Quedaría trabado en el Senado el proyecto laboral que incorpora los tickets al salario
El 19 de diciembre, cuando la Cámara Alta trate el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que modifica el pago de tickets en los sueldos de los trabajadores, puede surgir la gran sorpresa: que sea cajoneado.
Los legisladores kirchneristas ya no están tan convencidos de la necesidad
de la medida y menos aún los sindicalistas, quienes recibieron claramente
el mensaje de las firmas emisoras de los vales: la incorporación al sueldo
restará margen de negociación para que la mayor inflación
sea reconocida en los convenios colectivos, que largan en febrero.
Haber sacado la iniciativa en la que trabaja desde hace rato el diputado Héctor
Recalde fue una decisión más política que práctica
y de ahí la felicitación presidencial al ladero del secretario
general de la CGT, Hugo Moyano.
Más allá de la cámara oculta denunciada por Recalde, que
mostró un presunto intento de soborno para detener la ley, arrecian las
presiones desde el propio seno del poder para, al menos, licuarla, bajo el argumento
de que aumentará los costos laborales sin beneficio alguno para los trabajadores.
Los teléfonos de la Casa Rosada y los Ministerios de Economía,
de Trabajo y Planificación, así como de la jefatura de Gabinete,
han venido sonando incesantemente los últimos días por llamadas
de los distintos contactos empresarios de diversas procedencias, que coincidieron
en transmitir su preocupación por los alcances de la medida.
El matrimonio presidencial considera ahora que la iniciativa que les “vendiera”
la dupla Moyano-Recalde sea efectivamente una herramienta para dotar a los trabajadores
de la actividad privada de un sistema de compensaciones no salariales que reemplacen
las inyecciones de dinero relacionadas directamente con la inflación.
O que sólo represente una cuota superior de poder para ellos, sin correlato
en los intereses reales de sus bases.
En la práctica, la desconfianza en los índices oficiales que,
se presume, ocultan una mayor erosión que la reconocida en el poder adquisitivo
de los sueldos lleva a los dirigentes a negociar porcentajes que reflejen la
sensación de deterioro y a no tener en cuenta otra clase de mejoras no
monetarias.
Las ´leyes Recalde´ incorporan los tickets alimentarios al salario, lo cual
incide en la modificación en los montos de las indemnizaciones establecidas
en la Ley de Riesgo de Trabajo; castiga las excesivas horas extras y el trabajo
en domingos y feriados; que en los de despedidos en casos fortuitos, los trabajadores
puedan exigir la mitad de la indemnización del despido sin causa; la
protección de testigos en los juicios laborales y la facultad del Ministerio
de Trabajo para resolver conflictos de encuadramiento convencional, entre otras.
También el sistema de pasantías educativas por un año.
Protestas empresarias
Dos compañías emisoras de vales de comida habían reiterado
a comienzos de semana que el proyecto impulsado por Recalde “no favorece
a nadie”. Se publicaron sendas solicitadas en las que las empresas Proms
y Arcidiácono calificaron además de “show político-publicitario”
la denuncia realizada por Recalde sobre haber recibido un intento de soborno
para frenar la sanción de la iniciativa.
El gerente general de Proms, Pablo Arturo Bulla, declaró que esa firma
“nada tiene ni ha tenido que ver con el presunto delito denunciado”
y lamentó “profundamente la errónea metodología empleada
por una empresa de la competencia para defender derechos que no son propios”.
Las empresas emisoras de tickets salieron a defender los beneficios de los
cupones destinados a la compra de comida. Bajo el título “Carta
abierta sobre la ley de tickets ¿a quién se quiere beneficiar?”,
la firma Arcidiacono S.A criticó con dureza el proyecto y expresó
que es “absurda la derogación de un beneficio social que resulta
ser un derecho adquirido para todos los trabajadores”.
El presidente de la firma, Rolando A. Martin, señaló que las
causas de la existencia de los tickets alimenticios -mediante los cuales se
paga a millones de trabajadores un porcentaje del sueldo que de abonarse en
efectivo sería remunerativo- “son totalmente ajenas a la contraprestación
brindada, y por lo tanto, son también ajenas al sistema salarial”.
La solicitada, publicada en “La Nación”, remarca, además,
que si se suprime el “beneficio recibido en vales cuantificables en dinero”
y se lo transforma en salario el trabajador se verá perjudicado porque
perderá “poder de negociación para solicitar o peticionar
futuros aumentos”.
Otra solicitada de la empresa Proms tildó a la denuncia de Recalde como
una movida política tendiente a la aprobación de una ley “carente
de fundamentos jurídicos, contraria al orden institucional y absolutamente
perjudicial para los trabajadores” y los gremios.
En el texto, firmado por el gerente general de la compañía, llama
la atención sobre: “De seguirse adelante con el proyecto de ley
tal cual ha sido pergeñado, advertimos según nuestro parecer que
se está gestando “una bomba de tiempo de carácter político-salarial”
que estallará en las manos de la reciente electa Sra. Presidente de la
Nación”.
