Los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural atisbaron desde la antesala del despacho de Cristina Kirchner un acto que congregó a 750 funcionarios, en el que fue, de algún modo, planteado el destino social del refuerzo fiscal requerido del campo: 6 millones de argentinos, algunos de conglomerados urbanos, otros de los pueblos rurales”.
Entre ese mensaje implícito a los visitantes de la audiencia siguiente y lo que un rato antes expresara el jefe de Gabinete por la radio, que “no se volvería atrás con las retenciones”, casi ni hacía falta el encuentro protocolar tan meneado en la semana.
La presidenta dijo en voz tan alta como para que llegara a los oídos de los delegados agropecuarios que “la inequidad no sólo es social, sino que tiene un profundo contenido territorial. Inequidad territorial, fundamentalmente ubicada en el Noroeste y Nordeste argentinos. Todos los argentinos tenemos una deuda con estas regiones”.
Y al mismo tiempo desgranó el peso de las retenciones en la recaudación impositiva, adjudicándole 13 % del total, incluidas las del petróleo. Pero al hilar más fino, las propiamente agropecuarias, dijo, representan 7,9 %, porcentaje que desagregó aún más para concluir que como 4 % proviene de las industrias, sólo 3,9 % es puramente del fruto de la tierra.
Destacó que la primera fuente de ingresos es el Impuesto al Valor Agregado (IVA): “lo pagan todos. Es lo que cada uno paga cuando compra algo. No importa si tiene trabajo, vivienda, obra social y jubilación. Lo aportan todos, hasta los que menos tienen”.
Añadió: “La segunda fuente de ingresos la constituye el impuesto a las ganancias, un impuesto destinado para aquellas personas que ganan mucho dinero. La tercera fuente de ingresos la componen los ingresos patronales y de los trabajadores al Anses y recién en el cuarto lugar están los derechos a la exportación, es decir las retenciones”.
El prólogo que escucharon de refilón los dirigentes agropecuarios no dio demasiado pábulo para mayores sorpresas en el inicio formal del diálogo con el gobierno. Si bien los lineamientos en los que se moverán ya fueron conversados previamente con un intermediario oficioso que abrevó de ambas veredas, Felipe Solá, quizás esperaban un poco más de discreción desde el gobierno para plantear la cerrada posición en torno de las retenciones.
Los representantes de las cuatro entidades esta vez aprendieron la lección de no salir de inmediato a criticar una propuesta, porque los expone a ser acusados de tener una decisión preconcebida antes de acudir a una cita.
Al salir, el titular de CRA, Mario Llambías, calificó el encuentro, que se prolongó por más de tres horas, como positivo e informó que la semana que viene empezarán las reuniones técnicas.
Lo cierto es que el campo se halla en plena actividad de cosecha y hay tiempo para que los dirigentes dialoguen. En los 30 días de la tregua se tomaron el margen para concretar las labores tranqueras adentro, que no podrían esperar a otro parate sin poner en riesgo la calidad de la recolección.
Maniobra comunicacional
La primera mandataria acometió junto con las ministras de Desarrollo Social y Salud, su cuñada Alicia Kirchner y Graciela Ocaña, la gran asignatura pendiente del gobierno desde que asumiera en 2003: los programas de asistencia a los más necesitados, precisamente las fuentes de inspiración de la medida recientemente adoptada contra la rentabilidad rural.
Fue una coincidencia comunicacional armada para vincular la exacción fiscal, en este caso al agro, a la sensibilidad social del gobierno. Fue una suerte de explicación pública de quiénes serían los beneficiarios de la decidida acción oficial para torcer el brazo a los productores agropecuarios que hicieron paro durante 21 días, a los que dejó como responsables de las secuelas de desabastecimiento y aumento de precios que afectan a la ciudadanía.
Disimulado por la vorágine informativa quedó un impecable trabajo publicado el martes último por el periodista Damián Glanz en “Crítica de la Argentina. Ahí se muestra cómo el renglón social había venido siendo postergado hasta el presente por la propia administración kirchnerista, desde que asumiera en 2003.
Basándose en datos de la Secretaría de Hacienda, da cuenta que entre 2004 y 2007 no se llegaron a ejecutar 2.100 millones de pesos asignados a esos planes asistenciales, con lo cual en la práctica no hubo derrame proporcional de los 75.363 millones de pesos extras incorporados al presupuesto en esos cuatro años. De éstos, se indica en la investigación periodística, 70 % provinieron de las retenciones.
