López Murphy anunció las medidas

Confirmó que entre la Nación y las provincias deberán ahorrar $ 2.000 millones este año, y anunció una reforma integral del Estado. Sigue la convertibilidad. Pese a la desmentida oficial, habrá decretos.

16 marzo, 2001

El ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció esta noche (viernes 16) que entre la Nación y las provincias deberán gastar este año $ 2.000 millones menos que lo previsto para cumplir los compromisos fijados por el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En su esperado mensaje por la cadena oficial de radio y televisión, que dio esta noche, 11 días después de haber asumido el cargo, López Murphy advirtió que, de lo contrario, el país no tendrá financiamiento.

Para aventar cualquier duda, dijo al comienzo de su alocución que “salir de la convertibilidad sería un error de proporciones impensables en la Argentina”.

El ministro anunció además una “reorganización integral del Estado” y aseguró que se propone reducir impuestos “en la medida en que vayan reduciéndose el gasto público y el déficit fiscal”.

La exposición del ministro duró poco menos de 40 minutos.

López Murphy dijo que basará su gestión en “cinco ejes fundamentales”, a los que definió como “fortalecer la ecuación social, solvencia fiscal, competencia, transparencia y previsibilidad”.

Anunció los fondos antes asignados al Fondo Nacional del Tabaco y a los subsidios a las naftas en la Patagonia, que serán eliminados, pasarán a engrosar el presupuesto educativo.

Paralelamente, las transferencias a las universidades nacionales no podrán superar los $ 1.440 millones, lo que significa un recorte de $ 360 millones con respecto a lo presupuestado.

López Murphy dijo ser “conciente de que todos estamos viviendo momentos difíciles, tanto en lo económico como en lo social”, y aseguró saber que “hay muchos argentinos desesperanzados e incrédulos”.

Según el ministro, “durante la última década el gasto público aumentó más allá de las posibilidades genuinas de financiarlo”.

Sostuvo que la evasión impositiva “alcanza niveles exagerados” y que “hay que terminar de una buena vez con ese sistema que hace la vista gorda con la evasión y el contrabando”.

Explicó que a la administración pública “hay que reformarla sí o sí, no sólo para que gaste lo que corresponde y como corresponde, sino para que preste los servicios que corresponde”.

En cuanto a la orientación general de su política, que no es diferente de la que anunció en noviembre pasado su antecesor en el cargo, José Luis Machinea, se comprometió a “profundizar el rumbo con firmeza, convicción y justicia”.

Con respecto al blindaje financiero que la Argentina obtuvo poco antes de fin de año, por aproximadamente US$ 40.000 millones, señaló que “debía despejar las dificultades de financiamiento que nuestra economía sufría, pero no resolvía por sí solo los problemas de la Argentina”.

Para que esa solución fuera efectiva, añadió, “debía estar acompañada de reformas” como las de los sistemas de salud y previsional, y por el cumplimiento del Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, que limitaba las transferencias de fondos a las provincias.

López Murphy reveló que en el primer trimestre del año las cuentas públicas tendrán un déficit de aproximadamente US$ 740 millones adicionales a las metas contenidas en el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Si no se toman medidas, el incumplimiento para el año será del orden de US$ 2.000 millones”, dijo, y agregó: “Para ese escenario, hay que ser realista, no hay financiamiento”.

Caracterizó la situación del sector público como de “gastos excesivos, ingresos insuficientes y un elevado nivel de endeudamiento”.

Con respecto a los que definió como los cinco ejes fundamentales de su política, explicó que el principio de “fortalecer la ecuación social” significa que “la política económica sólo tiene sentido si está dirigida al crecimiento y el bienestar de la sociedad”.

En cuanto a la solvencia fiscal, la reclamó “no sólo para el corto plazo sino para el largo plazo”, porque “la insolvencia deriva en inviabilidad e incapacidad de fijar nuestras propias tasas de interés”.

Acerca de la competencia, dijo que “es señal de un capitalismo sano” y añadió que “sin competencia en la Argentina no podemos ser competitivos en el mundo”. Exhortó a “ser obsesivos” en esa materia y prometió “desregulación donde corresponda y regulación eficiente donde corresponda”.

En materia de transparencia, dijo que “es vital para evitar comportamientos oportunistas que favorezcan la prebenda y el privilegio”.

