¿Malvinas sin paraguas?

La posición argentina en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas tuvo réplica. La embajada del Reino Unido entregó una nota de protesta de los kelpers. Inmediata respuesta.

15 julio, 2000

El jueves, la embajada británica en Buenos Aires hizo llegar a la Cancillería una nota firmada por los consejeros de las islas Malvinas, denunciando la supuesta incursión de naves de pesca de nuestra bandera en aguas cuyo control se adjudican.
Una hora después el ministro de relaciones Exteriores–Adalberto Rodríguez Giavarini– remitió a su vez una protesta acusando a aviones ingleses de violar el espacio aéreo argentino.

La redacción de la nota corrió a cargo de la encargada del área Malvinas, embajadora Susana Ruiz Cerrutti, quien sostuvo en declaraciones de prensa que ,aún en el supuesto de que las naves argentinas se hubieran encontrado en las coordenadas que sostienen los consejeros isleños, se trataría de espacio exclusivo de la Argentina. Por otra parte, no es la primera vez que aviones británicos ingresan sin solicitar autorización a espacio aéreo argentino.

Durante la guerra austral, el gobierno de Margaret Thatcher impuso un área de exclusión de 200 millas en torno de las costas del archipiélago para los barcos argentinos. Esa medida fue interpretada como una decisión estratégica limitada al período de hostilidades. La línea imaginaria demarcatoria fue violada por Inglaterra; existen serios indicios de que el crucero General Belgrano fue hundido por el submarino nuclear Conqueror cuando navegaba fuera de ella, en procura del puerto de Ushuaia.

Después de la culminación del conflicto bélico, Londres decidió imponer una zona de control de 200 millas en su reemplazo, la que nunca fue reconocida por la Argentina. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se acordó colocar las reclamaciones soberanía bajo la salvaguardia de un paraguas temporario, hasta que llegara el momento para una negociación definitiva del entredicho. En ese lapso, Guido Di tella impuso desde el Palacio San Martín la tesis de que para sostener los mejores intereses argentinos, debía reinstalarse una política de seducción de los isleños.

Los habitantes de las islas alcanzaron un nivel económico nunca soñado merced a la venta de licencias de pesca a naves de todo el mundo que llegaban a depredar los pesqueros del Mar Austral, y se sintieron alentados para participar como tercera parte en la disputa entre Buenos Aires y Londres, planteando su derecho a la autodeterminación y a constituir un gobierno propio. Una población que en su conjunto no supera a la que alberga una manzana del Barrio Norte porteño, se aferra comprensivamente a ingresos que alcanzan para ser disfrutados sin que la sombra de la presencia argentina pudiera, eventualmente, amenazarlos.

Sin embargo los entendidos en el tema Malvinas apuntan a algo más que a la pesca en este cruce de aceros entre cancillerías. Es que los isleños insisten en convocar a las empresas petroleras internacionales a explorar y explotar nuevas zonas en las áreas geológicamente interesantes, sin aceptar intervención alguna de la Argentina, cuya zona de explotación económica exclusiva, principio aplicado por muchas naciones, se superpone con la determinada en 1986 por Gran Bretaña.

El jueves, la embajada británica en Buenos Aires hizo llegar a la Cancillería una nota firmada por los consejeros de las islas Malvinas, denunciando la supuesta incursión de naves de pesca de nuestra bandera en aguas cuyo control se adjudican.
Una hora después el ministro de relaciones Exteriores–Adalberto Rodríguez Giavarini– remitió a su vez una protesta acusando a aviones ingleses de violar el espacio aéreo argentino.

La redacción de la nota corrió a cargo de la encargada del área Malvinas, embajadora Susana Ruiz Cerrutti, quien sostuvo en declaraciones de prensa que ,aún en el supuesto de que las naves argentinas se hubieran encontrado en las coordenadas que sostienen los consejeros isleños, se trataría de espacio exclusivo de la Argentina. Por otra parte, no es la primera vez que aviones británicos ingresan sin solicitar autorización a espacio aéreo argentino.

Durante la guerra austral, el gobierno de Margaret Thatcher impuso un área de exclusión de 200 millas en torno de las costas del archipiélago para los barcos argentinos. Esa medida fue interpretada como una decisión estratégica limitada al período de hostilidades. La línea imaginaria demarcatoria fue violada por Inglaterra; existen serios indicios de que el crucero General Belgrano fue hundido por el submarino nuclear Conqueror cuando navegaba fuera de ella, en procura del puerto de Ushuaia.

Después de la culminación del conflicto bélico, Londres decidió imponer una zona de control de 200 millas en su reemplazo, la que nunca fue reconocida por la Argentina. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se acordó colocar las reclamaciones soberanía bajo la salvaguardia de un paraguas temporario, hasta que llegara el momento para una negociación definitiva del entredicho. En ese lapso, Guido Di tella impuso desde el Palacio San Martín la tesis de que para sostener los mejores intereses argentinos, debía reinstalarse una política de seducción de los isleños.

Los habitantes de las islas alcanzaron un nivel económico nunca soñado merced a la venta de licencias de pesca a naves de todo el mundo que llegaban a depredar los pesqueros del Mar Austral, y se sintieron alentados para participar como tercera parte en la disputa entre Buenos Aires y Londres, planteando su derecho a la autodeterminación y a constituir un gobierno propio. Una población que en su conjunto no supera a la que alberga una manzana del Barrio Norte porteño, se aferra comprensivamente a ingresos que alcanzan para ser disfrutados sin que la sombra de la presencia argentina pudiera, eventualmente, amenazarlos.

Sin embargo los entendidos en el tema Malvinas apuntan a algo más que a la pesca en este cruce de aceros entre cancillerías. Es que los isleños insisten en convocar a las empresas petroleras internacionales a explorar y explotar nuevas zonas en las áreas geológicamente interesantes, sin aceptar intervención alguna de la Argentina, cuya zona de explotación económica exclusiva, principio aplicado por muchas naciones, se superpone con la determinada en 1986 por Gran Bretaña.

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