Rusia y la revisión de las privatizaciones
La ofensiva judicial contra los grandes capitales rusos ha desatado temores de desestabilización económica y social, con advertencias, incluso desde el Kremlin, del peligro de una "guerra civil".
Casi toda la prensa del país se hizo eco de las declaraciones de Andréi Ilariónov, asesor económico del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien advirtió de la gran amenaza que supone la revisión del resultado de las privatizaciones efectuadas durante las primeras reformas económicas postsoviéticas.
Ilariónov destacó como mal síntoma el carácter selectivo de las acciones de la Fiscalía General de Rusia, que investiga en la actualidad a la mayor petrolera privada del país, YUKOS, con el resultado inmediato de cuantiosas pérdidas para la compañía.
“¿Por qué la Fiscalía General se calló la boca cuando Sistemas Energéticos Unidos (empresa monopolista de generación y distribución de energía eléctrica) se apropió de 750 millones de dólares que pertenecían al país?”, se preguntó el asesor presidencial.
Según Ilariónov, cuya opinión no es siempre coincidente con la del Presidente ruso, es necesario ponerse de acuerdo de una vez y para siempre sobre la fecha antes de la cual no se revisarán las privatizaciones.
“Si comenzamos ahora a revisar las privatizaciones, se desatará un proceso difícil de detener y no sería inconcebible que este tipo de acciones condujesen a una nueva guerra civil”, afirmó el asesor presidencial.
El Gobierno ruso, por intermedio del ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Herman Gref, ha declarado que no hay planes de revisar los resultados de las privatizaciones.
Sin embargo, Putin hasta ahora no se ha pronunciado con claridad sobre este tema, uno de los más polémicos y sensibles de la transición de Rusia al capitalismo.
Aunque el viernes pasado, en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios, el número uno del Kremlin se manifestó contra medidas extremas como el arresto para esclarecer los delitos económicos, indicó que éstos deben ser investigados.
En esa reunión, el presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, Arkadi Volski, entregó a Putin una carta en la que se expresaba la preocupación de los hombres de negocios por la detención de Platón Lébedev, accionista de YUKOS y uno de los hombres más ricos del país.
Lébedev fue detenido hace dos semanas bajo la acusación de estafa al Estado por un monto de cerca de 300 millones de dólares, delito que supuestamente cometió en 1994 durante la privatización de una empresa.
La Fiscalía General es formalmente un organismo autónomo, pero la opinión generalizada en los medios políticos y de comunicación es que acciones contra una figura de la talla de Lébedev difícilmente pueden ser emprendidas sin la autorización del Kremlin.
“La creación de una sociedad civil se encuentra amenazada”, advirtió hoy en una declaración conjunta un grupo de políticos, periodistas y activistas defensores de los Derechos Humanos.
El documento, firmado entre otros por el ex ministro de Economía Yevgueni Yasin, señala que el reciente cierre de TVS, la única cadena de televisión de cobertura nacional crítica con el Kremlin, y el acoso judicial contra la petrolera YUKOS “atentan contra las bases de la democracia”.
“Los acontecimientos de los últimos días demuestran de manera irrefutable que la estabilización proclamada por el Presidente y el Gobierno retrocede ante el empuje de los intereses particulares y de grupo de los representantes del poder estatal”, denunciaron.
Fuente: EFE
Casi toda la prensa del país se hizo eco de las declaraciones de Andréi Ilariónov, asesor económico del presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien advirtió de la gran amenaza que supone la revisión del resultado de las privatizaciones efectuadas durante las primeras reformas económicas postsoviéticas.
Ilariónov destacó como mal síntoma el carácter selectivo de las acciones de la Fiscalía General de Rusia, que investiga en la actualidad a la mayor petrolera privada del país, YUKOS, con el resultado inmediato de cuantiosas pérdidas para la compañía.
“¿Por qué la Fiscalía General se calló la boca cuando Sistemas Energéticos Unidos (empresa monopolista de generación y distribución de energía eléctrica) se apropió de 750 millones de dólares que pertenecían al país?”, se preguntó el asesor presidencial.
Según Ilariónov, cuya opinión no es siempre coincidente con la del Presidente ruso, es necesario ponerse de acuerdo de una vez y para siempre sobre la fecha antes de la cual no se revisarán las privatizaciones.
“Si comenzamos ahora a revisar las privatizaciones, se desatará un proceso difícil de detener y no sería inconcebible que este tipo de acciones condujesen a una nueva guerra civil”, afirmó el asesor presidencial.
El Gobierno ruso, por intermedio del ministro de Desarrollo Económico y Comercio, Herman Gref, ha declarado que no hay planes de revisar los resultados de las privatizaciones.
Sin embargo, Putin hasta ahora no se ha pronunciado con claridad sobre este tema, uno de los más polémicos y sensibles de la transición de Rusia al capitalismo.
Aunque el viernes pasado, en una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios, el número uno del Kremlin se manifestó contra medidas extremas como el arresto para esclarecer los delitos económicos, indicó que éstos deben ser investigados.
En esa reunión, el presidente de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia, Arkadi Volski, entregó a Putin una carta en la que se expresaba la preocupación de los hombres de negocios por la detención de Platón Lébedev, accionista de YUKOS y uno de los hombres más ricos del país.
Lébedev fue detenido hace dos semanas bajo la acusación de estafa al Estado por un monto de cerca de 300 millones de dólares, delito que supuestamente cometió en 1994 durante la privatización de una empresa.
La Fiscalía General es formalmente un organismo autónomo, pero la opinión generalizada en los medios políticos y de comunicación es que acciones contra una figura de la talla de Lébedev difícilmente pueden ser emprendidas sin la autorización del Kremlin.
“La creación de una sociedad civil se encuentra amenazada”, advirtió hoy en una declaración conjunta un grupo de políticos, periodistas y activistas defensores de los Derechos Humanos.
El documento, firmado entre otros por el ex ministro de Economía Yevgueni Yasin, señala que el reciente cierre de TVS, la única cadena de televisión de cobertura nacional crítica con el Kremlin, y el acoso judicial contra la petrolera YUKOS “atentan contra las bases de la democracia”.
“Los acontecimientos de los últimos días demuestran de manera irrefutable que la estabilización proclamada por el Presidente y el Gobierno retrocede ante el empuje de los intereses particulares y de grupo de los representantes del poder estatal”, denunciaron.
Fuente: EFE
