Tres años después de que los ciudadanos suizos pudieron acumular las 100.000 firmas necesarias para presionar por la Renta Básica Universal a su Parlamento, los votantes pronto estarán decidiendo sobre la propuesta en un referéndum. La idea de una renta básica incondicional es simple: cada ciudadano recibe una cantidad de dinero fija y periódica, sin tener que trabajar por ello. Los defensores de esta idea aseguran que si las personas tienen un ingreso mínimo garantizado estarían más dispuestas a aportar a la sociedad y a hacer realidad lo que realmente quieren. En una votación que tendrá lugar el próximo 5 de junio, el país decidirá si es pertinente crear una renta básica universal que sirva para reemplazar los subsidios públicos que en la actualidad concede. Se ha sugerido que el monto mensual a entregar debería ascender a los 2500 dólares en el caso de cada adulto y a una cuarta parte (625) en el caso de los niños.
La idea de implementar una renta básica universal ha sido defendida por un número creciente de economistas de todo el mundo, y de hecho Canadá, Holanda y Finlandia han comenzado a evaluar las repercusiones de su implementación. “Un país rico como Suiza tiene la gran oportunidad de llevar a cabo este gran experimento”, asegura el economista y ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, que advierte que no se trata sólo de un mecanismo igualitario, sino que será imprescindible conforme las economías desarrolladas vayan recurriendo a la robotización y la automatización de numerosos puestos de trabajo. El coste total supondría un desembolso para las arcas públicas de 208.000 millones de francos, según las autoridades, que tendrán que encontrar financiación suplementaria para cerca de 25.000 millones. Aunque es cierto que simplificaría el sistema de cobertura social estatal, lo que se estima ahorraría dinero.
El Consejo Federal, el brazo ejecutivo de Suiza, sin embargo recomienda su rechazo, señalando que el plan causaría que los trabajos mal pagados desaparezcan o sean transferidos al exterior y enviaría de nuevo a las mujeres al trabajo de casa o al cuidado de niños. También se argumento que la implementación de la iniciativa también aumentaría los impuestos y debilitar incentivo para trabajar.