Por más que desde el gobierno se haya desestimado la advertencia de
la firma francesa Sodexho de que se irá del país si sale la ley,
calificándola de operadora en un mercado financiero oligopólico,
lo cierto es que una reacción como esa para nada favorecería el
intento de reconciliación de Cristina Kirchner con el Club de París
y la comunidad financiera internacional.
De todos modos, la Cancillería haría una presentación
contra Sodexho dentro de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), para que se la investigue junto con Accor
por el posible delito de intento de soborno, según analizaron en el Ministerio
de Relaciones Exteriores Mariano y Héctor Recalde con asesores legales
de la cartera que maneja Taiana. Se repasó la forma en que se hará
la presentación ante la OCDE contra las compañías francesas.
La OCDE, uno de cuyos miembros es Francia, tiene la facultad de sancionar a
empresas multinacionales que hayan intentado sobornar a “agentes públicos”
de otros países, incluyendo legisladores, jueces y funcionarios de los
poderes ejecutivos. Antes, el gobierno deberá demostrar cuáles
son las empresas implicadas en el presunto acto.
Recalde aseguró en el recinto que entre Accor y Sodexho acumulan más
de 70% del mercado; lo cual, para el legislador, es una situación de
“oligopolio”, avalado por una resolución de 1991 (la 1065)
donde se les otorgarían beneficios de inscripción a las dos compañías
que impedirían el desarrollo de nuevas empresas en el rubro. Mencionó,
además, un decreto de diciembre del 89, donde sólo las empresas
con un año de antigüedad podrían sumarse al régimen
de tickets canasta.
Recalde fundamentó que, a medida que se vayan incorporando al salario
los tickets o vales de comida, se incrementarán los aportes previsionales
“y el 82% móvil va a estar más cerca” de aplicarse sobre
la jubilación. Y destacó que no existen casos concretos de países
donde los tickets canasta formen 20% del salario.
Denuncia radical
Un pedido de investigación al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, pidieron
los diputados radicales Fernando Chironi, Oscar Aguad y Julio Martínez,
junto con los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz, en el marco de la causa
iniciada por el diputado kirchnerista Héctor Recalde por el supuesto
intento de soborno para beneficiar a empresas de ticket canasta.
Martínez presentó un pedido de informes para determinar las razones
por las cuales, pocos días antes de que Recalde difundiera su denuncia
a los medios, Tomada había firmado una resolución para incrementar
el tope de 15 a 25 pesos diarios para el pago a los trabajadores con vales de
comida.
Los legisladores pidieron la misma información al Ministerio de Trabajo,
apelando al decreto 1172/03 de acceso a la información pública.
El Ministerio cuenta ahora con diez días hábiles para informar
y, en caso de no hacerlo, podrán llevar el reclamo ante la justicia.
Los legisladores kirchneristas ya no están tan convencidos de la necesidad
de la medida y menos aún los sindicalistas, quienes recibieron claramente
el mensaje de las firmas emisoras de los vales: la incorporación al sueldo
restará margen de negociación para que la mayor inflación
sea reconocida en los convenios colectivos, que largan en febrero.
Haber sacado la iniciativa en la que trabaja desde hace rato el diputado Héctor
Recalde fue una decisión más política que práctica
y de ahí la felicitación presidencial al ladero del secretario
general de la CGT, Hugo Moyano.
Más allá de la cámara oculta denunciada por Recalde, que
mostró un presunto intento de soborno para detener la ley, arrecian las
presiones desde el propio seno del poder para, al menos, licuarla, bajo el argumento
de que aumentará los costos laborales sin beneficio alguno para los trabajadores.
Los teléfonos de la Casa Rosada y los Ministerios de Economía,
de Trabajo y Planificación, así como de la jefatura de Gabinete,
han venido sonando incesantemente los últimos días por llamadas
de los distintos contactos empresarios de diversas procedencias, que coincidieron
en transmitir su preocupación por los alcances de la medida.
El matrimonio presidencial considera ahora que la iniciativa que les “vendiera”
la dupla Moyano-Recalde sea efectivamente una herramienta para dotar a los trabajadores
de la actividad privada de un sistema de compensaciones no salariales que reemplacen
las inyecciones de dinero relacionadas directamente con la inflación.
O que sólo represente una cuota superior de poder para ellos, sin correlato
en los intereses reales de sus bases.
En la práctica, la desconfianza en los índices oficiales que,
se presume, ocultan una mayor erosión que la reconocida en el poder adquisitivo
de los sueldos lleva a los dirigentes a negociar porcentajes que reflejen la
sensación de deterioro y a no tener en cuenta otra clase de mejoras no
monetarias.
Las ´leyes Recalde´ incorporan los tickets alimentarios al salario, lo cual
incide en la modificación en los montos de las indemnizaciones establecidas
en la Ley de Riesgo de Trabajo; castiga las excesivas horas extras y el trabajo
en domingos y feriados; que en los de despedidos en casos fortuitos, los trabajadores
puedan exigir la mitad de la indemnización del despido sin causa; la
protección de testigos en los juicios laborales y la facultad del Ministerio
de Trabajo para resolver conflictos de encuadramiento convencional, entre otras.
