¿Por qué la inflación puede ser una “aliada” del Gobierno?
El financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria desde el 2020 es la principal causa de la elevada inflación actual. Esta emisión, al causar inflación disminuye el poder adquisitivo del dinero de los particulares; el fenómeno actúa de manera similar a un impuesto.
Por Ariel Barraud y Tania Belén Paladini (*)
La inflación erosiona el poder de compra del dinero y, obviamente, su aceleración implica una pérdida más veloz del mismo.
Puede hacerse una descripción esquemática del fenómeno suponiendo una tasa de inflación anual del 100%. El poder de compra en productos que tenía, al inicio de ese año, un billete de $1.000 al final del período se reduciría a la mitad, sería el equivalente a lo que hubieran comprado $500 a inicio de año. Es decir, quien se quedó con la plata en la mano perdió $500.
En la Argentina hoy hay impresos $5,5 billones (la “base monetaria” que representa alrededor de un 3,5% del PIB). Siguiendo con nuestro ejemplo de una inflación anual del 100%, todos esos billetes circulantes transcurrido un año podrán comprar la mitad de lo que adquieren hoy. Si los individuos ajustaran su tenencia de dinero (técnicamente si la demanda de dinero no cambiara) para comprar los mismos bienes que a inicios de año, deberían tener en su poder el doble de billetes: $11 billones.
Una fuente de financiamiento a mano
La principal fuente de financiamiento del Estado son los impuestos cobrados por los distintos niveles de gobierno. Cuando no resultan suficientes para cubrir el gasto, se recurre al endeudamiento. El gobierno nacional dispone de una herramienta adicional, su capacidad de emitir moneda a través de la autoridad monetaria (en Argentina, el BCRA).
Cuando el BCRA emite moneda para financiar al Tesoro, se está en presencia del “señoreaje” que es el ingreso real que obtiene el Gobierno por la expansión monetaria.
La emisión excesiva genera inflación y la misma hace que el dinero en poder del público y los bancos, cuando no es invertido, pierde capacidad de compra. Esa pérdida del valor real puede asimilarse a un impuesto ya que tiene elementos en común con los tributos: hay una base imponible (Base Monetaria) y una alícuota impositiva (la tasa de variación de los precios). De aquí surge el término “impuesto inflacionario”.
Aunque no son equivalentes, al concepto de “impuesto inflacionario” se lo suele usar como sinónimo del de “señoreaje”. Esta especie de impuesto no legislado se genera básicamente cuando la emisión para financiar al fisco no está respaldada por el crecimiento de la economía que aumenta la demanda real de dinero. Es decir, resulta espuria y genera inflación.
El mecanismo es similar al utilizado por los monarcas y señores feudales de la Edad Media, cuando limaban las monedas de oro y plata y con el metal resultante financiaban sus gastos.
En la actualidad, el Gobierno argentino usa la emisión monetaria para financiar diversas políticas y la parte de su déficit que, dado el contexto de alta informalidad y desconfianza creciente, no puede solventar con la recaudación tributaria o deuda.
Inflación y su impacto
El Estado, dueño del monopolio de la emisión monetaria, cuenta con la facultad de poder expandir o contraer la Base Monetaria.
En este informe, para el cálculo del “impuesto inflacionario” se utilizaron los datos de la Base Monetaria y no del agregado monetario más líquido (denominado M1), ya que el segundo contiene no sólo la circulación monetaria sino también los depósitos a la vista de los agentes económicos en los bancos, actores que en un sistema de dinero fraccionario tienen la capacidad de creación de dinero secundario, y que se benefician también de la licuación de sus pasivos no remunerados por la inflación. Sin embargo, dejamos este componente de lado ya que no forma parte del foco del presente análisis.
La inflación acumulada entre enero del 2020 y mayo del 2023 fue del 455%. En el mismo período, hubo un crecimiento del 219% de la Base Monetaria.
La evolución del “impuesto inflacionario” durante el periodo de análisis exhibe una inclinación creciente.
Considerando la pérdida del poder de compra de la base monetaria, el “impuesto inflacionario” representó, en el 2020, un 2,5% en relación al PIB, teniendo para finales del 2022, un aumento de 1 p.p. del Producto.
El punto máximo de la serie se observó en el tercer trimestre del 2022, cuando alcanzó un valor del 1% del PIB el que se asemeja al primer trimestre del 2023, cuando llegó al 0,9% (+0,2 p.p. en relación al trimestre anterior).
Como se explica en párrafos anteriores, la pérdida del valor real del dinero puede ser entendido como un impuesto. Por ello, es válido realizar la comparación con otros tributos nacionales. El “impuesto inflacionario” fue el concepto que más se incrementó en los últimos tres años: en el 2022 llegó a presentar un nivel similar a los gravámenes sobre el comercio internacional (3,2%). Mostró una variación de +1,4 p.p. en el período 2020-2022.
Para el corriente año, se estima que se mantendrá la relevancia del fenómeno, siempre que no haya una aceleración de la inflación que genere cambios bruscos en la demanda de dinero.
A su vez, para tener una noción de la relevancia del fenómeno, en comparación con los recursos tributarios de las cinco provincias que más recaudaron el año pasado, el impacto de la inflación sobre la Base Monetaria equivalió al 3,4% del PIB, semejante a las recaudaciones propias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Que la inflación permita al Gobierno un espacio para hacerse de recursos con la impresión y puesta en circulación de billetes, y así financiar sus políticas, es un factor sumamente regresivo y distorsivo, que genera problemas de eficiencia y de equidad ya que se reduce la capacidad de compra de la población receptora de estos pesos.
En este sentido, el fenómeno afecta en mayor medida a los deciles más bajos y a grupos como los jubilados, debido a que sus ingresos suelen resultar ajustados con rezago frente a la inflación, y a que conservan sus ahorros en pesos porque tienen menor acceso a fuentes alternativas de inversión que les permitiría proteger, aunque sea en parte, sus ingresos.
(*) Ariel Barraud es Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba y Tania Belén Paladini es Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.