La Corte italiana rechazó la inmunidad de Berlusconi

La ley fue aprobada el 20 de junio de 2003 y permitió al
premier Silvio Berlusconi lograr la suspensión de un proceso en su
contra en Milán, en el que se lo juzgaba por corrupción de la
justicia.

Conocida como Laudo Schifani, debido a su autor Renato
Schifani, la ley sostiene que los políticos no pueden ser objeto
de causas judiciales mientras ocupen alguno de los cinco
principales cargos en el Estado.

De este modo, la legislación otorgaba inmunidad al jefe del
Estado, el primer ministro, los presidentes de la Cámara de
Diputados y del Senado y el presidente de la Corte Constitucional.

La oposición de centroizquierda celebró la sentencia y dijo
que la Corte Constitucional demostró “libertad e independencia”
con ese pronunciamiento, mientras que la centro derecha, casi sin
excepción, sostuvo que el fallo es “político” y que defenderán el
laudo proque “la ley es justa y coherente”.

La Corte Constitucional resolvió que la ley es “ilegítima”
en su artículo 1, que establece la suspensión de los procesos
penales contra quienes ocupen alguno de los cinco más altos cargos
del Estado, porque viola dos artículos de la Constitución, el
principio de igualdad y el derecho de defensa.

Pero el propio Schifani dijo, al aclarar que no compartía
el fallo, que su intención no era pedir inmunidad sino “la
posibilidad de llevar adelante un rol institucional y al vencer el
mandato, someterse al control de la justicia”.
“Fue negada a nuestro país una norma de civilización
jurídica e institucional que aseguraba la estabilidad y evitaba el
choque entre poder judicial y político”, alegó Schifani, jefe de
los senadores de Fuerza Italia, partido fundado por Berlusconi y
principal componente de la mayoría.

Para el diario La Reppublica, la sentencia “es la segunda ducha helada para el centroderecha en el término de un mes”.
En primer término esa publicación citó el caso de la Ley
Gasparri, que favorecía la concentración mediática y la expansión
de los grupos económicos a los distintos tipos de medios, una
norma que -según la oposición- beneficiaba sobre todo al grupo
Mediaset, propiedad de Berlusconi.

Esa ley de medios fue rechazada por el presidente Carlo Ciampi
y devuelta al Congreso.

“Y ahora, el no de la Consulta a la ley bloquea-procesos”,
destacó La Reppublica sobre el fallo de la Corte Constitucional.

El texto de la sentencia que rechazó el “laudo Schifani” será
difundido en los próximos días, pero su efecto (al anular la
suspensión de los procesos penales contra los cinco más altos
cargos del Estado) será, entre otros, la reanudación de un proceso
contra Berlusconi en Milán.

Los fiscales de Milán acusan a Berlusconi de corrupción en el
caso SME, sobre la venta a privados de una empresa pública de
alimentación, en los años ´80, cuando el premier era un
empresario.

En particular, se lo acusa de estar involucrado en el pago de
sobornos a magistrados.

Por el mismo caso fue condenado a cinco años de prisión su
colaborador, el legislador de Fuerza Italia y ex ministro de
Defensa, Cesare Previti, pero Berlusconi se benefició con la
suspensión del proceso gracias a la ley declarada “ilegítima”
por la Corte Constitucional.

La ley fue aprobada el 20 de junio de 2003 y permitió al
premier Silvio Berlusconi lograr la suspensión de un proceso en su
contra en Milán, en el que se lo juzgaba por corrupción de la
justicia.

Conocida como Laudo Schifani, debido a su autor Renato
Schifani, la ley sostiene que los políticos no pueden ser objeto
de causas judiciales mientras ocupen alguno de los cinco
principales cargos en el Estado.

De este modo, la legislación otorgaba inmunidad al jefe del
Estado, el primer ministro, los presidentes de la Cámara de
Diputados y del Senado y el presidente de la Corte Constitucional.

La oposición de centroizquierda celebró la sentencia y dijo
que la Corte Constitucional demostró “libertad e independencia”
con ese pronunciamiento, mientras que la centro derecha, casi sin
excepción, sostuvo que el fallo es “político” y que defenderán el
laudo proque “la ley es justa y coherente”.

La Corte Constitucional resolvió que la ley es “ilegítima”
en su artículo 1, que establece la suspensión de los procesos
penales contra quienes ocupen alguno de los cinco más altos cargos
del Estado, porque viola dos artículos de la Constitución, el
principio de igualdad y el derecho de defensa.

Pero el propio Schifani dijo, al aclarar que no compartía
el fallo, que su intención no era pedir inmunidad sino “la
posibilidad de llevar adelante un rol institucional y al vencer el
mandato, someterse al control de la justicia”.
“Fue negada a nuestro país una norma de civilización
jurídica e institucional que aseguraba la estabilidad y evitaba el
choque entre poder judicial y político”, alegó Schifani, jefe de
los senadores de Fuerza Italia, partido fundado por Berlusconi y
principal componente de la mayoría.

Para el diario La Reppublica, la sentencia “es la segunda ducha helada para el centroderecha en el término de un mes”.
En primer término esa publicación citó el caso de la Ley
Gasparri, que favorecía la concentración mediática y la expansión
de los grupos económicos a los distintos tipos de medios, una
norma que -según la oposición- beneficiaba sobre todo al grupo
Mediaset, propiedad de Berlusconi.

Esa ley de medios fue rechazada por el presidente Carlo Ciampi
y devuelta al Congreso.

“Y ahora, el no de la Consulta a la ley bloquea-procesos”,
destacó La Reppublica sobre el fallo de la Corte Constitucional.

El texto de la sentencia que rechazó el “laudo Schifani” será
difundido en los próximos días, pero su efecto (al anular la
suspensión de los procesos penales contra los cinco más altos
cargos del Estado) será, entre otros, la reanudación de un proceso
contra Berlusconi en Milán.

Los fiscales de Milán acusan a Berlusconi de corrupción en el
caso SME, sobre la venta a privados de una empresa pública de
alimentación, en los años ´80, cuando el premier era un
empresario.

En particular, se lo acusa de estar involucrado en el pago de
sobornos a magistrados.

Por el mismo caso fue condenado a cinco años de prisión su
colaborador, el legislador de Fuerza Italia y ex ministro de
Defensa, Cesare Previti, pero Berlusconi se benefició con la
suspensión del proceso gracias a la ley declarada “ilegítima”
por la Corte Constitucional.