Sin embargo, -sostiene Mariano C. Tomatis, socio a cargo de la Industria de Agribusiness de PwC Argentina – en un contexto donde el aumento potencial de la frontera agrícola en el mundo está limitado por la falta de nuevas tierras aptas disponibles para producción, la expansión de la oferta deberá proceder necesariamente de la incorporación de tecnología, logrando así un mayor rendimiento por hectárea, que será la clave para el progreso del sector y para resolver la creciente necesidad de alimentos que tendrá el mundo en los próximos años.
En la Argentina, la política gubernamental llevada adelante en los últimos años ha afectado la inversión en tecnología del sector. Los cultivos de trigo y maíz, los mayores demandantes de tecnología, han sido los que han enfrentado los márgenes operativos más ajustados afectando las posibilidades de inversión al momento de la siembra. Como contrapartida los rindes por hectárea han sido menores al óptimo y la calidad de los granos producidos se ha visto en muchos casos deteriorada.
El reciente cambio político en el país genera perspectivas positivas. La eliminación de los derechos de exportación para todos los productos agropecuarios con excepción de la soja, cuya retención se redujo en 5 puntos porcentuales de 35% a 30%, dará un impulso fundamental a la producción de los cultivos de trigo y maíz, aunque su impacto en términos de aumento de la producción, recién podrá apreciarse plenamente en la campaña 2016/2017, ya que pasó el actual período de siembra del trigo y solo queda la siembra tardía del maíz de segunda.
Es deseable que los productores vuelvan a implementar un esquema de rotación de cultivos más razonable que el utilizado en los últimos años, lo que permitirá cuidar el recurso más preciado que es la tierra, con el objetivo de asegurar la calidad de la tierra para las próximas generaciones (en lugar de maximizar la rentabilidad económica en el corto plazo). Esto significará mayor área para trigo y maíz, y menos para soja en los próximos años.
En consecuencia, es dable esperar que el consumo de fertilizantes sea una de las actividades con mayor crecimiento a futuro, producto del incremento proyectado en las áreas de maíz y trigo.
Sin embargo, los desafíos para el sector no se agotan en la incorporación de tecnología. De acuerdo a las estimaciones de los especialistas, el país tiene un potencial productivo de 150 millones de toneladas de granos (muy por encima de la última cosecha, que de todas maneras tuvo un récord en volumen de 110 millones de toneladas).
Esto demandará inversión en infraestructura por parte del sector público. Sin el desarrollo de nuevas rutas, caminos rurales, la extensión y mejora del ferrocarril, así como la disponibilidad de oferta de energía y combustibles a
precios razonables de mercado, los costos de producción permanecerán altos en comparación con estándares internacionales afectando la competitividad del sector.
La inversión privada en infraestructura (principalmente, puertos y almacenaje) fue en buena medida ya realizada por los distintos actores del sector, a pesar de la fuerte presión impositiva que hubo en los últimos años.
El sector agropecuario argentino, clave como motorizador de economías regionales, tiene una gran potencialidad de desarrollo pero necesitará de inversiones para recuperar el camino perdido, especialmente en todo aquello que no sea soja.
Con la modificación de la estructura tributaria y el sinceramiento del valor del tipo de cambio, el Gobierno dio el primer paso. Cabe esperar ahora la respuesta de los productores en cuanto a la decisión de comercializar la cosecha almacenada (estimada en aproximadamente entre US$ 6000 y US$ 8000 millones) y en cuanto a sus futuras decisiones de inversión – lo que permitirá recuperar el terreno perdido.