La estrategia de Kirchner para reforzar los ingresos fiscales fue, por un lado, el crecimiento económico vía consumo interno (que se verifica en IVA, ganancias y previsionales), pero fundamentalmente echar guante a las retenciones. Desde que llegó al gobierno, las retenciones a la soja y el girasol estaban en 23,5%, pero ya la tasa superó el 44% en el caso de la soja y bordeó el 40% en el del girasol. Además, en los actuales niveles de precios, el esquema implica que por cada dólar que aumenten la soja, el girasol, el trigo y el maíz, el Estado se queda con US$ 0,81, US$ 0,78, US$ 0,48 y US$ 0,45, respectivamente.
En la distribución de las erogaciones, la mayor parte se la llevó Planificación, con el 29 %, que implica 22.000 millones de pesos. Pero mientras adjudicó 0,4 % a planes de alcantarillado y ampliación de servicios de agua potable, 2 % construcción de escuelas y 18,3 % viviendas sociales, el 79 % lo repartió en subsidiar energía y transporte, generalmente entregando las partidas a manos privadas.
Glanz detalla el Plan Federal de Viviendas anunciado por el ex presidente, que demandó 3.900 millones de pesos. Empezaba con 120 mil viviendas en 2004 y uno en 2005 de 17.000 millones de pesos para hacer 300 mil más. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda recibió 10.800 millones. En tres y dos años respectivamente sólo se habían inaugurado menos de la mitad del primero, 55.976, y nada más que 2.433 del segundo.
Los porcentajes que recibieran Desarrollo Social y Salud, justamente las dos áreas que acaban de anunciar el plan destinado a los sectores menos pudientes, fueron ínfimos: 1,95 % y 1,45 %, respectivamente, del excedente recaudado en el primer período presidencial.
No sólo quedó sin ejecutar el 10 % del plan manos a la obra, sino que en total 1.200 millones de pesos no llegaron a sus destinatarios. Al programa Familias por inclusión social le sacaron 185,6 %.
Del área de Salud se retiraron 89,6 millones destinados al Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño, mientras se subejecutaron 222 millones. Y se ahorraron 377 millones por no cumplirse con lo presupuestado para Prevención y Control de Enfermedades y Lucha contra el Sida.
Dentro de las previsiones para construir “más escuelas, mejor educación” había 937 proyectos, de los cuales se terminó casi la mitad: 470 escuelas. La subejecución fue de 254 millones de pesos.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural atisbaron desde la antesala del despacho de Cristina Kirchner un acto que congregó a 750 funcionarios, en el que fue, de algún modo, planteado el destino social del refuerzo fiscal requerido del campo: 6 millones de argentinos, algunos de conglomerados urbanos, otros de los pueblos rurales”.
Entre ese mensaje implícito a los visitantes de la audiencia siguiente y lo que un rato antes expresara el jefe de Gabinete por la radio, que “no se volvería atrás con las retenciones”, casi ni hacía falta el encuentro protocolar tan meneado en la semana.
La presidenta dijo en voz tan alta como para que llegara a los oídos de los delegados agropecuarios que “la inequidad no sólo es social, sino que tiene un profundo contenido territorial. Inequidad territorial, fundamentalmente ubicada en el Noroeste y Nordeste argentinos. Todos los argentinos tenemos una deuda con estas regiones”.
Y al mismo tiempo desgranó el peso de las retenciones en la recaudación impositiva, adjudicándole 13 % del total, incluidas las del petróleo. Pero al hilar más fino, las propiamente agropecuarias, dijo, representan 7,9 %, porcentaje que desagregó aún más para concluir que como 4 % proviene de las industrias, sólo 3,9 % es puramente del fruto de la tierra.
Destacó que la primera fuente de ingresos es el Impuesto al Valor Agregado (IVA): “lo pagan todos. Es lo que cada uno paga cuando compra algo. No importa si tiene trabajo, vivienda, obra social y jubilación. Lo aportan todos, hasta los que menos tienen”.
Añadió: “La segunda fuente de ingresos la constituye el impuesto a las ganancias, un impuesto destinado para aquellas personas que ganan mucho dinero. La tercera fuente de ingresos la componen los ingresos patronales y de los trabajadores al Anses y recién en el cuarto lugar están los derechos a la exportación, es decir las retenciones”.
El prólogo que escucharon de refilón los dirigentes agropecuarios no dio demasiado pábulo para mayores sorpresas en el inicio formal del diálogo con el gobierno. Si bien los lineamientos en los que se moverán ya fueron conversados previamente con un intermediario oficioso que abrevó de ambas veredas, Felipe Solá, quizás esperaban un poco más de discreción desde el gobierno para plantear la cerrada posición en torno de las retenciones.
