La CAC cuestionó el proyecto de Ley de Lobby por asimetrías y sanciones

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) planteó objeciones al proyecto de Ley que busca legitimar la actividad de gestión de intereses, conocido en el debate público como “Ley de Lobby”, que se trata en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. La entidad valoró el avance hacia una normativa de transparencia, pero sostuvo que el texto en discusión presenta asimetrías y un régimen sancionatorio que podría derivar en penalidades consideradas excesivas.

En su posición, la CAC afirmó que resulta relevante que exista transparencia en las peticiones y planteos que realizan distintos actores sociales, políticos y económicos ante las autoridades, tanto en lo referido a la toma de decisiones del Poder Ejecutivo como en la elaboración y sanción de leyes. También señaló que “la publicidad de los actos de gobierno es un pilar fundamental del sistema republicano”.

Junto con ese respaldo conceptual, la cámara empresaria identificó tres aspectos del proyecto que, a su criterio, deberían modificarse. El primero es “la imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público”, una diferencia que, según la entidad, configura un esquema de exigencias y controles no equivalente entre actores.

El segundo punto se vincula con “la exigencia de requerimientos de muy difícil cumplimiento para distintas organizaciones civiles y PYMES”. Para la CAC, esa condición elevaría el umbral de cumplimiento y “implicaría su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores”, con impacto directo sobre los canales de representación y el diálogo institucional.

El tercer eje cuestionado es el capítulo sancionatorio. La CAC objetó “el establecimiento de sanciones penales” ante incumplimientos que pueden ser de tipo registral, como “la falta de inscripción en el Registro de Gestores de Intereses”. En esa línea, advirtió que el diseño propuesto concentraría el mayor control del “lobby” sobre el sector privado.

En su evaluación, el esquema podría llegar “a la criminalización de su accionar ante posibles incumplimientos incluso meramente formales”, algo que calificó como “desproporcionado”.

La entidad sostuvo que la “bienvenida y necesaria transparencia en los asuntos públicos” no debería implementarse “a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado” y planteó como objetivo “alcanzar una ley equilibrada, con reglas claras y previsibles para todos los actores”. Además, expresó que queda a disposición de los legisladores para ampliar su posición y reafirmó su intención de trabajar de forma articulada con el sector público.