También el sistema de pasantías educativas por un año.
Protestas empresarias
Dos compañías emisoras de vales de comida habían reiterado
a comienzos de semana que el proyecto impulsado por Recalde “no favorece
a nadie”. Se publicaron sendas solicitadas en las que las empresas Proms
y Arcidiácono calificaron además de “show político-publicitario”
la denuncia realizada por Recalde sobre haber recibido un intento de soborno
para frenar la sanción de la iniciativa.
El gerente general de Proms, Pablo Arturo Bulla, declaró que esa firma
“nada tiene ni ha tenido que ver con el presunto delito denunciado”
y lamentó “profundamente la errónea metodología empleada
por una empresa de la competencia para defender derechos que no son propios”.
Las empresas emisoras de tickets salieron a defender los beneficios de los
cupones destinados a la compra de comida. Bajo el título “Carta
abierta sobre la ley de tickets ¿a quién se quiere beneficiar?”,
la firma Arcidiacono S.A criticó con dureza el proyecto y expresó
que es “absurda la derogación de un beneficio social que resulta
ser un derecho adquirido para todos los trabajadores”.
El presidente de la firma, Rolando A. Martin, señaló que las
causas de la existencia de los tickets alimenticios -mediante los cuales se
paga a millones de trabajadores un porcentaje del sueldo que de abonarse en
efectivo sería remunerativo- “son totalmente ajenas a la contraprestación
brindada, y por lo tanto, son también ajenas al sistema salarial”.
La solicitada, publicada en “La Nación”, remarca, además,
que si se suprime el “beneficio recibido en vales cuantificables en dinero”
y se lo transforma en salario el trabajador se verá perjudicado porque
perderá “poder de negociación para solicitar o peticionar
futuros aumentos”.
Otra solicitada de la empresa Proms tildó a la denuncia de Recalde como
una movida política tendiente a la aprobación de una ley “carente
de fundamentos jurídicos, contraria al orden institucional y absolutamente
perjudicial para los trabajadores” y los gremios.
En el texto, firmado por el gerente general de la compañía, llama
la atención sobre: “De seguirse adelante con el proyecto de ley
tal cual ha sido pergeñado, advertimos según nuestro parecer que
se está gestando “una bomba de tiempo de carácter político-salarial”
que estallará en las manos de la reciente electa Sra. Presidente de la
Nación”.
Por más que desde el gobierno se haya desestimado la advertencia de
la firma francesa Sodexho de que se irá del país si sale la ley,
calificándola de operadora en un mercado financiero oligopólico,
lo cierto es que una reacción como esa para nada favorecería el
intento de reconciliación de Cristina Kirchner con el Club de París
y la comunidad financiera internacional.
De todos modos, la Cancillería haría una presentación
contra Sodexho dentro de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), para que se la investigue junto con Accor
por el posible delito de intento de soborno, según analizaron en el Ministerio
de Relaciones Exteriores Mariano y Héctor Recalde con asesores legales
de la cartera que maneja Taiana. Se repasó la forma en que se hará
la presentación ante la OCDE contra las compañías francesas.
La OCDE, uno de cuyos miembros es Francia, tiene la facultad de sancionar a
empresas multinacionales que hayan intentado sobornar a “agentes públicos”
de otros países, incluyendo legisladores, jueces y funcionarios de los
poderes ejecutivos. Antes, el gobierno deberá demostrar cuáles
son las empresas implicadas en el presunto acto.
Recalde aseguró en el recinto que entre Accor y Sodexho acumulan más
de 70% del mercado; lo cual, para el legislador, es una situación de
“oligopolio”, avalado por una resolución de 1991 (la 1065)
donde se les otorgarían beneficios de inscripción a las dos compañías
que impedirían el desarrollo de nuevas empresas en el rubro. Mencionó,
además, un decreto de diciembre del 89, donde sólo las empresas
con un año de antigüedad podrían sumarse al régimen
de tickets canasta.
Recalde fundamentó que, a medida que se vayan incorporando al salario
los tickets o vales de comida, se incrementarán los aportes previsionales
“y el 82% móvil va a estar más cerca” de aplicarse sobre
la jubilación. Y destacó que no existen casos concretos de países
donde los tickets canasta formen 20% del salario.
Denuncia radical
Un pedido de investigación al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, pidieron
los diputados radicales Fernando Chironi, Oscar Aguad y Julio Martínez,
junto con los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz, en el marco de la causa
iniciada por el diputado kirchnerista Héctor Recalde por el supuesto
intento de soborno para beneficiar a empresas de ticket canasta.
Martínez presentó un pedido de informes para determinar las razones
por las cuales, pocos días antes de que Recalde difundiera su denuncia
a los medios, Tomada había firmado una resolución para incrementar
el tope de 15 a 25 pesos diarios para el pago a los trabajadores con vales de
comida.
Los legisladores pidieron la misma información al Ministerio de Trabajo,
apelando al decreto 1172/03 de acceso a la información pública.
El Ministerio cuenta ahora con diez días hábiles para informar
y, en caso de no hacerlo, podrán llevar el reclamo ante la justicia.
