En gran parte, esto se correspondió con el impacto que tiene la propia dinámica del dólar en el nivel de precios, aunque también ayudó un comportamiento precautorio de las empresas ante la posibilidad de un acuerdo de precios y salarios tras el cambio de gobierno.
Si bien los lineamientos generales en materia económica están atados a la reestructuración de la deuda, las primeras decisiones dieron cuenta que controlar la inflación, al menos en el corto plazo, es un objetivo no menor para el gobierno.
En este sentido, se anunció el congelamiento de las tarifas de Servicios Públicos hasta junio, del Transporte Público hasta mayo, a la vez que se mantuvo estable la cotización del dólar oficial durante los primeros días de la gestión. Asimismo, se suspendieron aumentos en prepagas y, tras negociar con laboratorios, se alcanzó una baja en el precio de los medicamentos (que revirtió parcialmente el aumento de casi 10% en la previa del acuerdo).
Por el contrario, las presiones sobre los costos siguen vigentes a través del aumento salarial otorgado por decreto ($ 4.000 a asalariados registrados del sector privado), que implicaría una suba de 5,5 % del costo laboral, según estimaciones del Ministerio de Trabajo.
La combinación de los incrementos en el cierre del 2019 y la vuelta al ancla tarifaria y cambiaria en los primeros 45 días de este año trajo buenos resultados en materia de precios. La inflación nacional se desaceleró a 2,3% en enero -en parte ayudada por la salida del índice de los bonos pagados en diciembre a los encargados de edificios y personal doméstico- y, según el IPC GBA Ecolatina, la tendencia continuaría a la baja: el avance de los precios fue de 2,2% entre la primera quincena de febrero e igual período de enero.
No obstante, un hecho significativo es que la inflación en alimentos no cede. A contramano de lo que sucedió con el nivel general, las subas de los alimentos y bebidas durante el primer mes y medio de 2020 es superior al de los últimos meses del año pasado.
Una de las principales causas de esta dinámica fue la reimposición del IVA en algunos alimentos de la canasta básica, que por su significativo peso traccionaron el índice. Asimismo, también se observó durante enero un avance en el precio de la carne, que por cuestiones asociadas al ciclo ganadero pospuso el traslado a precios del salto del tipo de cambio.
En este sentido, tras la disparada del dólar de agosto pasado, la inflación en el último cuatrimestre del año fue de 11,7%, levemente por encima del avance de los alimentos y bebidas (+11,3%), cuyo precio es muy sensible a la dinámica cambiaria. En cambio, pese a la estabilidad en la cotización de la divisa durante los primeros dos meses del año, el aumento de los alimentos duplicaría el del nivel general (8% vs 4,5%, según nuestras estimaciones preliminares) en este período.
Esta reversión refleja la regresividad del proceso inflacionario perjudicando en mayor medida a los hogares más vulnerables, quienes ocupan una mayor proporción del gasto en alimentos. Este fenómeno también podría limitar el efecto expansivo sobre el consumo de la política de ingresos progresiva -priorizando aumentos de sumas fijas en lugar de porcentuales-que está llevando a cabo el gobierno justamente en favor de los sectores más postergados.
¿Desaceleración transitoria o permanente?
La reciente baja en la inflación aparece como una buena noticia de cara a las próximas negociaciones paritarias, un instrumento clave para lograr contener la nominalidad de la economía. Sin embargo, el uso del ancla cambiaria y tarifaria en pos de este objetivo también desprende otros interrogantes.
En primer lugar, muestra que la calma cambiaria es central para moderar la suba de precios.
Esto no es ninguna novedad, pero pone de manifiesto que complicaciones en las negociaciones de la deuda presionarían sobre dólar oficial imponiendo un límite al proceso de desinflación. En este sentido, el deslizamiento del tipo de cambio en las últimas ruedas, especialmente si se sostiene en las próximas semanas, es una prueba de fuego para la dinámica inflacionaria: una depreciación lenta pero sostenida evita el atraso cambiario impidiendo que la inflación mensual perfore el 2%.
Por otro lado, incluso en un escenario favorable en términos de la renegociación, el congelamiento tarifario -a priori vigente hasta mayo/junio- resulta difícil de sostener. Eventualmente, el gobierno deberá permitir que los Servicios Públicos y los combustibles suban a un ritmo similar al de los costos, a fin de evitar que el peso de los subsidios económicos crezca. Además, considerando que en el año próximo se celebran las elecciones de medio término, es probable que el oficialismo quiera concentrar estos ajustes durante el segundo semestre de 2020.
Estos elementos reflejan que la tregua inflacionaria es frágil. Incluso en el mejor de los casos -éxito en la renegociación y estabilidad cambiaria- se vería afectado por la necesidad de mostrar austeridad fiscal limitando los subsidios económicos, al menos en la segunda mitad del año.
A fin de contrarrestar el impacto directo y de segunda ronda de estos eventuales aumentos, el gobierno cuenta con dos cartas. Por un lado, todavía mantiene caudal político y buenas relaciones con los sindicatos, por lo que de mantenerse una inflación “aceptable”, sin bruscas aceleraciones, podría transitar el año sin demandas salariales que presionen excesivamente sobre los costos empresariales. En segundo lugar, la baja del costo del financiamiento tras la aparición de líneas de crédito subsidiadas para empresas podría colaborar en un contexto de lenta recuperación de las ventas.
En definitiva, considerando los riesgos y limitaciones del uso del ancla cambiaria y tarifaria para atacar la inflación se deberá echar mano a otras herramientas para continuar con un proceso sostenible de desaceleración de la inflación. En cambio, el exceso en la utilización de alguno de los elementos disponibles será más un impedimento que un facilitador para alcanzar la estabilidad nominal en el futuro.
