También pasaría al gobierno federal la responsabilidad de encontrar depósitos mineros y crearía una agencia para subastar bloques y aplicar importantes tarifas para quienes se los adjudiquen, con un modelo similar al que usa el regulador petrolero brasileño, según un artículo publicado por The Wall Street Journal, con la colaboración de Anthony Harrup y Alex MacDonald.
El proyecto de ley de la presidenta Dilma Rousseff ha provocado escenas poco usuales en Brasilia, donde cientos de geólogos, temerosos de que la reforma minera los deje sin trabajo, salieron a las calles a protestar.
Los detractores del proyecto de ley sostienen que el negocio minero suele tener menores márgenes de ganancias que el sector energético con un alto riesgo de inversión. Por cada 1.000 lugares que podrían tener potencial minero, solo 100 son explorados y apenas uno se convierte en una mina.
Pedro Jacobi, ex gerente de Rio Tinto que ahora dirige varias mineras junior en el norte de Brasil, afirma que el proceso para obtener licencias de exploración perjudicará a las empresas más pequeñas, cuyo mayor activo es su información pero tienen problemas para competir con multinacionales más acaudaladas como la brasileña Vale SA.
“Todos en Brasil, incluso la competencia, saben cuándo quieres, los derechos sobre un área para (buscar) oro o plata o mineral de hierro, y pueden ir allí y competir en una subasta”, afirma Jacobi, quien se sumó a las protestas. “Si soy una empresa junior y voy a hacer una oferta contra Vale, no voy a ganar nunca”.
Los defensores del proyecto de ley aseguran que busca desalentar a los especuladores que, bajo el sistema actual, tienen mucha facilidad para proclamar derechos mineros sin desarrollar los proyectos.
Gobiernos desde Australia hasta México tomaron medidas en los últimos años para aumentar su tajada en la minería, conforme la creciente demanda china de metales alimentó suculentas ganancias para las mineras globales.
Pero ahora el panorama se ha nublado para la economía china, la Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para reducir su programa de estímulo, que propulsó algunas inversiones, y las mineras tienen poco efectivo.
Eso significa que las autoridades deben encontrar el equilibrio entre perder ingresos por recursos naturales y ahuyentar a los inversionistas.
México también está proponiendo imponer tarifas para las mineras que dejan inactivas concesiones durante dos años consecutivos, al sostener que retrasa el desarrollo y provoca la pérdida de ingresos para el gobierno.
“Los gobiernos están tres años detrás de la curva de la industria”, afirma Harry Robinson, consultor especializado en minería en McKinsey & Co. “Ahora estamos en un período donde vamos a registrar márgenes sostenidamente más bajos”.
Los precios del oro, el cobre, el mineral de hierro y otros metales han tenido problemas para estabilizarse tras los máximos de 2011.
Las mineras globales pagaron de más por activos durante el auge, lo que luego se tradujo en rebajas contables de miles de millones de dólares. Las empresas respondieron recortando costos, vendiendo negocios no fundamentales y concentrando el gasto de capital en sus proyectos más prometedores.
Pero los tiempos que corren son especialmente difíciles para las “mineras junior”, startups que suelen vender acciones en Toronto o Londres para recaudar efectivo para tareas de exploración, con la esperanza de encontrar un yacimiento que las haga ricas. Esas firmas levantaron 889,2 millones de dólares canadienses (US$863,1 millones) en la bolsa TSX Venture de Toronto hasta agosto, un descenso desde los 1.860 millones de dólares canadienses un año antes y 4.960 millones de la misma moneda en ese período de 2011.
“Para nosotros, es más fácil invertir en Internet o telefonía móvil porque el capital inicial es menor que en la minería”, explica Siegberto Schenk, socio de Gávea Angels, un grupo de inversión con sede en Rio de Janeiro. La firma considera invertir entre US$1.500 millones y US$3.000 millones en un proyecto para buscar minerales raros u oro, pero está preocupada por un proyecto de ley en Brasil que elevaría las regalías del gobierno.
“Después de estas regulaciones que proponen, creo que la minería será sólo para las empresas de las grandes ligas”, agrega.
En regiones emergentes como América Latina, la creciente clase media demanda un mayor cumplimiento de las regulaciones medioambientales y un mayor gasto social por los gobiernos y las mineras, afirma Robert Johnston, director de recursos naturales de la consultora de riesgo Eurasia Group.
El gobierno mexicano señala que no pudo beneficiarse de las ganancias inesperadas que cosecharon las mineras gracias al auge de los precios de los commodities y ahora propone un impuesto adicional de 7,5% sobre las utilidades, así como otro 0,5% sobre los ingresos de la venta de oro, plata y platino. La mitad del dinero recaudado sería destinada a programas de desarrollo en zonas mineras.
Sergio Almazán, director del grupo comercial mexicano de la industria minera Camimex, señala que los nuevos impuestos podrían hacer que la inversión caiga más de la mitad en los próximos años.
