Se define la situación de Correo Argentino
El Estado se hará cargo temporalmente del correo oficial si la Justicia decide hacer caer la concesión, que está en manos del Grupo Macri, ratificó el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
“Si lo que indicara la Justicia fuera que hay elementos
suficientes como para que cayera la concesión, el Estado se hará
cargo de la emrpesa para que en algún momento, después de
ordenarla y mejorarla, se la ponga nuevamente en consideración de
inversores particulares”, señaló el funcionario al ser consultado
al respecto.
Fernández puntualizó que si finalmente el grupo Macri quedara afuera del correo oficial, la empresa “se va a reestatizar
cinrcunstancialmente hasta su reprivatización”.
Hoy vence el plazo que tiene Correo Argentino para negociar su
deuda, y a pesar de que la concesionaria presentó un pedido de
prórroga, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois lo
rechazó.
En consecuencia, el magistrado podría decretar la quiebra de la
empresa o aplicar un mecanismo denominado “crown down”, por el
cual los acreedores toman el control del Correo.
El Estado es quien encabeza la lista de acreedores debido a los
cánones impagos, y por eso en cualquiera de las dos alternativas
judiciales el control del Correo quedaría en sus manos.
También hoy el Correo Argentino publicó una extensa solicitada
en diversos matutinos, en la cual reclamó que la Justicia tome
“consideraciones comprensivas, imparciales y equilibradas”.
En el texto, la concesionaria aseguró que desde 1997 -año en el
que se hizo cargo de la concesión- realizó inversiones por 333
millones de pesos, y pagó al Estado otros 238 millones de pesos en
concepto de canon.
“A su vez, el Estado no ha perdido 700 millones de pesos que le
hubiera generado su propia administración, pero además no ha
cumplido con sus compromisos licitatorios y contractuales
fundamentales”, añadió la empresa.
Entre esos compromisos, enumeró la “falta de una ley que
establezca un marco regulatorio al sector postal, la existencia de
competencia desleal a través de correos clandestinos o truchos, la
falta de pago de los servicios postales brindados a la
administración pública y la falta de igualdad en las regulaciones
laborales y sindicales”.
“Por todo ello, nunca en el tiempo de la concesión el Correo
Argentino ha generado utilidades”, aseguró la compañía en la
solicitada.
“Si lo que indicara la Justicia fuera que hay elementos
suficientes como para que cayera la concesión, el Estado se hará
cargo de la emrpesa para que en algún momento, después de
ordenarla y mejorarla, se la ponga nuevamente en consideración de
inversores particulares”, señaló el funcionario al ser consultado
al respecto.
Fernández puntualizó que si finalmente el grupo Macri quedara afuera del correo oficial, la empresa “se va a reestatizar
cinrcunstancialmente hasta su reprivatización”.
Hoy vence el plazo que tiene Correo Argentino para negociar su
deuda, y a pesar de que la concesionaria presentó un pedido de
prórroga, el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois lo
rechazó.
En consecuencia, el magistrado podría decretar la quiebra de la
empresa o aplicar un mecanismo denominado “crown down”, por el
cual los acreedores toman el control del Correo.
El Estado es quien encabeza la lista de acreedores debido a los
cánones impagos, y por eso en cualquiera de las dos alternativas
judiciales el control del Correo quedaría en sus manos.
También hoy el Correo Argentino publicó una extensa solicitada
en diversos matutinos, en la cual reclamó que la Justicia tome
“consideraciones comprensivas, imparciales y equilibradas”.
En el texto, la concesionaria aseguró que desde 1997 -año en el
que se hizo cargo de la concesión- realizó inversiones por 333
millones de pesos, y pagó al Estado otros 238 millones de pesos en
concepto de canon.
“A su vez, el Estado no ha perdido 700 millones de pesos que le
hubiera generado su propia administración, pero además no ha
cumplido con sus compromisos licitatorios y contractuales
fundamentales”, añadió la empresa.
Entre esos compromisos, enumeró la “falta de una ley que
establezca un marco regulatorio al sector postal, la existencia de
competencia desleal a través de correos clandestinos o truchos, la
falta de pago de los servicios postales brindados a la
administración pública y la falta de igualdad en las regulaciones
laborales y sindicales”.
“Por todo ello, nunca en el tiempo de la concesión el Correo
Argentino ha generado utilidades”, aseguró la compañía en la
solicitada.