Y sobre la previsibilidad, explicó que “sin ella, sin certezas básicas, el funcionamiento de una economía se afecta de modo fundamental”.

“Sólo trabajando en esos cinco ejes podremos revertir nuestra historia de compromisos no cumplidos”, subrayó.

López Murphy exhortó que se cumpla “rigurosamente” el Compromiso Federal y a retomar “las metas oportunamente establecidas”, porque, juzgó, “es el único camino para recomponer el financiamiento de la economía argentina e impulsar el crecimiento y el empleo”.

Sostuvo que “el pilar básico del programa económico es la reforma estructural del Estado, para lograr un funcionamiento acorde con sus responsabilidades indelegables”.

Ello, aseguró, “permitirá un ahorro permanente que reducirá el déficit y la vulnerabilidad” y que rebajará costos financieros e impositivos.

Y en la medida en que haya espacio para reducir la carga impositiva, señaló, el sector privado recuperará “incentivos y capacidad para generar inversiones que multiplicarán el empleo”.

Con respecto a la “reorganización integral del Estado”, dijo que se reducirá el aparato administrativo mediante la eliminación de actividades tercerizables y de superposiciones de niveles innecesarios.

Asimismo, se comprometió a introducir “reglas de eficiencia e incentivos”, tales como mecanismos de “aumento de productividad y calidad”.

Aseguró que en esa reorganización de le dará “prioridad” a la situación personal de los empleados que queden desafectados, a quienes se las mantendrá su ingreso durante un tiempo y se los asistirá “con capacitación e incentivos a las empresas que los tomen”.

Se propiciará la venta de “activos innecesarios”, entre los que citó a “empresas vinculadas al Banco Nación, Lotería Nacional y la Casa de Moneda”.

En otro orden, López Murphy dijo que se avanzará en los procesos de integración regional y con los principales bloques comerciales del mundo.

Anunció que, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, se envió al Congreso un proyecto que contiene iniciativas “destinadas a reducir costos laborales y eliminar privilegios”.

Con respecto a los servicios públicos, dijo que “manteniendo los marcos regulatorios existentes precisamos mejores entes reguladores”, y dijo que girará al Parlamento un proyecto destinado a reforzar la previsibilidad y el respeto contractual, la defensa de los consumidores, la autarquía de los entes y la transparencia y la uniformidad del proceso regulatorio.

En materia de energía, impulsará un proyecto de ley de hidrocarburos que “privilegie el traspaso del dominio a las provincias y ratifique el proceso de desregulación”.

En cuanto a lo que definió como “un esfuerzo de reducción del gasto total y exenciones tributarias por $ 2.000 millones”, a la Nación le tocará ahorrar $ 890 millones que provendrán de “la eliminación de gastos que la sociedad encuentra irritantes”, entre los que mencionó “pensiones graciables injustificables, abusos en asignaciones familiares, becas otorgadas por legisladores y gastos de la política”.

López Murphy dijo que el Ministerio de Educación deberá decidir el reacomodamiento presupuestario que resultará del recorte de las transferencias a las universidades y la adición del dinero que antes estaba destinado al Fondo del Tabaco y el subsidio a las naftas en la Patagonia.

Anticipó que las transferencias a las provincias serán reducidas en $ 970 millones, de los cuales $ 100 millones eran aportes del Tesoro Nacional “generalmente usados como instrumento de negociación política más que como instrumento de desarrollo provincial”.

Explicó, no obstante, que los recortes que estaba anunciando “no implican más de 3% de los recursos totales de las provincias”.

Exhortó a los gobernadores a “redoblar esfuerzos” para reducir la evasión fiscal y anunció que impulsará la concreción de la implantación de un fuero penal tributario, anteriormente mencionada por la actual administración.

En cuanto a las reformas de los sistemas de salud y previsional, afirmó que ello “no reduce un solo peso del gasto social del Estado nacional”, sino que “se mejorará la equidad distributiva y la calidad de ese gasto”.

Pese a que el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, había asegurado hoy que las medidas que anunciaría López Murphy no serían instrumentadas mediante decretos de necesidad y urgencia, el ministro reveló que, excepto la reforma administrativa y las normas vinculadas con la eliminación de exenciones tributarias, el resto de las disposiciones se oficializará por la vía presidencial.

Anunció que “en las próximas semanas” enviará al Congreso los proyectos de leyes relativos a la reforma del Estado y a la eliminación de las exenciones impositivas, y reclamó una rápida transformación en leyes de los decretos de necesidad y urgencia que sancionaron las reformas a los sistemas de salud y previsional.

El ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció esta noche (viernes 16) que entre la Nación y las provincias deberán gastar este año $ 2.000 millones menos que lo previsto para cumplir los compromisos fijados por el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En su esperado mensaje por la cadena oficial de radio y televisión, que dio esta noche, 11 días después de haber asumido el cargo, López Murphy advirtió que, de lo contrario, el país no tendrá financiamiento.

Para aventar cualquier duda, dijo al comienzo de su alocución que “salir de la convertibilidad sería un error de proporciones impensables en la Argentina”.

El ministro anunció además una “reorganización integral del Estado” y aseguró que se propone reducir impuestos “en la medida en que vayan reduciéndose el gasto público y el déficit fiscal”.

La exposición del ministro duró poco menos de 40 minutos.

López Murphy dijo que basará su gestión en “cinco ejes fundamentales”, a los que definió como “fortalecer la ecuación social, solvencia fiscal, competencia, transparencia y previsibilidad”.

Anunció los fondos antes asignados al Fondo Nacional del Tabaco y a los subsidios a las naftas en la Patagonia, que serán eliminados, pasarán a engrosar el presupuesto educativo.

Paralelamente, las transferencias a las universidades nacionales no podrán superar los $ 1.440 millones, lo que significa un recorte de $ 360 millones con respecto a lo presupuestado.

López Murphy dijo ser “conciente de que todos estamos viviendo momentos difíciles, tanto en lo económico como en lo social”, y aseguró saber que “hay muchos argentinos desesperanzados e incrédulos”.

Según el ministro, “durante la última década el gasto público aumentó más allá de las posibilidades genuinas de financiarlo”.

Sostuvo que la evasión impositiva “alcanza niveles exagerados” y que “hay que terminar de una buena vez con ese sistema que hace la vista gorda con la evasión y el contrabando”.

Explicó que a la administración pública “hay que reformarla sí o sí, no sólo para que gaste lo que corresponde y como corresponde, sino para que preste los servicios que corresponde”.

En cuanto a la orientación general de su política, que no es diferente de la que anunció en noviembre pasado su antecesor en el cargo, José Luis Machinea, se comprometió a “profundizar el rumbo con firmeza, convicción y justicia”.

Con respecto al blindaje financiero que la Argentina obtuvo poco antes de fin de año, por aproximadamente US$ 40.000 millones, señaló que “debía despejar las dificultades de financiamiento que nuestra economía sufría, pero no resolvía por sí solo los problemas de la Argentina”.

Para que esa solución fuera efectiva, añadió, “debía estar acompañada de reformas” como las de los sistemas de salud y previsional, y por el cumplimiento del Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, que limitaba las transferencias de fondos a las provincias.

López Murphy reveló que en el primer trimestre del año las cuentas públicas tendrán un déficit de aproximadamente US$ 740 millones adicionales a las metas contenidas en el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Si no se toman medidas, el incumplimiento para el año será del orden de US$ 2.000 millones”, dijo, y agregó: “Para ese escenario, hay que ser realista, no hay financiamiento”.

Caracterizó la situación del sector público como de “gastos excesivos, ingresos insuficientes y un elevado nivel de endeudamiento”.

Con respecto a los que definió como los cinco ejes fundamentales de su política, explicó que el principio de “fortalecer la ecuación social” significa que “la política económica sólo tiene sentido si está dirigida al crecimiento y el bienestar de la sociedad”.

En cuanto a la solvencia fiscal, la reclamó “no sólo para el corto plazo sino para el largo plazo”, porque “la insolvencia deriva en inviabilidad e incapacidad de fijar nuestras propias tasas de interés”.

Acerca de la competencia, dijo que “es señal de un capitalismo sano” y añadió que “sin competencia en la Argentina no podemos ser competitivos en el mundo”. Exhortó a “ser obsesivos” en esa materia y prometió “desregulación donde corresponda y regulación eficiente donde corresponda”.

En materia de transparencia, dijo que “es vital para evitar comportamientos oportunistas que favorezcan la prebenda y el privilegio”.

Y sobre la previsibilidad, explicó que “sin ella, sin certezas básicas, el funcionamiento de una economía se afecta de modo fundamental”.

