Riesgo político debilita la actividad económica

En medio de una insatisfacción general contra la clase política en toda la región, en las próximas semanas y meses se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Colombia, México y Brasil.

El índice de riesgo político de Coface – la aseguradora de riesgos global- muestra que el riesgo de una protesta social es alto. La incertidumbre política podría desencadenar problemas como una baja en el mercado de valores, una menor confianza corporativa y del consumidor y una actitud expectante en las inversiones.

El Ãndice de Riesgo Político de Coface toma en consideración varios aspectos del riesgo: 1) cuestiones de fragilidad política y social, 2) conflictos y 3) terrorismo. Aunque el terrorismo no es una de las preocupaciones principales, el riesgo por la fragilidad política y social indica un alto nivel de frustración debido a la negatividad en torno a los problemas de corrupción y una tasa relativamente alta de homicidios. 

La corrupción se hizo particularmente aguda cuando "la operación Lava Jato" fue revelada por primera vez en Brasil a principios de 2014 y después se extendió a 11 países. Las variables macroeconómicas incluidas en el índice (como PIB per cápita, tasa de desempleo, inflación y desigualdad de ingresos) son puntos usualmente débiles para América latina.

En términos de conflictos, México tiene el desempeño más pobre en toda la región, principalmente debido a la creciente violencia de las guerras de pandillas. En 2017, su tasa de homicidios superó a la de 2011, el año pico de la guerra contra las drogas en el país. Por el contrario, Colombia ha registrado una mejora significativa. La violencia relacionada con los grupos guerrilleros ha disminuido considerablemente, gracias a un acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). Sin embargo, a pesar de estas claras mejoras, todavía hay algunos grupos disidentes que operan en el país.

Las elecciones en México y Brasil están ensombrecidas por una insatisfacción general con los políticos tradicionales.

La erosión de la confianza general mostrada en las instituciones políticas tradicionales está creando oportunidades para contendientes poco convencionales. Varios candidatos se están promocionando bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, México y Brasil enfrentan un complicado escenario político.

El candidato izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, lidera las encuestas por un amplio margen. Históricamente se ha posicionado en contra de las inversiones privadas y las industrias que tradicionalmente son administradas por el estado. Sin embargo, la amplitud de la divergencia ideológica entre sus aliados políticos podría obstaculizar su capacidad para construir una coalición fuerte y obtener el apoyo del Congreso.

Aunque la población de Brasil muestra un nivel generalizado de insatisfacción con la política tradicional, el favorito actual sigue siendo el ex presidente Lula, que fue condenado por lavado de dinero y corrupción pasiva en julio de 2017. Probablemente no se encuentre apto para competir debido a las leyes electorales locales. En medio de esta batalla judicial, hay un candidato polémico: Jair Bolsonaro, ex oficial del ejército. En una simulación donde Lula no estaría en posición de participar en la elección, Jair Bolsonaro sería el candidato más popular.

Los riesgos políticos repuntaron y ya han tenido algún impacto sobre el crecimiento regional. Un ejemplo de esto ha sido el efecto indirecto de la operación Lava Jato que claramente ha sido un factor que contribuye a la peor recesión de Brasil.

Se espera que el PIB de la región gane impulso en 2018, con una previsión de crecimiento de +2,4% (interanual), tras un repunte de 2017 (1,1% interanual), dos años de recesión previa y una recuperación de la caída en los precios de las commodities observado desde 2014.

Esta previsión sería revisada a la baja si las incertidumbres políticas, especialmente en Brasil y México, conducen a una caída en el mercado de valores y un incremento en las tasas de interés, combinados con menores niveles de confianza tanto corporativa como doméstica (provocando retrasos o cancelaciones en las decisiones de inversión o gasto). En el caso de un vacío gubernamental duradero, cualquier congelamiento en el gasto público tendría un impacto negativo en la actividad.