Rubén Berajá, finalmente detenido y procesado

Otrora presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Berajá quedó a disposición del juez federal Norberto Oyarbide, que le había pedido captura tras ampliar el procesamiento, en un dictamen asaz polémico. Junto con el financista aparecen Víctor I. y León Liniado, Jaime Z.Hasbaní, Ricardo Tobal, Alfredo Biaggio, Jaime Yabra (ex directores de la entidad), Abraham Fleisman, Alberto Tawil, David Malik, Felipe y Sergio Kompel, Alberto Laham, Horacio Alegre, José Naftalí, Salomón Cheb Terrab, Rafael Charur e Isaac Duek.

Las irregularidades que acabaron con Banco Mayo datan de 1998 y condujeron a su absorción por parte de Banco Patricios, cuyo final también fue traumático. En un texto algo desmañado, Oyarbide carga las tintas sobre Terrab, pues “por intermedio de sociedades vinculadas a él, se canalizó el desvío de fondos, defraudando el patrimonio de la entidad y la confianza de quienes confiaron (sic)”.

Berajá ya registraba un procesamiento en la misma causa, por lo cual es probable que se le deniegue la excarcelación. A criterio del magistrado –cuya carrera no carece de bemoles-, “como máxima autoridad del banco, indiscutido referente y líder de la colectividad judía en Argentina, no sólo conducía los hilos de la trama, sino (también) la organización ilícita montada a expensas (del banco)”.

Esos presuntos nexos entre actividad comunitaria y maniobras financieras, sugeridos sin eufemismo ni sutileza, pueden poner en problemas al juez y trabar el proceso. En realidad, la cuestión de fondo remite a abusos en el manejo de fondos y ahorros ajenos. “Cada vez que podía hacerse del dinero de algún incauto (sostiene Oyarbide), la organización estaba lista para recibirlo”. De no mediar imputaciones formuladas en 1999 por otro juez, Gabriel Cavallo, este tipo de frases quedaría en el aire.

Al margen de expresiones cuestionables, el nuevo dictamen remite a Cavallo y su colega, Margarita Braga. Ésta ya le había prohibido a Berajá salir del país, en ocasión de otra quiebra (la constructora Legis). Por supuesto, el lenguaje de Oyarbide y los antecedentes del procesado politizan en extremo el contexto, pasando por alto un detalle: Berajá representaba sólo a una minoría ultraconservadora.

Berajá controlaba la DAIA en 1994, cuando el ataque terrorista contra la embajada de Israel. Entonces, el dirigente manejó las investigaciones para que no le significasen problemas al gobierno de Carlos S.Ménem. Por entonces, Berajá encabezaba “un imperio económico que había forjado a imagen y semejanza” de ese régimen (recuerda “La Nación”).

Tal fue su afán por no molestar al gobierno, que la propia colectividad lo echó del cargo el 18 de julio de 1997. En ese sentido, Berajá podía compararse con su antecesor, Nehemías Reznitzky y su actitud antes los excesos del régimen militar (1976/83). No obstante, el lenguaje de Oyarbide tiene visos políticamente controvertidos, a los cuales podría aferrarse Berajá mismo.

Otrora presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Berajá quedó a disposición del juez federal Norberto Oyarbide, que le había pedido captura tras ampliar el procesamiento, en un dictamen asaz polémico. Junto con el financista aparecen Víctor I. y León Liniado, Jaime Z.Hasbaní, Ricardo Tobal, Alfredo Biaggio, Jaime Yabra (ex directores de la entidad), Abraham Fleisman, Alberto Tawil, David Malik, Felipe y Sergio Kompel, Alberto Laham, Horacio Alegre, José Naftalí, Salomón Cheb Terrab, Rafael Charur e Isaac Duek.

Las irregularidades que acabaron con Banco Mayo datan de 1998 y condujeron a su absorción por parte de Banco Patricios, cuyo final también fue traumático. En un texto algo desmañado, Oyarbide carga las tintas sobre Terrab, pues “por intermedio de sociedades vinculadas a él, se canalizó el desvío de fondos, defraudando el patrimonio de la entidad y la confianza de quienes confiaron (sic)”.

Berajá ya registraba un procesamiento en la misma causa, por lo cual es probable que se le deniegue la excarcelación. A criterio del magistrado –cuya carrera no carece de bemoles-, “como máxima autoridad del banco, indiscutido referente y líder de la colectividad judía en Argentina, no sólo conducía los hilos de la trama, sino (también) la organización ilícita montada a expensas (del banco)”.

Esos presuntos nexos entre actividad comunitaria y maniobras financieras, sugeridos sin eufemismo ni sutileza, pueden poner en problemas al juez y trabar el proceso. En realidad, la cuestión de fondo remite a abusos en el manejo de fondos y ahorros ajenos. “Cada vez que podía hacerse del dinero de algún incauto (sostiene Oyarbide), la organización estaba lista para recibirlo”. De no mediar imputaciones formuladas en 1999 por otro juez, Gabriel Cavallo, este tipo de frases quedaría en el aire.

Al margen de expresiones cuestionables, el nuevo dictamen remite a Cavallo y su colega, Margarita Braga. Ésta ya le había prohibido a Berajá salir del país, en ocasión de otra quiebra (la constructora Legis). Por supuesto, el lenguaje de Oyarbide y los antecedentes del procesado politizan en extremo el contexto, pasando por alto un detalle: Berajá representaba sólo a una minoría ultraconservadora.

Berajá controlaba la DAIA en 1994, cuando el ataque terrorista contra la embajada de Israel. Entonces, el dirigente manejó las investigaciones para que no le significasen problemas al gobierno de Carlos S.Ménem. Por entonces, Berajá encabezaba “un imperio económico que había forjado a imagen y semejanza” de ese régimen (recuerda “La Nación”).

Tal fue su afán por no molestar al gobierno, que la propia colectividad lo echó del cargo el 18 de julio de 1997. En ese sentido, Berajá podía compararse con su antecesor, Nehemías Reznitzky y su actitud antes los excesos del régimen militar (1976/83). No obstante, el lenguaje de Oyarbide tiene visos políticamente controvertidos, a los cuales podría aferrarse Berajá mismo.