Salud: se firmaría el decreto de desregulación

A pesar del anuncio oficial, ayer (martes 28) no se firmó el decreto para desregular definitivamente el mercado de las obras sociales.

Anoche, los técnicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gabinete estaban terminando de pulir la norma que tendría el carácter de “decreto reglamentario”.

Sin embargo, se aseguró que “el texto definitivo, y las recomendaciones sobre qué tipo de instrumento utilizar, estarán a la firma del Presidente mañana (por hoy, miércoles 29) sin falta”.

También se afirma, desde la Presidencia, que siguen vigentes los principales puntos del nuevo sistema, que adelantáramos oportunamente desde esta página.

Sin embargo, habría un cambio: las personas que ingresan por primera vez a un trabajo deberían permanecer seis meses en la obra social que les corresponde por su actividad; días atrás, se anunció que la opción para cambiar de obra social sería desde el mismo momento en que esa persona ingresa en la empresa.

De todas maneras, lo que sería definitivo es que a partir del próximo 1° de enero, los más de once millones de afiliados a las obras sociales —tanto sindicales como de dirección—, tendrían la renovada opción de elegir su cobertura médica.

Los trámites para los traspasos serán sencillos y no habrá posibilidad de que alguna persona sea rechazada.

Tampoco existirán plazos para acceder a los servicios (carencias), se deberá implementar un sistema de “médicos de cabecera” y será obligatorio poner en funcionamiento planes de medicina preventiva.

En todos los casos, las entidades que participen deberán cubrir los servicios incorporados en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en caso de despido, deberán dar cobertura médica al afiliado durante tres meses.

El nuevo sistema involucra a todas las entidades que se rigen por las leyes 23.660 y 23.661, de obras sociales, excepto al Pami y a las FA.AA y de Seguridad.

A la hora de evaluar quienes ganan y quienes pierden con la desregulación, no hay acuerdo entre los cuatro actores del nuevo sistema: gobierno, obras sociales sindicales, de dirección y prepagas.

Para los funcionarios, por caso, los afiliados serán beneficiados con la posibilidad de elegir y tener mejor acceso a la salud y aseguran que el sistema médico en general ganará en eficiencia.

Los otros tres involucrados sostienen que ni siquiera eso podría ser posible con el método de competencia que impulsó el Ejecutivo.

Los privados sostienen que se corre el riesgo de desfinanciar aún más el sistema lanzando una competencia “todos contra todos” en una situación como la actual y que pocos afiliados, en realidad, estarán en condiciones de elegir.

Claudio Gallo —de SPM, la prepaga del grupo Exxel— dijo que en su empresa apoyan “la filosofía general del proyecto, pero no cómo se instrumentó”.

“Hubiéramos querido estar—señaló Gallo—pero no tenemos claro cómo se financiará, quién controlará la gran evasión de aportes y qué pasará con la gente que venga con enfermedades preexistentes”.

Por eso—continuó— “no vamos a participar en forma directa. No queremos ser perjudicados como empresa y tener que disminuir el nivel de atención de nuestros afiliados”.

En términos similares se expresó Tomás Bernasconi, de Docthos, la prepaga del poderoso grupo HSBC-Roberts. “Nosotros preferimos la desregulación de todos contra todos, ya que eso permite trabajar con escala y dar buen servicio con mejores costos. Pero no vamos a participar directamente, básicamente por dos cuestiones: no hay seguridad en el cobro de los aportes y a diferencia de la prepaga, donde si el afiliado no paga se queda sin servicio, corro el riesgo de no cobrar los aportes y tener que seguir dando la cobertura. Además, al no existir mecanismos de selección de riesgo (es decir, las personas con patologías severas) o de compensación, corro el peligro de desfinanciar a la compañía”.

Hugo Quintana, de la obra social OSPOCE, sostiene que “esta norma es la que tiene más consenso en el sector: estamos todos en desacuerdo” y piensa que eso es producto de que “fue escrita en Economía porque lo pedía el FMI, como la reforma previsional”.

Pero la peor situación parece ser la que les toca a las obras sociales de dirección, con servicios equivalentes a las empresas de medicina privada. A diferencia de las prepagas, no pueden elegir si participan o no, por ley deben hacerlo. Además, se les reducirán sus ingresos, ya que sus afiliados deberán hacer un aporte mayor al Fondo de Redistribución Solidaria.

Jorge Piva, de Acción Social de Empresarios dijo que “el resultado final de este proceso es imprevisible; se desregula un mercado para bajar los precios al consumidor y tener más eficiencia global. Pero aquí estamos hablando de la salud y me preguntó: ¿qué significa bajar el precio?, ¿dar menos servicios?.

