El Ministerio del Interior envió señales de alerta a las fuerzas de seguridad para que diseñen esquemas de prevención frente a una posible catarata de cortes de ruta y otras medidas de protesta.
El informe que envío la cartera política, contiene detalles de una asamblea que se habría desarrollado hace diez días atrás en un local sindical de la Capital, a la que habrían concurrido unos 400 activistas que actuaron este año en los distintos piquetes que se realizaron a lo largo del país.
La convocatoria es atribuida a cuatro agrupaciones enroladas en la izquierda radicalizada: la Corriente Clasista y Combativa (liderada por el “Perro” Santillán), Quebracho, el Partido Obrero y Patria Libre.
Los funcionarios le dieron credibilidad al texto después de comprobar la coordinación con la que actuaron esos grupos en las protestas realizadas frente a supermercados de todo el país, antes de Navidad.
Esa acción figuraba en el documento como una supuesta primera etapa de la escalada que prepararían los piqueteros.
El Gobierno considera que no existen condiciones para un estallido social y que podrá dar contención a los sectores más postergados por los efectos favorables del blindaje financiero.
Ahora analiza cambiar la actitud frente a los piquetes: en lugar de sofocarlos con alimentos y planes de empleo, recurriría a la vía judicial, sobre todo si se bloquea el tránsito en puntos neurálgicos del país.
El Ministerio del Interior envió señales de alerta a las fuerzas de seguridad para que diseñen esquemas de prevención frente a una posible catarata de cortes de ruta y otras medidas de protesta.
El informe que envío la cartera política, contiene detalles de una asamblea que se habría desarrollado hace diez días atrás en un local sindical de la Capital, a la que habrían concurrido unos 400 activistas que actuaron este año en los distintos piquetes que se realizaron a lo largo del país.
La convocatoria es atribuida a cuatro agrupaciones enroladas en la izquierda radicalizada: la Corriente Clasista y Combativa (liderada por el “Perro” Santillán), Quebracho, el Partido Obrero y Patria Libre.
Los funcionarios le dieron credibilidad al texto después de comprobar la coordinación con la que actuaron esos grupos en las protestas realizadas frente a supermercados de todo el país, antes de Navidad.
Esa acción figuraba en el documento como una supuesta primera etapa de la escalada que prepararían los piqueteros.
El Gobierno considera que no existen condiciones para un estallido social y que podrá dar contención a los sectores más postergados por los efectos favorables del blindaje financiero.
Ahora analiza cambiar la actitud frente a los piquetes: en lugar de sofocarlos con alimentos y planes de empleo, recurriría a la vía judicial, sobre todo si se bloquea el tránsito en puntos neurálgicos del país.
