Regulaciones y reservas concretarán el proyecto de burguesía nacional y re-argentinizaciones emblemáticas
El relanzamiento del gobierno, que se hará con el Acuerdo del Bicentenario, recluta a empresarios cercanos al kirchnerismo y contiene re-argentinizaciones, como la de Aerolíneas. Obras y servicios públicos son el eje.
Tras las bambalinas de la tregua dispuesta por el campo para concretar un diálogo
con el gobierno que se dilata, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia,
Carlos Zanini, junto con el ministro de Planificación, Julio de Vido, encaran
las negociaciones de cúpula con empresarios y la CGT para que Cristina
Kirchner pueda anunciar, el 25 de mayo, el denominado Acuerdo del Bicentenario.
Se trata de una versión modificada el que iba a ser el Pacto Social,
aunque se rescata el embrión de proyecto de burguesía nacional
que alienta la Casa Rosada.
La presencia de Zanini en las reuniones constitutivas y la ausencia del jefe
de Gabinete, Alberto Fernández, abocado a las negociaciones con las entidades
agropecuarias, marcaría “un antes y un después” en
la administración kirchnerista, tomando como referencia la fecha patria
elegida para el relanzamiento del gobierno.
¿Será este el preludio del rumoreado cambio en la Jefatura de
Gabinete, a partir del 25 de mayo?
En las últimas semanas, Zanini se estuvo reuniendo con los presidentes
de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; de la
Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino (Adeba), Jorge Brito;
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina
de la Construcción, Carlos Wagner, y de la Cámara Argentina de
Comercio, Carlos de la Vega, y con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano,
a quien acompañaron dos sindicalistas de su línea.
El enrarecido clima político que se vivió en medio de la crisis
con el campo, y que no sólo hizo caer la popularidad presidencial al
nivel más bajo de los últimos años, sino que sensibilizó
a los mercados afectando la confianza en el país, determinó al
gobierno nacional a anticipar el núcleo inversor del Acuerdo del Bicentenario:
el plan urbano que varias compañías constructoras y de desarrollo
inmobiliario llevarán a cabo de manera conjunta en Puerto Madero, con
una inversión superior a US$ 1.100 millones. Contempla obras para reciclar
22.290 m2, construir 528.000 m2 de edificios comerciales y viviendas, establecer
85.000 m2 de nuevos espacios verdes y desarrollar la nueva Terminal de Cruceros
en Tandanor.
Más allá de los planos y maquetas, la presentación adquirió
fuerte contenido político, al acompañar en el acto al ministro
de Infraestructura, Planificación Federal y Servicios Julio De Vido,
los empresarios Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Corporación
América, Alberto y Rodrigo Fernández Prieto de Fernández
Prieto y Asoc., Jorge Brito de Vizora y Saúl Zang de IRSA, además
de Juan Carlos López Mena de Buquebús.
Tren bala
Pero el Acuerdo Bicentenario no se agota en las obras que plantea la recuperación
y puesta en valor del Museo de Inmigrantes y Apostadero Naval, edificios históricos,
con el objetivo de rememorar la creación de la República y el
rol fundamental de la inmigración en el desarrollo de la sociedad argentina,
sino que se complementa con un hito de modernidad simbolizado por el tren de
alta velocidad, cuya realización acaba de sellarse con la aprobación
de la arquitectura financiera que lo sustentará.
El proyecto había sido adjudicado a mediados de enero último
al consorcio integrado por la francesa Alstom Transport, Iecsa, el Grupo Isolux
Corsan (de España) y Emepa (de la Argentina). La financiación
iba a correr por cuenta del banco francés Société Générale
que, a causa de sus problemas financieros, fue reemplazado luego por el Natixis.
El esqueleto de burguesía nacional y aliados extranjeros que se está
diagramando dentro de la Casa Rosada tendrá a las “argentinizaciones”
como emblema de los futuros negocios que se piensan apadrinar desde el poder.
