En lo que se refiere al ámbito nacional el pacto tiene el propósito de fijar lineamientos uniformes en todo el país para evitar que las provincias — dueñas de los recursos según lo establece la Constitución Nacional — intenten aplicar a las empresas mineras, casi siempre transnacionales, impuestos que las espanten cuando el gobierno central se propone atraerlas. Esta ha sido siempre la manzana de la discordia en la Argentina: la vieja puja entre los intereses nacionales y los de las provincias.
La reunión de ministros — de la que también participó la representante de ICMM*, Fernanda Diez, en calidad de invitada — se desarrolló en un marco de estricta confidencialidad y los términos del acuerdo sólo se conocen a través de las declaraciones de las autoridades que presidieron la reunión, como el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el secretario de Minería, Daniel Meilán y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Ãlvarez.
La minería es una industria compleja y la sociedad debería conocer al menos algunos de los aspectos de esa complejidad para poder adoptar posiciones informadas respecto de una actividad que la afecta en forma directa o indirecta. Anthony Hodge, ex-presidente y CEO de ICMM, expresaba esto con claridad cuando decía que “hay todo un arco de beneficios que resultan de la minería que no está siendo bien comprendido por los políticos ni bien explicado por la industria minera misma”.
Según la agencia oficial Télam, “el acuerdo suscripto da un nuevo marco a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya anunciadas por más de US$ 3.000 millones en 2017-18.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, hizo público en los días previos a la cumbre su apoyo a una energía responsable ante los problemas sociales y económicos de la comunidad y sostuvo que el valor que genera la industria contribuye a que los sectores más vulnerables de la población puedan salir de la pobreza “siempre y cuando los beneficios que nos brindan en el presente no impliquen perjuicios para el futuro”. “Ese compromiso”, dijo, “exige fortalecer la política minera nacional mediante el diálogo permanente con los actores del sector”.
Del acuerdo firmado trascendió que:
* las provincias, la Nación y los gremios se comprometen a sentar las bases para la llegada de un fuerte proceso inversor;
* mediante el programa Hacia una minería sustentable (TSM, por sus siglas en inglés) se va a ejercer un control estricto sobre el cuidado del ambiente;
* contempla las agendas de las provincias y de la nación;
* consagra, en forma mancomunada, el principio de desarrollar una minería más responsable, atenta a los intereses de la sociedad y dispuesta a operar de forma abierta y transparente.
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* ICMM, International Council on Mining and Metals, o Consejo Internacional de Minería y Metales
