La Justicia ordenó la detención de 45 ex militares
Lo dispuso el juez Rodolfo Canicoba Corral a raíz de la extradición reclamada por su colega español Baltasar Garzón, quien los juzgará en Madrid por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina.
El magistrado de la Audiencia Nacional española deberá ahora
remitir los fundamentos de los pedidos de juzgamiento para que las
autoridades argentinas resuelvan si hacen lugar a la petición.
Según explicó Canicoba Corral, se trata de un pedido de arresto
“provisorio” que es el paso previo a que se realice un “juicio de
extradición” donde se analizarán “caso por caso” los pedidos de
Garzón para evaluar en qué caso corresponde aplicarlos.
Entre los nombres más notorios que pidió extraditar Baltasar
Garzón figuran el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla; el
ex almirante Emilio Massera; Guillermo Suárez Mason, quien estuvo
a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército en la dictadura; Alfredo
Astiz, condenado en ausencia en Francia; Jorge “Tigre” Acosta, y
el intendente electo de San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi.
La decisión de la Justicia argentina se produce cuando es
inminente la derogación del decreto 1.581, firmado por el entonces
presidente Fernando de la Rúa, que impide la extradición de
ciudadanos argentinos para ser juzgados en el exterior.
El Gobierno ya fijó su posición de que, en caso de que se
solicitara la extradición de ciudadanos argentinos para ser
juzgados en tribunales extranjeros, enviaría el requerimiento a la
Justicia, una decisión que ratificó hoy el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández.
Además, la Corte Suprema estudia los pedidos de derogación de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que beneficiaron a
varios de los militares involucrados en el pedido de Garzón.
En una entrevista publicada por un el matutino estadounidense
“The Washington Post”, el presidente Néstor Kirchner señaló que
“no puede haber impunidad en la Argentina” y se pronunció por la
derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Estas dos normas pusieron límite a los juzgamientos de
efectivos de las Fuerzas Armadas por su actuación en la represión
ilegal durante la dictadura, ya que limitaron la responsabilidad a
los cuadros superiores y acotaron el tiempo de presentaciones.
El juez Canicoba Corral indicó que la orden de detención de las
46 personas involucradas en el pedido de Garzón fue adoptada luego
de que Interpol recibiera en la víspera la comunicación del
magistrado español, quien deberá enviar en los próximos 30 días
los fundamentos del reclamo.
“Impartida la orden internacional de detención vigente y
constatada, se procede al arresto. Se trata de un trámite previo
al pedido formal de extradición, una medida casi automática”,
destacó el magistrado.
Canicoba Corral aclaró que el decreto permite avanzar en los
“pedidos de arresto provisorios”, aunque luego los pedidos de
extradición sean rechazados, y señaló que ante esa circunstancia
debió ajustarse a “cumplir con la ley”.
El escrito que solicita la detención a fines de extradición fue
firmado dos semanas atrás por Garzón y en él se reiteran pedidos
de captura que el juez ya había realizado en 1999.
En aquella ocasión, Garzón incluyó a 48 personas, ya que en ese
momento estaban con vida Leopoldo Galtieri y Francis Wahamond.
El magistrado de la Audiencia Nacional española deberá ahora
remitir los fundamentos de los pedidos de juzgamiento para que las
autoridades argentinas resuelvan si hacen lugar a la petición.
Según explicó Canicoba Corral, se trata de un pedido de arresto
“provisorio” que es el paso previo a que se realice un “juicio de
extradición” donde se analizarán “caso por caso” los pedidos de
Garzón para evaluar en qué caso corresponde aplicarlos.
Entre los nombres más notorios que pidió extraditar Baltasar
Garzón figuran el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla; el
ex almirante Emilio Massera; Guillermo Suárez Mason, quien estuvo
a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército en la dictadura; Alfredo
Astiz, condenado en ausencia en Francia; Jorge “Tigre” Acosta, y
el intendente electo de San Miguel de Tucumán, Antonio Bussi.
La decisión de la Justicia argentina se produce cuando es
inminente la derogación del decreto 1.581, firmado por el entonces
presidente Fernando de la Rúa, que impide la extradición de
ciudadanos argentinos para ser juzgados en el exterior.
El Gobierno ya fijó su posición de que, en caso de que se
solicitara la extradición de ciudadanos argentinos para ser
juzgados en tribunales extranjeros, enviaría el requerimiento a la
Justicia, una decisión que ratificó hoy el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández.
Además, la Corte Suprema estudia los pedidos de derogación de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que beneficiaron a
varios de los militares involucrados en el pedido de Garzón.
En una entrevista publicada por un el matutino estadounidense
“The Washington Post”, el presidente Néstor Kirchner señaló que
“no puede haber impunidad en la Argentina” y se pronunció por la
derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Estas dos normas pusieron límite a los juzgamientos de
efectivos de las Fuerzas Armadas por su actuación en la represión
ilegal durante la dictadura, ya que limitaron la responsabilidad a
los cuadros superiores y acotaron el tiempo de presentaciones.
El juez Canicoba Corral indicó que la orden de detención de las
46 personas involucradas en el pedido de Garzón fue adoptada luego
de que Interpol recibiera en la víspera la comunicación del
magistrado español, quien deberá enviar en los próximos 30 días
los fundamentos del reclamo.
“Impartida la orden internacional de detención vigente y
constatada, se procede al arresto. Se trata de un trámite previo
al pedido formal de extradición, una medida casi automática”,
destacó el magistrado.
Canicoba Corral aclaró que el decreto permite avanzar en los
“pedidos de arresto provisorios”, aunque luego los pedidos de
extradición sean rechazados, y señaló que ante esa circunstancia
debió ajustarse a “cumplir con la ley”.
El escrito que solicita la detención a fines de extradición fue
firmado dos semanas atrás por Garzón y en él se reiteran pedidos
de captura que el juez ya había realizado en 1999.
En aquella ocasión, Garzón incluyó a 48 personas, ya que en ese
momento estaban con vida Leopoldo Galtieri y Francis Wahamond.