La entrada del Grupo Petersen en el 15 % del paquete accionario de YPF se considera
un leading case, cuyo ejemplo se intenta seguir con Aerolíneas Argentinas,
a la que se pretende arribar con un porcentaje similar en manos de empresarios
compatriotas.
La alianza con el Estado está garantizada en la idea de que interactúen
con respecto a las regulaciones de sectores básicos de servicios, como
la energía y los transportes.
En el caso de la española Marsans, dueña de la mayoría
de Aerolíneas, desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Ricardo
Jaime, se la viene esmerilando junto con el asedio gremial del que la compañía
aérea es objeto por parte de los pilotos y técnicos. Algo parecido,
aunque más sutil, había sucedido con Repsol antes que decidiera
desprenderse de una parte de YPF a manos de un operador nacional de confianza
del gobierno, como son los Eskenazy.
Claro que en el caso de la petrolera, el gobierno llevó adelante su
política de desgaste afectando su rentabilidad y exportaciones, pero
con la certeza de que los españoles habían decidido correr el
eje estratégico de sus inversiones desde América Latina a Oriente.
En cambio, con Marsans la situación es diferente, porque se trata de
una firma privada que arrastra un conflicto con el gobierno español por
una supuesta defraudación a Hacienda en que habrían incurrido
los empresarios Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual al administrar los
fondos que le dio la SEPI por el traspaso de Aerolíneas, a la que desvinculaban
de Iberia.
Ante esta vulnerabilidad, el margen de acción del kirchnerismo para
imponerle socio local al grupo empresario español es mucho mayor que
respecto de YPF, aunque la dependencia de aviones alquilados por los actuales
dueños diezma la flota potencial que quedaría en caso de una ruptura.
El negocio que imaginan sería redondo si Marsans entrega a precio de
liquidación la cuarta parte de las acciones de Aerolíneas y quien
ingresa es Aeropuertos 2000, que podría capitalizar acreencias por 50
millones de dólares.
El Estado tienta a Eurnekian y Gutiérrez con la cartera de tarifas y
subsidios manejada a discreción.
Hasta ahora, Kirchner había avanzado en la ´argentinización´
con Marcelo Mindlin/Dolphin/Pampa Holding en la distribuidora eléctrica
Edenor y por el lado sindical con Aguas Argentinas, con Julio De Vido como el
principal operador.
El rol de las reservas
Los programas de obras integran el corazón de las inversiones propiciadas
por el gobierno para sustituir, de algún modo, la falta de iniciativa
privada en una economía de crecientes indicadores pero también
de progresivas regulaciones e intervencionismo estatal en la rentabilidad.
La llamada burguesía nacional, como la Corporación América,
del grupo Eurnekian; Pescarmona; Electroingeniería, IECSA y Cartellone,
aparecen también vinculadas a emprendimientos hidroeléctricos
sobre el río Santa Cruz, de un costo cercano a los 4.000 millones de
dólares.
Después de la vuelta que diera el ex ministro Martín Lousteau
por los centros financieros internacionales, la conclusión oficial es
que los canales crediticios tradicionales están prácticamente
cerrados y que, en consecuencia, no se justifica aceptar condiciones para que
el país vuelva a ser aceptado en la comunidad, como por ejemplo, aceptar
auditoría del FMI, desembolsar como “gesto de buena voluntad”
1.000 millones de dólares de las reservas al Club de París, como
el titular del Tesoro norteamericano le había propuesto a Lousteau para
él poder llevar una moción favorable a la Argentina al Capitolio,
o reabrir el canje de los bonos en default a los tenedores que no aceptaron
la oferta en el 2005.
La decisión, en tal sentido, consistiría en aplicar parte de
la cartera de 50.000 millones de dólares que suman las reservas internacionales
a financiar las inversiones del Acuerdo del Bicentenario y sostener el crecimiento
interno de la economía.
