Los técnicos se limitarán a explicitar el incumplimiento. El directorio del FMI tendrá que dar los “perdones” para que el acuerdo no se caiga.
El gobierno argentino elevó al Congreso nacional el memorando de acuerdo con el FMI. El documento contiene lo que coloquialmente le llaman la “letra chica”. El gobierno manifiesta que aspira a bajar el déficit fiscal con un gasto público que seguirá creciendo en términos reales, es decir, por encima de la inflación.
Esto implica que el énfasis estará en aumentar los ingresos públicos. En este sentido, se proyecta aumentar la recaudación del impuesto a los Bienes Personales y una reducción en la evasión.
Desde el punto de vista del gasto, el aspecto más importante son los subsidios energéticos. El acuerdo dice que se eliminarán los subsidios a la luz y el gas al 10% de los usuarios de mayor capacidad de pago. A los beneficiados con tarifa social se les ajustará en un 40% de lo que aumenten los salarios y a los que no tienen tarifa social y tampoco son del 10% de mayor ingreso se les ajustará en un 80% del aumento de salarios.
Como los salarios crecen aproximadamente al ritmo de la inflación, los ajustes de tarifa serán inferiores a la inflación. Esto implica que los subsidios energéticos subirán por encima de la inflación.
Por aplicación de estas políticas se espera cumplir con los compromisos fiscales y monetarios. Según el memorando, el gobierno nacional deberá:
- Tener un déficit fiscal primario de $ 1.759 miles de millones (equivalente a unos 2,5% del PBI) en el 2022.
- El Tesoro no podrá recibir del Banco Central más de $ 705 mil millones (que equivalen a aproximadamente el 1% del PBI) en el 2022.
- Esto implica aumentar la deuda en un 3,5% del PBI que resulta de 1,5% para cubrir el déficit del ejercicio y 2% PBI para pagar intereses del stock actual de deuda.
Estos datos muestran que el acuerdo contempla metas desafiantes. No solo porque implica bajar el déficit (del 3% al 2,5% el PBI) y la emisión monetaria (del 4,6% al 1% del PBI) con un importante aumento en la colocación de deuda. Sino porque las metas no se establecieron en términos del PBI, como generalmente se estila hacer, sino en pesos nominales. Esto simplifica el monitoreo, pero le impone al gobierno una dura restricción.
Entre las metas comprometidas y los instrumentos propuestos para cumplirlas hay fuertes inconsistencias. En el 2021, el déficit primario fue de $1.408 miles de millones, o sea, que para el 2022 se compromete un aumento nominal de solo el 25%, es decir, la mitad de la inflación.
La emisión monetaria para asistir al Estado nacional en el 2021 fue de $2.128 miles de millones, de manera que para el 2022 habrá que reducirla nominalmente a un tercio. La reducción debe ser cubierta con títulos públicos. Esto se plantea en un contexto en el que el mercado financiero no le da mucho crédito al gobierno argentino y el plan para reducir el déficit fiscal es muy endeble como para hacerlo cambiar de parecer.
El mejor desempeño de la AFIP contribuiría con un 0,3% del PBI.
El aumento en Bienes Personales, también supeditado a la mejora en la gestión de la AFIP y de los gobiernos provinciales, aportaría sólo 0,2% del PBI. El ahorro por eliminar los subsidios al 10% de los usuarios aportará 0,06% del PBI, un nivel ínfimo. Mientras tanto los subsidios seguirán subiendo debido a que el 90% de los usuarios de luz y gas tendrán ajustes por debajo de la inflación.
Pero lo más importante es que al haberse fijado las metas en valores nominales, el gobierno pierde la principal herramienta que viene usando para reducir el déficit fiscal: la licuación del gasto a través de la inflación. Con alta inflación podría mostrar reducciones del déficit en términos de PBI, pero no en valores nominales.
Salvo que haya un aumento en la presión tributaria (incrementar los derechos de exportación y/o se reimplante el impuesto a la riqueza) el acuerdo no podrá ser cumplido. Servirá para que los funcionarios nacionales declamen que es el primer “acuerdo de la historia sin ajuste” y para que los técnicos del FMI deslinden su responsabilidad porque los incumplimientos serán objetivamente explicitados. Pero será el directorio del FMI el que tendrá que dar los “perdones” que pedirá el gobierno argentino para que el acuerdo no se caiga.
