La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su satisfacción por la agenda reformista presentada por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y planteó que el orden macroeconómico requiere transformaciones de fondo para impactar en el desarrollo empresario y el empleo.
En su posicionamiento, la entidad sostuvo que un país próspero “solo es posible con un sector privado pujante y competitivo, que genere valor agregado y oportunidades de progreso”. En esa línea, vinculó el desempeño del sector privado con la necesidad de un entorno adecuado y asignó a las políticas públicas un rol central para sostener condiciones que permitan la inversión, la producción y la generación de trabajo.
La CAC afirmó que “el ordenamiento fiscal y monetario logrado en los últimos años” debe complementarse con reformas estructurales orientadas a favorecer el desarrollo de las empresas y la generación de puestos de trabajo de calidad. La definición apunta a que la estabilización macroeconómica, por sí sola, no alcanza para ampliar capacidades productivas y sostener mejoras en el mercado laboral.
Entre los avances destacados, mencionó “la flamante Ley de Modernización Laboral” y los acuerdos alcanzados con EE.UU. y la Unión Europea, a los que asignó un papel en la integración de Argentina al mundo. También evaluó positivamente lo planteado por Milei en materia de desregulaciones, fortalecimiento del capital humano y apertura comercial, en una agenda que combina cambios normativos con medidas orientadas a mejorar la competitividad.
El documento incluyó coincidencias con el enfoque presidencial sobre la revalorización del largo plazo y el respeto de la propiedad privada. A la vez, señaló la relevancia de avanzar con una reforma tributaria, de lograr un pleno aprovechamiento de las capacidades productivas de todo el territorio nacional y de contar con una legislación “acorde a los tiempos que corren”, con el objetivo de adecuar reglas e incentivos a un nuevo contexto económico.
En el plano político y social, la CAC planteó que los diversos actores sociales deben obrar con buena fe para avanzar con una agenda de cambios que beneficie al país en su conjunto, sin renunciar a la legítima defensa de intereses sectoriales. En ese marco, reclamó que la Constitución Nacional sea plenamente respetada como rectora de la vida en común, al recordar derechos como los de trabajar, comerciar, transitar y publicar las ideas en la prensa.
Como cierre, la entidad llamó a realizar “los mayores esfuerzos” para que las transformaciones se concreten con el menor costo posible y pidió arbitrar medios para facilitar la adaptación de empresas y trabajadores, minimizando consecuencias adversas sobre la actividad y el empleo.
