El Senado mexicano discute este martes ante el pleno un dictamen que contempla una nueva estructura para el órgano directivo de Pemex.
Los legisladores del PRI y el PAN añadieron al artículo 20 transitorio un apartado que señala que el Consejo de la petrolera estará integrado por 10 miembros: cinco representantes del Estado –incluyendo al ministro de Energía— y cinco consejeros independientes. No queda rastro del sindicato.
Actualmente, el Consejo de Administración de Pemex está compuesto por 15 integrantes: seis representantes del Estado, cuatro consejeros profesionales independientes y cinco miembros del sindicato.
El acuerdo entre el Gobierno y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN, de derechas) ha borrado a la cúpula del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), donde han estado durante 75 años y donde hacen valer su influencia al ser dueños, hasta hoy, de cinco de las 15 plazas que lo conforman.
El golpe asestado a la dirigencia sindical disminuirá significativamente la gigantesca influencia que tiene la organización, de 130.000 agremiados, en el destino de la principal empresa pública mexicana. Esta era una de las condiciones “irreductibles” impuestas por el PAN al Gobierno para apoyar la reforma.
De esta forma, aseguran los panistas, se suelta lastre en Pemex. “Hay que reestructurar de manera integral el manejo de la empresa. Y aquí no solo juega un papel el sindicato. Hay que permitir que se maneje de forma competitiva y no como gobierno, con todo lo que esto involucra”, asegura el senador Jorge Luis Lavalle, uno de los principales negociadores de la reforma.
Con el golpe al sindicato petrolero, Peña Nieto confirma su fama de pragmático, pero su partido tendrá que procesar en las próximas hora ese espinoso tema. Para aprobar la reforma, los priístas tendrán que votar en contra de una de sus organizaciones sindicales más cercanas y de las que más se han aprovechado.
En 2003 el actual líder sindical y hoy senador por el PRI, Carlos Romero Deschamps, fue acusado de desviar 1.500 millones de pesos (116 millones de dólares) del sindicato a la candidatura presidencial de Francisco Labastida (PRI) en el año 2000, un hecho que se conoció como el Pemexgate.
Y desde hace años, el estilo ostentoso de Romero Deschamps y de su familia ha sido ventilado por medios nacionales.
Por ejemplo, el periódico Reforma publicó que uno de sus hijos compró dos residencias de lujo en Miami por siete millones de dólares. Y antes se había dado a conocer que el líder sindical, que gana unos 25.000 pesos (2.000 dólares) mensuales por su trabajo en Pemex, había regalado un automóvil de dos millones de dólares a su vástago.
El PRI había negado una y otra vez la existencia de un acuerdo con la derecha para cortar la influencia del sindicato. Este lunes, sin embargo, un panista confirmó que la salida del Consejo ya era un hecho.
Empresas productivas
Además del golpe al sindicato, la reforma energética supondrá otros retos para Petróleos Mexicanos (PEMEX) y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tienen un camino cuesta arriba una vez que se apruebe esta histórica ley.
El dictamen da un plazo de dos años para que se conviertan en empresas productivas poniendo fin a vicios y malas prácticas que han minado su desempeño en las últimas décadas.
El Congreso mexicano tendrá 120 días, una vez que se apruebe la reforma, para modificar los marcos jurídicos de las empresas descentralizadas mexicanas y convertirlas en “empresas competitivas”.
Los fantasmas que Pemex se ha tratado de sacudir durante años están aún ahí a la espera de ser eliminados. Uno de ellos es su régimen fiscal.
En 2012 la compañía tributó más de 900.000 millones de pesos (70.000 millones de dólares), lo que representa el 67.4% de sus ingresos. La cifra es mucho mayor a lo que destinaron empresas similares en impuestos: La colombiana Ecopetrol pagó 11% y la venezolana PDVSA el 40%. “Es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación internacional”, apuntó el analista Carlos Huerta, asesor de los consejeros de Pemex, en un reporte sobre los desafíos y opciones de la industria.
La transformación de Pemex “no se va a lograr”, dice Mario Delgado, senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) y exsecretario de Finanzas del Distrito Federal. “Se le deja el actual régimen fiscal. Es decir, no se plantea que vaya a cambiar absolutamente nada”, dice. Las estimaciones de este legislador aseguran que Pemex podría ser la segunda empresa del mundo según su valor de exploración si se evalúa bajo el régimen tributario de Estados Unidos.
La supervivencia para PEMEX no será sencilla en el mundo competitivo. Delgado cree que habrá una situación de “clara desventaja”, según expuso en la discusión del dictamen, entre la empresa mexicana y las nuevas contratistas que comenzarán a trabajar después de la aprobación de la reforma.
El artículo sexto transitorio del dictamen indica que la Secretaría de Hacienda “será la encargada de establecer las condiciones fiscales” de los particulares.
