En los últimos meses, la inflación descendió un escalón. La desaceleración es evidente tanto en términos interanuales (el IPC Ecolatina mostró en abril un aumento de precios cercano al 28%, dejando atrás picos de casi 40%), como mensuales (desde enero no supera el 2%).
La estabilidad cambiaria es un factor clave a la hora de explicar la moderación de la inflación. Si bien el deslizamiento del tipo de cambio impacta en la estructura de costos de toda la economía, es especialmente importante en los sectores productores de bienes, ya que buena parte de sus insumos son importados, señala el informe de Ecolatina.
Por esto, la lenta evolución del tipo de cambio oficial (cercana a 1% mensual) redundó en la menor inflación que se observó en el precio de los bienes (6,4%) respecto de los servicios (11,2%).
Pero también existe una segunda ancla inflacionaria: las tarifas.
El precio de los bienes y servicios regulados por el gobierno creció sólo 2,9% en lo que va del año, un tercio de lo que lo hizo el resto de los precios de la economía (+8,3%) en el mismo periodo.
Además, el alza en los precios controlados por el gobierno corresponde a los bienes y servicios que menos atraso muestran (teléfonos, correo o cigarrillos), mientras que las tarifas más subsidiadas (electricidad, gas, agua y transporte) no mostraron movimiento alguno.
Si bien el proceso de desaceleración es claro, existe un factor que puede agregar algo de presión sobre los precios en los próximos meses: los salarios.
Una vez que las demoradas negociaciones paritarias estén cerradas, el nivel de precios tenderá a acomodarse a los nuevos costos laborales.
Es por esto que recientemente parecería que el gobierno estaría sumando la contención salarial al set de herramientas utilizadas para bajar la inflación.
No obstante, detrás de la actual dilación también está el hecho de que las paritarias eventualmente se cerrarán y el pico en el poder de compra de los trabajadores coincidirá con el proceso electoral.
El gobierno hace sentir su peso
La política económica de los últimos meses se caracterizó por la estabilidad cambiaria y tarifaria, una política fiscal que no presiona sobre la emisión (el Tesoro financia su déficit con deuda) y una política monetaria que busca que no desborde el crecimiento de los agregados.
Esta estrategia tuvo sus frutos en el frente inflacionario: el alza de precios se desaceleró y la inflación ya se encuentra en niveles previos a la devaluación de enero de 2014.
La proyección de inflación de Ecolatina se ubica en 30% para 2015. Si bien si anualizamos los últimos seis aumentos mensuales la inflación rondaría el 25%, las paritarias aún no cerraron.
Por ello, es probable que en los próximos meses, a medida que los salarios comiencen a tener incrementos, existan mayores presiones sobre los precios.
Si los principales sindicatos logran aumentos levemente inferiores a los logrados por el sector público (alrededor de 35%) es de esperar que el nivel de precios se adecúe a los nuevos salarios, acelerando la inflación en el proceso.
Es en este marco que las actuales negociaciones salariales adquieren importancia a la hora de estimar la inflación del año.
Al comienzo del año, las necesidades de los distintos actores hacían prever paritarias menos arduas que las anteriores.
Por un lado, porque el aumento del salario real como pieza clave para dinamizar el consumo está en la estrategia del gobierno de cara a los comicios de este año.
Asimismo, porque si bien los empresarios a nivel particular necesitan contener los aumentos, a nivel agregado requieren una demanda más pujante que revierta el deterioro en sus ventas sufrido el año pasado.
Por último, porque los sindicatos llegaron necesitados de revertir la contracción del poder de compra que sufrieron los asalariados en 2014.
Pero pese al alineamiento de los objetivos, la actual negociación tripartita lejos está de poder considerarse tranquila. Los sindicatos más importantes no logran cerrar acuerdos, la situación se dilata y no queda claro cuándo llegará a su fin.
La razón detrás del estancamiento de las paritarias gira hoy en torno a las metas que persiguen los sindicatos y la moderación que, en apariencia, persigue el gobierno en pos de acotar la nominalidad.
