El gobierno reconoce que habrá aumentos en las tarifas
Según Eduardo Amadeo, las tarifas de luz, agua y gas tendrán "un pequeño aumento", porque de lo contrario las empresas concesionarias deberán aplicar "cortes en los servicios por falta de mantenimiento".
No obstante, Amadeo ratificó que no habrá incrementos en los
hogares de menores consumos.
En tanto, durante esta semana los entes reguladores de
electricidad y gas convocarán a audiencias públicas para debatir
el eventual aumento junto con las empresas, funcionarios del
gobierno y entidades de usuarios.
Estas audiencias empezarán dos semanas después de su
publicación y por eso se estima que los aumentos no podrán ser
aplicados antes de noviembre próximo, siempre que este proceso no
se frustre por probables presentaciones judiciales que estarían
elaborando entidades de usuarios y consumidores.
El Gobierno, por su parte, decidió recurrir una medida cautelar
dictada a fines del mes pasado por la jueza Claudia Rodríguez
Vidal, que suspendió la convocatoria a audiencias públicas.
Ahora el fallo deberá ser analizado por la Cámara en lo
Contencioso Administrativo.
El vicejefe de Gabinete admitió que “tiene que haber aumentos,
porque si no habrá cortes”, y agregó que las subas en las boletas
“no tienen que ser altas, porque si no traerá inflación y sufrirá
el bolsillo de los sectores medios”.
Amadeo dijo en el marco de la negociación con el FMI, en el
punto donde se discute la actualización de las boletas de luz,
agua y gas, el Gobierno decidió incluir la aplicación de una
“tarifa social”.
Las empresas privatizadas vienen reclamando una “readecuación”
en los cuadros tarifarios para compensar los mayores costos que
les provocó la salida de la convertibilidad y la devaluación.
Por ejemplo, en el sector de energía eléctrica, se produjeron
incrementos de costos de hasta el 90 por ciento durante el segundo
semestre de 2002.
Según estimaciones privadas, la aplicación de la tarifa social
eximiría del aumento a alrededor del 50 por ciento de los
usuarios.
No obstante, Amadeo ratificó que no habrá incrementos en los
hogares de menores consumos.
En tanto, durante esta semana los entes reguladores de
electricidad y gas convocarán a audiencias públicas para debatir
el eventual aumento junto con las empresas, funcionarios del
gobierno y entidades de usuarios.
Estas audiencias empezarán dos semanas después de su
publicación y por eso se estima que los aumentos no podrán ser
aplicados antes de noviembre próximo, siempre que este proceso no
se frustre por probables presentaciones judiciales que estarían
elaborando entidades de usuarios y consumidores.
El Gobierno, por su parte, decidió recurrir una medida cautelar
dictada a fines del mes pasado por la jueza Claudia Rodríguez
Vidal, que suspendió la convocatoria a audiencias públicas.
Ahora el fallo deberá ser analizado por la Cámara en lo
Contencioso Administrativo.
El vicejefe de Gabinete admitió que “tiene que haber aumentos,
porque si no habrá cortes”, y agregó que las subas en las boletas
“no tienen que ser altas, porque si no traerá inflación y sufrirá
el bolsillo de los sectores medios”.
Amadeo dijo en el marco de la negociación con el FMI, en el
punto donde se discute la actualización de las boletas de luz,
agua y gas, el Gobierno decidió incluir la aplicación de una
“tarifa social”.
Las empresas privatizadas vienen reclamando una “readecuación”
en los cuadros tarifarios para compensar los mayores costos que
les provocó la salida de la convertibilidad y la devaluación.
Por ejemplo, en el sector de energía eléctrica, se produjeron
incrementos de costos de hasta el 90 por ciento durante el segundo
semestre de 2002.
Según estimaciones privadas, la aplicación de la tarifa social
eximiría del aumento a alrededor del 50 por ciento de los
usuarios.
