No educará ni cuidará la salud, pero el estado quiere la renta del campo para “protegerlo”

Tan comprometido con el futuro está el INTA, que junto con el INTI pasaron a la órbita del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que su titular, Carlos Cheppi, sigue adscripto al coto de caza de Julio de Vido y se dedica a justificar las retenciones móviles. 
Al frente del organismo que imaginara Cristina Kirchner en diciembre último para enrolar su gestión con el progreso antes que con el progresismo designó a un burócrata de carrera (estaba al frente de la Agencia de Promoción Científica), a quien no le dan arte ni parte de lo que sucede en los máximos entes del agro y la industria, como tampoco la remodelación de las bodegas Giol, adonde se concentrará el polo tecnológico nacional, dependiente del Estado.
Pero mientras espera entrar en funciones efectivamente algún día, Lino Barañao es espectador de lo que opina un subalterno en el staff, como Cheppi, sobre innovación productiva, aunque afectada a las retenciones móviles, conforme al libreto setentista esgrimido por el ex presidente Néstor Kirchner. Y eso que el INTA, al decir del silente ministro antes de asumir, representaba la estructura tradicional argentina, en la que “priva el criterio de homogeneidad interna versus con el sector productivo”.
El organismo formalmente dependiente de Ciencia y Tecnología atribuyó a la excesiva renta (de acuerdo con los parámetros internacionales) que se llevan tanto el locador de la tierra como quien la trabaja que no haya quedado margen para fertilizar y que la consecuencia es la degradación de los suelos.
Según Cheppi (y por omisión Barañao), en el campo ganan muy buena plata, pero los ingresos de esta campaña no alcanzarán a cubrir los costos de la que vendrá.
Su cuenta fue la siguiente: “Está la renta de los propietarios de la tierra, que hoy están cobrando en las mejores zonas US$ 600 por hectárea (unos 20 qq/ha de soja a los valores actuales), y la renta del que produce la tierra; 60% de la agricultura en el país se hace por arrendamiento, mientras que ningún país del mundo supera el 30% en ese sentido”.

El razonamiento: “El propietario quiere cobrar US$ 600 y el que trabaja la tierra quiere ganar US$ 300 por hectárea: estamos hablando de US$ 900 de renta en total”.La reflexión: “¿Por qué no se fertiliza o se fertiliza menos? Porque a los valores de la cosecha anterior (una suma de) US$ 300 (por hectárea) es lo que se debería fertilizar; entonces (si el arrendatario) fertiliza pierde renta, pierde (además) un poco de rinde, total la Pampa Húmeda todavía aguanta”. La conclusión: “Esto lo venimos alertando, sobre los balances de carbono y de nutrientes de los suelos arrendados, porque ojo, el suelo es un bien de la nación y de la Patria, por eso tenemos que generar políticas para revertir esta situación”, explicó. En este punto, el hombre que responde al ministro de Planificación y es candidato a reemplazar al desgastado secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, fundamentó su opinión de que reducir las retenciones no sería un buen método para mejorar la fertilización. Lo justificó en que “el dueño del campo (de las mejores regiones agrícolas argentinas) no se conformaría con US$ 600, sino que pediría US$ 800 o más”. O sea, querría ganar más, de acuerdo con su enfoque.El Estado ausenteAun si se aceptara la idea, la duda que nadie hoy estaría en condiciones de responder con algún optimismo es si el Estado se encuentra preparado para hacerse cargo de esas inversiones en tecnología, cuando sus deficiencias en áreas sensibles como educación, salud o seguridad lejos están de inspirar confianza respecto de nuevas intervenciones.Cheppi prefiere enfocar el tema por el flanco privado: “Esto no es sustentable; lo de la renta extraordinaria viene por ese lado, porque quien arrienda el campo no tiene que reinvertir nada para volver a cobrar el año siguiente; este es, a nuestro entender, uno de los grandes problemas, porque cuando se analiza la estructura de costos, fertilizantes y agroquímicos en general no supera el 20% (del total), mientras que los arrendamientos representan entre el 36% y el 40%, dependiendo de la zona”, afirmó. Ahí fundamenta la mayor injerencia estatal sobre el campo, eje que el gobierno pretende imponer en sustitución del fiscal, el que a su vez justificara en necesidades sociales de morosa atención. Afirma no saber si alcanza con una ley de arrendamiento como la proyectada.

“Técnicos del INTA me dicen que la soja en este contexto (porque la soja no es mala per se, es lechicida, vaquicida, triguicida, maicida) avanza porque es el parámetro de la economía agropecuaria, todo el proceso económico (del agro) se referencia en quintales de soja”, dice. 
“Este modelo económico necesita del Estado interventor; no hay otra forma de que esto ocurra”, sostuvo Cheppi. “En ese contexto es donde nosotros bancamos totalmente este esquema (de retenciones móviles), porque no hay otra forma de que se genere un proceso de desarrollo social en serio si no desacoplamos los precios internacionales de los internos, porque el precio de referencia de todo es la soja”, añadió.
Según su parecer, las retenciones móviles no han sido tan malas, porque hicieron bajar los alquileres, que “es un efecto buscado”.
Indicó que se miente cuando se habla de que los pequeños productores van a desaparecer con la ley de retenciones móviles y consideró que “con lo que se ha modificado en Diputados se le devuelve al productor mucho: a un productor de 100 hectáreas se le va a dar más de US$ 15.000”.