Pero estos objetivos, se advierte en los medios financieros, sería el
talón de Aquiles por el que podrían filtrarse pedidos de embargo
de los acreedores en los tribunales de Nueva York por los bonos en default.
Tras las bambalinas de la tregua dispuesta por el campo para concretar un diálogo
con el gobierno que se dilata, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia,
Carlos Zanini, junto con el ministro de Planificación, Julio de Vido, encaran
las negociaciones de cúpula con empresarios y la CGT para que Cristina
Kirchner pueda anunciar, el 25 de mayo, el denominado Acuerdo del Bicentenario.
Se trata de una versión modificada el que iba a ser el Pacto Social,
aunque se rescata el embrión de proyecto de burguesía nacional
que alienta la Casa Rosada.
La presencia de Zanini en las reuniones constitutivas y la ausencia del jefe
de Gabinete, Alberto Fernández, abocado a las negociaciones con las entidades
agropecuarias, marcaría “un antes y un después” en
la administración kirchnerista, tomando como referencia la fecha patria
elegida para el relanzamiento del gobierno.
¿Será este el preludio del rumoreado cambio en la Jefatura de
Gabinete, a partir del 25 de mayo?
En las últimas semanas, Zanini se estuvo reuniendo con los presidentes
de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; de la
Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino (Adeba), Jorge Brito;
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina
de la Construcción, Carlos Wagner, y de la Cámara Argentina de
Comercio, Carlos de la Vega, y con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano,
a quien acompañaron dos sindicalistas de su línea.
El enrarecido clima político que se vivió en medio de la crisis
con el campo, y que no sólo hizo caer la popularidad presidencial al
nivel más bajo de los últimos años, sino que sensibilizó
a los mercados afectando la confianza en el país, determinó al
gobierno nacional a anticipar el núcleo inversor del Acuerdo del Bicentenario:
el plan urbano que varias compañías constructoras y de desarrollo
inmobiliario llevarán a cabo de manera conjunta en Puerto Madero, con
una inversión superior a US$ 1.100 millones. Contempla obras para reciclar
22.290 m2, construir 528.000 m2 de edificios comerciales y viviendas, establecer
85.000 m2 de nuevos espacios verdes y desarrollar la nueva Terminal de Cruceros
en Tandanor.
Más allá de los planos y maquetas, la presentación adquirió
fuerte contenido político, al acompañar en el acto al ministro
de Infraestructura, Planificación Federal y Servicios Julio De Vido,
los empresarios Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Corporación
América, Alberto y Rodrigo Fernández Prieto de Fernández
Prieto y Asoc., Jorge Brito de Vizora y Saúl Zang de IRSA, además
de Juan Carlos López Mena de Buquebús.
Tren bala
Pero el Acuerdo Bicentenario no se agota en las obras que plantea la recuperación
y puesta en valor del Museo de Inmigrantes y Apostadero Naval, edificios históricos,
con el objetivo de rememorar la creación de la República y el
rol fundamental de la inmigración en el desarrollo de la sociedad argentina,
sino que se complementa con un hito de modernidad simbolizado por el tren de
alta velocidad, cuya realización acaba de sellarse con la aprobación
de la arquitectura financiera que lo sustentará.
El proyecto había sido adjudicado a mediados de enero último
al consorcio integrado por la francesa Alstom Transport, Iecsa, el Grupo Isolux
Corsan (de España) y Emepa (de la Argentina). La financiación
iba a correr por cuenta del banco francés Société Générale
que, a causa de sus problemas financieros, fue reemplazado luego por el Natixis.
El esqueleto de burguesía nacional y aliados extranjeros que se está
diagramando dentro de la Casa Rosada tendrá a las “argentinizaciones”
como emblema de los futuros negocios que se piensan apadrinar desde el poder.
La entrada del Grupo Petersen en el 15 % del paquete accionario de YPF se considera
un leading case, cuyo ejemplo se intenta seguir con Aerolíneas Argentinas,
a la que se pretende arribar con un porcentaje similar en manos de empresarios
compatriotas.