“Sólo trabajando en esos cinco ejes podremos revertir nuestra historia de compromisos no cumplidos”, subrayó.

López Murphy exhortó que se cumpla “rigurosamente” el Compromiso Federal y a retomar “las metas oportunamente establecidas”, porque, juzgó, “es el único camino para recomponer el financiamiento de la economía argentina e impulsar el crecimiento y el empleo”.

Sostuvo que “el pilar básico del programa económico es la reforma estructural del Estado, para lograr un funcionamiento acorde con sus responsabilidades indelegables”.

Ello, aseguró, “permitirá un ahorro permanente que reducirá el déficit y la vulnerabilidad” y que rebajará costos financieros e impositivos.

Y en la medida en que haya espacio para reducir la carga impositiva, señaló, el sector privado recuperará “incentivos y capacidad para generar inversiones que multiplicarán el empleo”.

Con respecto a la “reorganización integral del Estado”, dijo que se reducirá el aparato administrativo mediante la eliminación de actividades tercerizables y de superposiciones de niveles innecesarios.

Asimismo, se comprometió a introducir “reglas de eficiencia e incentivos”, tales como mecanismos de “aumento de productividad y calidad”.

Aseguró que en esa reorganización de le dará “prioridad” a la situación personal de los empleados que queden desafectados, a quienes se las mantendrá su ingreso durante un tiempo y se los asistirá “con capacitación e incentivos a las empresas que los tomen”.

Se propiciará la venta de “activos innecesarios”, entre los que citó a “empresas vinculadas al Banco Nación, Lotería Nacional y la Casa de Moneda”.

En otro orden, López Murphy dijo que se avanzará en los procesos de integración regional y con los principales bloques comerciales del mundo.

Anunció que, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, se envió al Congreso un proyecto que contiene iniciativas “destinadas a reducir costos laborales y eliminar privilegios”.

Con respecto a los servicios públicos, dijo que “manteniendo los marcos regulatorios existentes precisamos mejores entes reguladores”, y dijo que girará al Parlamento un proyecto destinado a reforzar la previsibilidad y el respeto contractual, la defensa de los consumidores, la autarquía de los entes y la transparencia y la uniformidad del proceso regulatorio.

En materia de energía, impulsará un proyecto de ley de hidrocarburos que “privilegie el traspaso del dominio a las provincias y ratifique el proceso de desregulación”.

En cuanto a lo que definió como “un esfuerzo de reducción del gasto total y exenciones tributarias por $ 2.000 millones”, a la Nación le tocará ahorrar $ 890 millones que provendrán de “la eliminación de gastos que la sociedad encuentra irritantes”, entre los que mencionó “pensiones graciables injustificables, abusos en asignaciones familiares, becas otorgadas por legisladores y gastos de la política”.

López Murphy dijo que el Ministerio de Educación deberá decidir el reacomodamiento presupuestario que resultará del recorte de las transferencias a las universidades y la adición del dinero que antes estaba destinado al Fondo del Tabaco y el subsidio a las naftas en la Patagonia.

Anticipó que las transferencias a las provincias serán reducidas en $ 970 millones, de los cuales $ 100 millones eran aportes del Tesoro Nacional “generalmente usados como instrumento de negociación política más que como instrumento de desarrollo provincial”.

Explicó, no obstante, que los recortes que estaba anunciando “no implican más de 3% de los recursos totales de las provincias”.

Exhortó a los gobernadores a “redoblar esfuerzos” para reducir la evasión fiscal y anunció que impulsará la concreción de la implantación de un fuero penal tributario, anteriormente mencionada por la actual administración.

En cuanto a las reformas de los sistemas de salud y previsional, afirmó que ello “no reduce un solo peso del gasto social del Estado nacional”, sino que “se mejorará la equidad distributiva y la calidad de ese gasto”.

Pese a que el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, había asegurado hoy que las medidas que anunciaría López Murphy no serían instrumentadas mediante decretos de necesidad y urgencia, el ministro reveló que, excepto la reforma administrativa y las normas vinculadas con la eliminación de exenciones tributarias, el resto de las disposiciones se oficializará por la vía presidencial.

Anunció que “en las próximas semanas” enviará al Congreso los proyectos de leyes relativos a la reforma del Estado y a la eliminación de las exenciones impositivas, y reclamó una rápida transformación en leyes de los decretos de necesidad y urgencia que sancionaron las reformas a los sistemas de salud y previsional.

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