Los representantes de las cuatro entidades esta vez aprendieron la lección de no salir de inmediato a criticar una propuesta, porque los expone a ser acusados de tener una decisión preconcebida antes de acudir a una cita.
Al salir, el titular de CRA, Mario Llambías, calificó el encuentro, que se prolongó por más de tres horas, como positivo e informó que la semana que viene empezarán las reuniones técnicas.
Lo cierto es que el campo se halla en plena actividad de cosecha y hay tiempo para que los dirigentes dialoguen. En los 30 días de la tregua se tomaron el margen para concretar las labores tranqueras adentro, que no podrían esperar a otro parate sin poner en riesgo la calidad de la recolección.
Maniobra comunicacional
La primera mandataria acometió junto con las ministras de Desarrollo Social y Salud, su cuñada Alicia Kirchner y Graciela Ocaña, la gran asignatura pendiente del gobierno desde que asumiera en 2003: los programas de asistencia a los más necesitados, precisamente las fuentes de inspiración de la medida recientemente adoptada contra la rentabilidad rural.
Fue una coincidencia comunicacional armada para vincular la exacción fiscal, en este caso al agro, a la sensibilidad social del gobierno. Fue una suerte de explicación pública de quiénes serían los beneficiarios de la decidida acción oficial para torcer el brazo a los productores agropecuarios que hicieron paro durante 21 días, a los que dejó como responsables de las secuelas de desabastecimiento y aumento de precios que afectan a la ciudadanía.
Disimulado por la vorágine informativa quedó un impecable trabajo publicado el martes último por el periodista Damián Glanz en “Crítica de la Argentina. Ahí se muestra cómo el renglón social había venido siendo postergado hasta el presente por la propia administración kirchnerista, desde que asumiera en 2003.
Basándose en datos de la Secretaría de Hacienda, da cuenta que entre 2004 y 2007 no se llegaron a ejecutar 2.100 millones de pesos asignados a esos planes asistenciales, con lo cual en la práctica no hubo derrame proporcional de los 75.363 millones de pesos extras incorporados al presupuesto en esos cuatro años. De éstos, se indica en la investigación periodística, 70 % provinieron de las retenciones.
La estrategia de Kirchner para reforzar los ingresos fiscales fue, por un lado, el crecimiento económico vía consumo interno (que se verifica en IVA, ganancias y previsionales), pero fundamentalmente echar guante a las retenciones. Desde que llegó al gobierno, las retenciones a la soja y el girasol estaban en 23,5%, pero ya la tasa superó el 44% en el caso de la soja y bordeó el 40% en el del girasol. Además, en los actuales niveles de precios, el esquema implica que por cada dólar que aumenten la soja, el girasol, el trigo y el maíz, el Estado se queda con US$ 0,81, US$ 0,78, US$ 0,48 y US$ 0,45, respectivamente.
En la distribución de las erogaciones, la mayor parte se la llevó Planificación, con el 29 %, que implica 22.000 millones de pesos. Pero mientras adjudicó 0,4 % a planes de alcantarillado y ampliación de servicios de agua potable, 2 % construcción de escuelas y 18,3 % viviendas sociales, el 79 % lo repartió en subsidiar energía y transporte, generalmente entregando las partidas a manos privadas.
Glanz detalla el Plan Federal de Viviendas anunciado por el ex presidente, que demandó 3.900 millones de pesos. Empezaba con 120 mil viviendas en 2004 y uno en 2005 de 17.000 millones de pesos para hacer 300 mil más. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda recibió 10.800 millones. En tres y dos años respectivamente sólo se habían inaugurado menos de la mitad del primero, 55.976, y nada más que 2.433 del segundo.
Los porcentajes que recibieran Desarrollo Social y Salud, justamente las dos áreas que acaban de anunciar el plan destinado a los sectores menos pudientes, fueron ínfimos: 1,95 % y 1,45 %, respectivamente, del excedente recaudado en el primer período presidencial.
No sólo quedó sin ejecutar el 10 % del plan manos a la obra, sino que en total 1.200 millones de pesos no llegaron a sus destinatarios. Al programa Familias por inclusión social le sacaron 185,6 %.
Del área de Salud se retiraron 89,6 millones destinados al Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño, mientras se subejecutaron 222 millones. Y se ahorraron 377 millones por no cumplirse con lo presupuestado para Prevención y Control de Enfermedades y Lucha contra el Sida.
Dentro de las previsiones para construir “más escuelas, mejor educación” había 937 proyectos, de los cuales se terminó casi la mitad: 470 escuelas. La subejecución fue de 254 millones de pesos.