Desde el punto de vista del Ejecutivo, si las paritarias cierran en 28% y la inflación continúa su tendencia descendente (logrando terminar el año en torno al 25%) los trabajadores conseguirán incrementar poder de compra.
De hecho, en recientes declaraciones públicas distintos funcionarios marcaron que, de descender la inflación (y su expectativas para el año), los sueldos deberían mostrar una tendencia similar.
Pero estos rangos propuestos están claramente por debajo de las pretensiones gremiales.
Dada la caída del salario real en 2014 (casi 5 p.p.) y el acuerdo logrado por el sector público (cercano a 35%), los gremios privados hoy no aceptan convenios por debajo de 30%.
Además, luego de meses de espera, con precios nuevos y salarios viejos y con las paritarias de 2014 ya vencidas, el margen para prolongar la espera se acota.
Es decir, si bien tanto el gobierno como los sindicatos persiguen el mismo objetivo (suba del salario real), la divergencia es en cuanto al cómo (que aumento nominal habrá) y al cuándo.
Conceptualmente, detrás del contrapunto entre dos partes que tienen el mismo objetivo (aumentar el salario real) está el hecho que el gobierno pide que los pedidos de aumentos salariales se apoyen en la expectativa de inflación (que sean forward–looking) mientras que los gremios sustentan sus demandas en la inflación pasada (son back-looking).
Por el momento, parece ser el gobierno el más favorecido por la actual situación ya que la postergación del cierre de las negociaciones permite, en simultáneo, acentuar la desaceleración de la inflación en estos meses, lograr incrementos globales inferiores (por la presión oficial y la misma desaceleración de la inflación) y coincidir el salto del salario real con el período de los comicios.
Es en este marco general que deben analizarse las recientes modificaciones en el impuesto a las ganancias.
Las complejas modificaciones introducidas recientemente en el tributo apuntaron a disminuir las exigencias sindicales buscando acotar las demandas de aumentos de las distintas cúpulas.
De todas maneras, las modificaciones implicaron un alivio menor que en otros cambios del pasado (debido también a la necesidad simultánea de evitar la profundización del rojo fiscal) y fue lógicamente entendido como insuficiente por los gremios cuyos trabajadores mayoritariamente pagan el Impuesto a las Ganancias.
Esta contraposición de puntos de vista entre el gobierno y los sindicatos llevó entonces a la agudización del conflicto. No sólo los gremios abiertamente opositores decidieron llevar adelante medidas de fuerza, sino también los grupos más cercanos al gobierno.
Por caso, el Sindicato de Comercio acusó al gobierno de no respetar negociaciones cerradas entre privados, mientras que la UOM debió suspender sus planes de paro luego de recibir una orden de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo.
De todas formas, y en una mirada global, las paritarias ya se demoraron (ayudando a la moderación de la inflación que se observó en el arranque del año) y esta demora acercará su cierre (y por ende el mejor momento del salario real del año) al inicio del período electoral.
Lo éxitos actuales abultan la herencia económica
No hay duda que la política económica llevada a cabo por el gobierno ha sido exitosa en su objetivo de acotar la inflación.
A su vez, si las negociaciones salariales se dilatan poco tiempo más, logrará llevar el pico del salario real al segundo semestre, lejos de lo sucedido en años anteriores y cerca de las elecciones nacionales.
Tampoco hay duda que el costo al cual se lograron estos objetivos es alto. Contener el alza de precios a costa de mayor atraso cambiario y tarifario equivale a continuar acumulando “inflación reprimida”.
Para peor, el esquema se sustenta con endeudamiento caro (interno y externo).
En otras palabras, los “éxitos” de hoy son a cuenta de mayores cargas futuras.
El pago del endeudamiento que hoy se toma y la desarticulación de la “inflación reprimida” que hoy se acumulan día a día engrosan la herencia económica con la que el próximo ciclo político deberá lidiar.
