Los sueldos en negro tributarán con inflación el reintegro de ganancias

Entre un cuarto y un tercio de los asalariados formales pagan impuesto a las ganancias, pero si se considera a los informales, que mayoritariamente son de bajos salarios, el impacto se reduce a sólo el 10% de los trabajadores, advierte IDESA.





Reducir la incidencia del impuesto a las ganancias sin antes disminuir gastos improductivos del Estado –como se dispuso con el medio aguinaldo y propone gran parte de la oposición– es un cambio regresivo.

 Según el Instituto de Desarrollo Social Argentino, la medida necesariamente llevará a aumentar la carga de otros tributos, como el impuesto inflacionario, que recaen sobre la gran mayoría que tiene bajos ingresos. 

 La no actualización de los parámetros del impuesto a las ganancias ha llevado a que crezca la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto y el monto que pagan, admite, y concluye que como reacción a este fenómeno pululan las iniciativas tendientes a reducirlo.

 Para compensar la pérdida fiscal, se propone en paralelo eliminar la exención que gozan las rentas financieras, lo cual suena políticamente atractivo, pero carece de consistencia financiera.

 Las exenciones a la renta financiera alcanzan a los intereses de caja de ahorro y plazo fijo, las rentas de títulos públicos y la compraventa de acciones y valores que cotizan en bolsa y el mercado de valores, las cuales implican, según estimaciones del Ministerio de Economía, una recaudación no efectuada del orden de los $5.270 millones. Es decir, apenas el 4% de la recaudación total del impuesto a las ganancias, manifiesta el análisis semanal firmado por el economista Jorge Colina.

 Si bien por consideraciones de equidad tributaria sería pertinente revisar estas, y otras, exenciones en ningún caso tienen volumen suficiente para compensar la reducción del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.

 El planteo de reducir el impuesto a las ganancias de los trabajadores también debe ser evaluado desde el punto de vista de la equidad.

 En este sentido, los datos de la encuesta de hogares del Indec para el 1° trimestre del 2013 muestran que:   

  • La remuneración promedio considerando a todos los ocupados (asalariados registrados y no registrados, y cuentapropistas) es de $4.232 mensuales.
  • El 90% obtiene una remuneración mensual por debajo de $8.000 mensuales.
  • El 10% restante tiene remuneraciones superiores a los $8.000.

 

Dado que aproximadamente $8.000 mensuales es el umbral a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias, estos datos muestran que el impuesto afecta a apenas el 10% de los trabajadores.

 En contrapartida, 9 de cada 10 trabajadores tiene ingresos por debajo del umbral a partir del cual se empieza a aplicar el impuesto.

 Esto implica que disminuir la incidencia del impuesto a las ganancias de los trabajadores aumenta la regresividad en la distribución personal del ingreso.

La conclusión es aún más contundente si se incluyen a los jubilados, ya que tres cuarta partes cobran el haber mínimo ($2.165).

 Ciertamente que una remuneración de $8.000 no es alta sino que apenas permite alcanzar un nivel de vida razonable.

 El punto es que el nivel de deterioro que prevalece en el mercado de trabajo es tan grande que alcanza con superar esa modesta remuneración para ubicarse entre el 10% de los trabajadores con más altos ingresos.

 La explicación es que la pirámide salarial se compone de una muy alta proporción de trabajadores informales (prácticamente la mitad) los cuales reciben remuneraciones muy bajas.

 El inédito aumento de la presión tributaria de la última década reposa sobre impuestos que inciden sobre las familias de más bajos ingresos.

 Entre los más importantes está el IVA, ingresos brutos, cargas sociales y el impuesto inflacionario.

 Estos impuestos tienen la particularidad, a diferencia de ganancias, de no ser explícitos. Por eso, reducir la incidencia del impuesto a las ganancias, cuyo cobro se percibe de manera directa en el recibo de sueldo del trabajador, resulta políticamente muy atractiva.

 Pero si se lo hace sin previamente disminuir gasto público improductivo –como se anunció con el medio aguinaldo y propone gran parte de la oposición– conduce necesariamente a aumentar la incidencia de los otros impuestos.

 De esta forma, se sustituye un impuesto progresivo (impuesto a las ganancias) por otros mucho más regresivos (por ejemplo, el impuesto inflacionario).

 Desde el punto de vista de la equidad distributiva es difícil imaginar una alternativa más regresiva.

En lugar de alimentar el debate inconducente y cargado de hipocresía sobre el impuesto a las ganancias, la prioridad debería ser mejorar la organización del Estado.

 Con gasto público y regulaciones de mejor calidad se podría inducir un proceso sostenido de inversiones que permitirían elevar los paupérrimos niveles de remuneraciones que sufre gran parte de la población.

 Así, se podría reducir la presión tributaria, priorizando la eliminación de aquellos impuestos que recaen sobre las familias más pobres.

 


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