La alianza con el Estado está garantizada en la idea de que interactúen
con respecto a las regulaciones de sectores básicos de servicios, como
la energía y los transportes.
En el caso de la española Marsans, dueña de la mayoría
de Aerolíneas, desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Ricardo
Jaime, se la viene esmerilando junto con el asedio gremial del que la compañía
aérea es objeto por parte de los pilotos y técnicos. Algo parecido,
aunque más sutil, había sucedido con Repsol antes que decidiera
desprenderse de una parte de YPF a manos de un operador nacional de confianza
del gobierno, como son los Eskenazy.
Claro que en el caso de la petrolera, el gobierno llevó adelante su
política de desgaste afectando su rentabilidad y exportaciones, pero
con la certeza de que los españoles habían decidido correr el
eje estratégico de sus inversiones desde América Latina a Oriente.
En cambio, con Marsans la situación es diferente, porque se trata de
una firma privada que arrastra un conflicto con el gobierno español por
una supuesta defraudación a Hacienda en que habrían incurrido
los empresarios Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual al administrar los
fondos que le dio la SEPI por el traspaso de Aerolíneas, a la que desvinculaban
de Iberia.
Ante esta vulnerabilidad, el margen de acción del kirchnerismo para
imponerle socio local al grupo empresario español es mucho mayor que
respecto de YPF, aunque la dependencia de aviones alquilados por los actuales
dueños diezma la flota potencial que quedaría en caso de una ruptura.
El negocio que imaginan sería redondo si Marsans entrega a precio de
liquidación la cuarta parte de las acciones de Aerolíneas y quien
ingresa es Aeropuertos 2000, que podría capitalizar acreencias por 50
millones de dólares.
El Estado tienta a Eurnekian y Gutiérrez con la cartera de tarifas y
subsidios manejada a discreción.
Hasta ahora, Kirchner había avanzado en la ´argentinización´
con Marcelo Mindlin/Dolphin/Pampa Holding en la distribuidora eléctrica
Edenor y por el lado sindical con Aguas Argentinas, con Julio De Vido como el
principal operador.
El rol de las reservas
Los programas de obras integran el corazón de las inversiones propiciadas
por el gobierno para sustituir, de algún modo, la falta de iniciativa
privada en una economía de crecientes indicadores pero también
de progresivas regulaciones e intervencionismo estatal en la rentabilidad.
La llamada burguesía nacional, como la Corporación América,
del grupo Eurnekian; Pescarmona; Electroingeniería, IECSA y Cartellone,
aparecen también vinculadas a emprendimientos hidroeléctricos
sobre el río Santa Cruz, de un costo cercano a los 4.000 millones de
dólares.
Después de la vuelta que diera el ex ministro Martín Lousteau
por los centros financieros internacionales, la conclusión oficial es
que los canales crediticios tradicionales están prácticamente
cerrados y que, en consecuencia, no se justifica aceptar condiciones para que
el país vuelva a ser aceptado en la comunidad, como por ejemplo, aceptar
auditoría del FMI, desembolsar como “gesto de buena voluntad”
1.000 millones de dólares de las reservas al Club de París, como
el titular del Tesoro norteamericano le había propuesto a Lousteau para
él poder llevar una moción favorable a la Argentina al Capitolio,
o reabrir el canje de los bonos en default a los tenedores que no aceptaron
la oferta en el 2005.
La decisión, en tal sentido, consistiría en aplicar parte de
la cartera de 50.000 millones de dólares que suman las reservas internacionales
a financiar las inversiones del Acuerdo del Bicentenario y sostener el crecimiento
interno de la economía.
Pero estos objetivos, se advierte en los medios financieros, sería el
talón de Aquiles por el que podrían filtrarse pedidos de embargo
de los acreedores en los tribunales de Nueva York por los bonos en default.
