La deuda pública roza 90% de su PBI nacional contabilizando obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales, según el último informe de la consultora Ecolatina.
Al considerar sólo la deuda relevante, es decir, aquella que no contabiliza los pasivos intra sector público, este cociente ronda el 50% del Producto. Durante el mandato presidencial de Alberto Fernández, vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas. Dentro de estos vencimientos, está incluida la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023.
Según el perfil de vencimientos, el Tesoro deberá desembolsar en torno a US$ 38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio. Más de US$ 20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante. Lamentablemente, con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas, pero ¿se podrá conseguir el ahorro necesario para pagarlas? ¿Qué pasaría en caso de no obtenerlo?
Luego de la crisis cambiaria del año pasado y el ajuste acelerado del rojo fiscal primario implementado luego del acuerdo con el FMI, las necesidades de financiamiento se redujeron a los pagos de capital e intereses de la deuda existente. Sin embargo, la recesión, los límites (económicos, pero también político-sociales) a recortar el gasto y/o elevar la presión tributaria y el elevado peso de la deuda en moneda extranjera, abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock existente: el cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los inversores sobre nuestro grado de solvencia.
Al no poder refinanciar voluntariamente sus obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno contará con tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos. En otras palabras, el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener.
Además, dado que gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, las restricciones no son solo fiscales: con mercados de crédito cerrados, es central mantener un tipo de cambio competitivo para generar los superávits privados externos que permitan afrontar los vencimientos correspondientes.
Una estrategia por partes
Una posible reestructuración de la deuda contaría con varias partes. Para empezar, cerca de un 40% de las obligaciones de Hacienda es con otros organismos del Estado (en torno a US$ 120.000 millones), quienes refinanciarían los pasivos al vencimiento sin mayores inconvenientes. En segundo lugar, más de un quinto de la deuda (US$ 67.000 millones) es con organismos internacionales de crédito, con quienes se deberá negociar directamente y a la brevedad nuevos plazos de pago.
Por último, se encuentran los tenedores privados, el segmento más complejo de los acreedores. Esta porción es la más sensible, sobre la que caería una potencial quita y, dado que son agentes atomizados (personas físicas argentinas o extranjeras, empresas locales o foráneas, fondos de inversión, etc.), es difícil coordinarlos para definir modificaciones en las condiciones de sus tenencias. Respecto a este punto, es importante diferenciar entre la deuda emitida bajo legislación local y aquella que se encuentra en jurisdicción extranjera, ya que esta última cuenta con Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).
Este artículo dentro de los prospectos de los títulos de deuda establece un monto mínimo de acreedores -usualmente dos tercios del total- tal que, de obtener su consentimiento, la estructura de pagos se modificaría para todos los tenedores. Esto evita la posibilidad de holdouts y litigios en cortes extranjeras.
Para llevar a cabo estas negociaciones, algunos de los fondos que son grandes acreedores de Argentina ya están formando comités para discutir bajo qué términos aceptarían canjes de sus bonos, y así negociar de forma colectiva. Sin embargo, si bien la deuda bajo legislación extranjera (excluyendo aquella con organismos) representa el 25% del total, durante 2020 sólo deberán pagarse US$ 400 millones de capital de estos bonos y menos de US$ 5.000 millones entre principal e intereses. Por ello, será un problema no urgente en el horizonte inmediato del Gobierno entrante.
Por el contrario, los títulos bajo ley local abarcan buena parte de los pagos que enfrentará el Estado el año que viene. Estos títulos comprenden Letras del Tesoro y Bonos en pesos y dólares por más de US$ 35.000 millones (incluyendo los que están en manos del sector público), por lo que constituyen el principal problema en el corto plazo.
