Nuevo fracaso del PJ por desactivar el juicio político a la Corte

La propuesta de devolver el expediente en revisión que ayer
habían firmado los miembros de la comisión de Juicio Político fue
motivo de negociaciones políticas entre las diferentes bancadas.

Sin embargo, esas discusiones no llegaron a buen puerto ante la
intransigencia de ambas partes que se negaban a aceptar la
propuesta rival: la oposición quería imponer el regreso del
dictamen a comisión y el oficialismo pugnaba por votar una
preferencia para tratar el tema con prioridad en la próxima
sesión.

Cuando el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, planteó
la posibilidad de discutir el regreso a comisión del dictamen
acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el
peronismo salió al cruce y reclamó aprobar antes la moción de
preferencia para tratar la cuestión de fondo.

“Estamos de acuerdo, pero primero queremos que se apruebe la
moción de preferencia que pedimos nosotros”, respondió Humberto
Roggero, presidente del bloque justicialista, a la propuesta de
Camaño.

Esto llevó a un breve “cuarto intermedio” para negociar una
salida política que permitiera destrabar la situación, mientras
poco menos de 100 legisladores esperaban en el recinto.

Las discusiones fuera del recinto no dieron resultado, por lo
que el propio Camaño debió volver al estrado de la Presidencia de
la Cámara baja para confirmar el fracaso del intento por retomar
el cuarto intermedio al que había pasado la sesión la semana
pasada.

Esta es la curta vez consecutiva, con tres intentos en el
recinto, que peronistas y radicales no se ponen de acuerdo y hacen
fracasar una sesión de Diputados.

Es que para el justicialismo se ha convertido en una necesidad
imperiosa desactivar el juicio político debido a que la Corte
Suprema esgrime como una espada de Damocles la posibilidad de
fallar contra la pesificación dispuesta por el gobierno de Eduardo
Duhalde.

Sin embargo, el radicalismo, el ARI, un grupo de peronistas
disidentes y los partidos de izquierda se niegan a que el
justicialismo entierre definitivamente el trabajo realizado por la
comisión de juicio político.

Esto es así debido a que esas fuerzas no reunen los dos tercios
de los votos de los diputados presentes que se necesitan para
aprobar la acusación y trasladar el expediente al Senado, que en
estos casos oficia de cámara de sentencia.

Ese es el punto fuerte de la estrategia del PJ, que sabe que en
cuanto el tema sea debatido en el recinto la simple moción de
votar el dictamen hará caer el juicio contra los jueces del máximo
tribunal.

Como contrapartida, los partidos que impulsan la acusación
tienen a su favor la herramienta del quórum, único instrumento con
el que, hasta ahora, han podido contener la ofensiva del PJ.

La propuesta de devolver el expediente en revisión que ayer
habían firmado los miembros de la comisión de Juicio Político fue
motivo de negociaciones políticas entre las diferentes bancadas.

Sin embargo, esas discusiones no llegaron a buen puerto ante la
intransigencia de ambas partes que se negaban a aceptar la
propuesta rival: la oposición quería imponer el regreso del
dictamen a comisión y el oficialismo pugnaba por votar una
preferencia para tratar el tema con prioridad en la próxima
sesión.

Cuando el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, planteó
la posibilidad de discutir el regreso a comisión del dictamen
acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el
peronismo salió al cruce y reclamó aprobar antes la moción de
preferencia para tratar la cuestión de fondo.

“Estamos de acuerdo, pero primero queremos que se apruebe la
moción de preferencia que pedimos nosotros”, respondió Humberto
Roggero, presidente del bloque justicialista, a la propuesta de
Camaño.

Esto llevó a un breve “cuarto intermedio” para negociar una
salida política que permitiera destrabar la situación, mientras
poco menos de 100 legisladores esperaban en el recinto.

Las discusiones fuera del recinto no dieron resultado, por lo
que el propio Camaño debió volver al estrado de la Presidencia de
la Cámara baja para confirmar el fracaso del intento por retomar
el cuarto intermedio al que había pasado la sesión la semana
pasada.

Esta es la curta vez consecutiva, con tres intentos en el
recinto, que peronistas y radicales no se ponen de acuerdo y hacen
fracasar una sesión de Diputados.

Es que para el justicialismo se ha convertido en una necesidad
imperiosa desactivar el juicio político debido a que la Corte
Suprema esgrime como una espada de Damocles la posibilidad de
fallar contra la pesificación dispuesta por el gobierno de Eduardo
Duhalde.

Sin embargo, el radicalismo, el ARI, un grupo de peronistas
disidentes y los partidos de izquierda se niegan a que el
justicialismo entierre definitivamente el trabajo realizado por la
comisión de juicio político.

Esto es así debido a que esas fuerzas no reunen los dos tercios
de los votos de los diputados presentes que se necesitan para
aprobar la acusación y trasladar el expediente al Senado, que en
estos casos oficia de cámara de sentencia.

Ese es el punto fuerte de la estrategia del PJ, que sabe que en
cuanto el tema sea debatido en el recinto la simple moción de
votar el dictamen hará caer el juicio contra los jueces del máximo
tribunal.

Como contrapartida, los partidos que impulsan la acusación
tienen a su favor la herramienta del quórum, único instrumento con
el que, hasta ahora, han podido contener la ofensiva del PJ.