A pesar del anuncio oficial, ayer (martes 28) no se firmó el decreto para desregular definitivamente el mercado de las obras sociales.

Anoche, los técnicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gabinete estaban terminando de pulir la norma que tendría el carácter de “decreto reglamentario”.

Sin embargo, se aseguró que “el texto definitivo, y las recomendaciones sobre qué tipo de instrumento utilizar, estarán a la firma del Presidente mañana (por hoy, miércoles 29) sin falta”.

También se afirma, desde la Presidencia, que siguen vigentes los principales puntos del nuevo sistema, que adelantáramos oportunamente desde esta página.

Sin embargo, habría un cambio: las personas que ingresan por primera vez a un trabajo deberían permanecer seis meses en la obra social que les corresponde por su actividad; días atrás, se anunció que la opción para cambiar de obra social sería desde el mismo momento en que esa persona ingresa en la empresa.

De todas maneras, lo que sería definitivo es que a partir del próximo 1° de enero, los más de once millones de afiliados a las obras sociales —tanto sindicales como de dirección—, tendrían la renovada opción de elegir su cobertura médica.

Los trámites para los traspasos serán sencillos y no habrá posibilidad de que alguna persona sea rechazada.

Tampoco existirán plazos para acceder a los servicios (carencias), se deberá implementar un sistema de “médicos de cabecera” y será obligatorio poner en funcionamiento planes de medicina preventiva.

En todos los casos, las entidades que participen deberán cubrir los servicios incorporados en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en caso de despido, deberán dar cobertura médica al afiliado durante tres meses.

El nuevo sistema involucra a todas las entidades que se rigen por las leyes 23.660 y 23.661, de obras sociales, excepto al Pami y a las FA.AA y de Seguridad.

A la hora de evaluar quienes ganan y quienes pierden con la desregulación, no hay acuerdo entre los cuatro actores del nuevo sistema: gobierno, obras sociales sindicales, de dirección y prepagas.

Para los funcionarios, por caso, los afiliados serán beneficiados con la posibilidad de elegir y tener mejor acceso a la salud y aseguran que el sistema médico en general ganará en eficiencia.

Los otros tres involucrados sostienen que ni siquiera eso podría ser posible con el método de competencia que impulsó el Ejecutivo.

Los privados sostienen que se corre el riesgo de desfinanciar aún más el sistema lanzando una competencia “todos contra todos” en una situación como la actual y que pocos afiliados, en realidad, estarán en condiciones de elegir.

Claudio Gallo —de SPM, la prepaga del grupo Exxel— dijo que en su empresa apoyan “la filosofía general del proyecto, pero no cómo se instrumentó”.

“Hubiéramos querido estar—señaló Gallo—pero no tenemos claro cómo se financiará, quién controlará la gran evasión de aportes y qué pasará con la gente que venga con enfermedades preexistentes”.

Por eso—continuó— “no vamos a participar en forma directa. No queremos ser perjudicados como empresa y tener que disminuir el nivel de atención de nuestros afiliados”.

En términos similares se expresó Tomás Bernasconi, de Docthos, la prepaga del poderoso grupo HSBC-Roberts. “Nosotros preferimos la desregulación de todos contra todos, ya que eso permite trabajar con escala y dar buen servicio con mejores costos. Pero no vamos a participar directamente, básicamente por dos cuestiones: no hay seguridad en el cobro de los aportes y a diferencia de la prepaga, donde si el afiliado no paga se queda sin servicio, corro el riesgo de no cobrar los aportes y tener que seguir dando la cobertura. Además, al no existir mecanismos de selección de riesgo (es decir, las personas con patologías severas) o de compensación, corro el peligro de desfinanciar a la compañía”.

Hugo Quintana, de la obra social OSPOCE, sostiene que “esta norma es la que tiene más consenso en el sector: estamos todos en desacuerdo” y piensa que eso es producto de que “fue escrita en Economía porque lo pedía el FMI, como la reforma previsional”.

Pero la peor situación parece ser la que les toca a las obras sociales de dirección, con servicios equivalentes a las empresas de medicina privada. A diferencia de las prepagas, no pueden elegir si participan o no, por ley deben hacerlo. Además, se les reducirán sus ingresos, ya que sus afiliados deberán hacer un aporte mayor al Fondo de Redistribución Solidaria.

Jorge Piva, de Acción Social de Empresarios dijo que “el resultado final de este proceso es imprevisible; se desregula un mercado para bajar los precios al consumidor y tener más eficiencia global. Pero aquí estamos hablando de la salud y me preguntó: ¿qué significa bajar el precio?, ¿dar menos servicios?.