieron con el juez
Canicoba Corral para solicitarle que no liberara a los detenidos y
le plantearon que considerara los 40 días de plazo para liberarlos
como días hábiles y no corridos, los que desplazaría la fecha de
liberación hasta el 19 de septiembre próximo.
La intención era poder ganar tiempo para impulsar denuncias
ante la justicia argentina que evitaran la liberación de los
imputados y su posible fuga.
Los representantes de organismos se reunieron también con el
fiscal de la causa Guillermo Marijuán para que él mismo la
realizara, trámite que se cumplió esta tarde, asumiendo los
argumentos de Garzón para el proceso en España.
De todos modos, ya existe una denuncia ante la jueza federal
María Servini de Cubría que el 25 de julio último radicó el
abogado Guillermo Alberto Guevara Lynch contra los represores
detenidos por los mismos hechos que les imputaba Garzón.
El letrado había alegado que los delitos “fueron cometidos en
el territorio nacional, por lo que deberán ser juzgados por
aplicación del mentado principio de territorialidad”.
Por ese motivo, la denuncia que radicó Marijuán podría ser
enviada al juzgado de Servini de Cubría para que se acumule a la
presentación de Guevara Lynch, que tiene más antigüedad.
De todas formas, una de las decisiones que podría tener más
incidencia sobre algunos de los militares liberados es la orden de
reapertura de la Cámara Federal, ya que en las dos causas se
encuentran imputados varios represores que estuvieron cumpliendo
arresto preventivo con Canicoba Corral.
En la causa ESMA están imputados Astiz, Acosta y los ex
represores Antonio Pernías, Jorge Vildoza (prófugo con Canicoba
Corral), mientras que en la “450” están mencionados Suárez Mason,
el ex médico de la policía Jorge Bergés, el comisario Miguel Angel
Etchecolatz y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
Mediante dos resoluciones, una para cada causa, los camaristas
Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani, Eduardo Cattani, Martín Irurzun
y Eduardo Luraschi estipularon que la causas reabiertas deberán
tramitar por el nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia
en 1992.
Esa norma introdujo modificaciones tales como la actuación de
“jueces naturales”, cuando en un primer momento este tipo de
expedientes se regían por el Código de Justicia Militar.
“La determinación del juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal que deberá conocer en el caso, a través del
sorteo correspondiente, resulta la solución adecuada y
compatible”, concluyeron los jueces.
La causa 450 se inició como un desprendimiento de la “causa 44”
seguida contra el ex jefe de la Policía Bonaerense Juan Ramón
Camps, y en ella se investiga todos los hechos que no se
incluyeron en la primera investigación y que constituyen “la
pluralidad de hechos ocurridos en dos diversos circuitos federales
y vinculados por su origen en el Primer Cuerpo de Ejército”.
En otro orden, los jueces aclararon que seguirán colaborando
con los denomiandos “juicios de la Verdad” que encabezan desde
1995 y que tiene como fin obtener referencias sobre el destino
final de las personas detenidas-desaparecidas durante 1976-1983.
A través de ese procedimiento, se pudo establecer la “identidad
de más de 35 víctimas que se encontraban en condición de
desaparecidas”, a la vez que se pudieron recuperar los restos de
20 personas, que fueron entregados a sus allegados.
“He dispuesto las libertades para que se hagan efectivas en el
día de la fecha, excepto que registren capturas por parte de otro
tribunal”, sostuvo Canicoba Corral, en declaraciones formuladas en
los tribunales federales de Comodoro Py.
Por otra parte, la Cámara Federal ordenó la reapertura de dos megacausas por violación de derechos humanos durante la dictadura militar que habían quedado paralizadas por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en las
cuales están involucrados varios represores que fueron acusados
por la Justicia española.
En una reunión plenaria, los cinco jueces
federales que integran la Cámara Federal porteña dispusieron la
reapertura de dos megacausas conocidas como “ESMA” y “450”
-también llamada “Primer Cuerpo del Ejército”- y enviaron a sorteo
los expedientes para que continúe la instrucción por parte de los
jueces de primera instancia.
El sumario en el que se investigaron los excesos cometidos
durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada quedó
a cargo, por sorteo, de la jueza federal María Servini de Cubría,
mientras que la causa 450 será investigada por el juez federal
Sergio Torres.
Para fundamentar esa decisión, los camaristas se basaron en la
sanción de la ley 25.779 Que dispuso la nulidad de denominadas
“leyes del perdón”, sancionadas durante el Gobierno de Raúl
Alfonsín para eximir de responsabilidad a miles de militares
acusados de los delitos de secuestro, tortura y desaparición de
personas.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la
libertad de una treintena de militares y un civil que estuvieron
detenidos cerca de 40 días a pedido del juez español Baltasar
Garzón, tras recibir la “comunicación oficial” de la Cancillería argentina en la que se le informaba que el Consejo de Ministros español había rechazado continuar con el trámite de extradición.
La decisión del Gobierno español dejó en condiciones de
solicitar su libertad a varios militares detenidos como el
intendente electo por San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi; el ex
capitán de fragata Alfredo Astiz y otra veintena de represores,
que cumplían en su mayoría arresto domiciliario por ser mayores de
70 años.
Quienes no recuperarán su libertad por estar afectados a otros
procesos penales son el ex dictador Jorge Rafael Videla, el ex
jefe del Primero Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason, el ex
jefe de la Armada Emilio Massera y los ex represores Jorge “Tigre”
Acosta, Jorge Enrique Perrén, Rubén Franco, Juan Carlos Rolón y
Héctor Febres, entre otros.
Por otra parte, organismos de derechos humanos se reunieron con el juez
Canicoba Corral para solicitarle que no liberara a los detenidos y
le plantearon que considerara los 40 días de plazo para liberarlos
como días hábiles y no corridos, los que desplazaría la fecha de
liberación hasta el 19 de septiembre próximo.
La intención era poder ganar tiempo para impulsar denuncias
ante la justicia argentina que evitaran la liberación de los
imputados y su posible fuga.
Los representantes de organismos se reunieron también con el
fiscal de la causa Guillermo Marijuán para que él mismo la
realizara, trámite que se cumplió esta tarde, asumiendo los
argumentos de Garzón para el proceso en España.
De todos modos, ya existe una denuncia ante la jueza federal
María Servini de Cubría que el 25 de julio último radicó el
abogado Guillermo Alberto Guevara Lynch contra los represores
detenidos por los mismos hechos que les imputaba Garzón.
El letrado había alegado que los delitos “fueron cometidos en
el territorio nacional, por lo que deberán ser juzgados por
aplicación del mentado principio de territorialidad”.
Por ese motivo, la denuncia que radicó Marijuán podría ser
enviada al juzgado de Servini de Cubría para que se acumule a la
presentación de Guevara Lynch, que tiene más antigüedad.
De todas formas, una de las decisiones que podría tener más
incidencia sobre algunos de los militares liberados es la orden de
reapertura de la Cámara Federal, ya que en las dos causas se
encuentran imputados varios represores que estuvieron cumpliendo
arresto preventivo con Canicoba Corral.
En la causa ESMA están imputados Astiz, Acosta y los ex
represores Antonio Pernías, Jorge Vildoza (prófugo con Canicoba
Corral), mientras que en la “450” están mencionados Suárez Mason,
el ex médico de la policía Jorge Bergés, el comisario Miguel Angel
Etchecolatz y el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti.
Mediante dos resoluciones, una para cada causa, los camaristas
Gabriel Cavallo, Horacio Vigliani, Eduardo Cattani, Martín Irurzun
y Eduardo Luraschi estipularon que la causas reabiertas deberán
tramitar por el nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia
en 1992.
Esa norma introdujo modificaciones tales como la actuación de
“jueces naturales”, cuando en un primer momento este tipo de
expedientes se regían por el Código de Justicia Militar.
“La determinación del juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal que deberá conocer en el caso, a través del
sorteo correspondiente, resulta la solución adecuada y
compatible”, concluyeron los jueces.
La causa 450 se inició como un desprendimiento de la “causa 44”
seguida contra el ex jefe de la Policía Bonaerense Juan Ramón
Camps, y en ella se investiga todos los hechos que no se
incluyeron en la primera investigación y que constituyen “la
pluralidad de hechos ocurridos en dos diversos circuitos federales
y vinculados por su origen en el Primer Cuerpo de Ejército”.
En otro orden, los jueces aclararon que seguirán colaborando
con los denomiandos “juicios de la Verdad” que encabezan desde
1995 y que tiene como fin obtener referencias sobre el destino
final de las personas detenidas-desaparecidas durante 1976-1983.
A través de ese procedimiento, se pudo establecer la “identidad
de más de 35 víctimas que se encontraban en condición de
desaparecidas”, a la vez que se pudieron recuperar los restos de
20 personas, que fueron entregados a sus allegados.
