La burocracia triplica a la de los países desarrollados

Uno de los rasgos más negativos que caracteriza a la actual transición política es el abuso del empleo público para favorecer a amigos, militante y familiares antes de dejar el poder. Un Estado fuerte requiere dejar de ser enquistado para satisfacer intereses privados, sostiene el Instituto de Desarrollo Económico Argentino (Idesa), en el número 627 de su informe semanal.

Según el INDEC, entre 2013 y 2015, el Estado nacional contrató 100 nuevos empleados públicos por día.

La expansión es mayor porque hay que sumar las contrataciones de empresas del Estado que se gestionan por fuera de la administración central y el reemplazo de bajas por renuncias, jubilaciones y muertes.

Gran parte de los nombramientos masivos no responde a las necesidades de los ciudadanos sino al uso del Estado para congraciarse con amigos, militantes y familiares. Prueba de ello es el desaforado nombramiento de gente en los últimos días del actual gobierno en el poder.

Utilizar al Estado para garantizar prebendas vitalicias es condenable porque hipoteca los recursos disponibles de gobiernos futuros y protege con la estabilidad del empleo público a personas sin capacidad ni motivación para trabajar. Pero, lo peor y más oculto, es que este tipo de empleo tiende a refugiarse en actividades puramente burocráticas, no productivas ni técnicas para disfrazar su falta de idoneidad.  

Un caso concreto del costo que impone la burocracia en la vida de la gente común lo brinda el estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial que mide, entre muchos indicadores, el tiempo que lleva pagar los impuestos. Según esta fuente:

• En los países de la OECD (mayoritariamente, desarrollados), el tiempo que consume hacer los trámites para pagar los impuestos equivale a 177 horas al año.
• En América Latina y el Caribe insume 361 horas al año.
• En Argentina insume 405 horas al año.

Estos datos muestran que los trámites que los ciudadanos deben cumplir para estar al día con sus impuestos son significativamente más engorrosos en Argentina que en el promedio de la región y casi tres veces más complejos que en los países de la OECD.

Comparado con países como Australia, Finlandia o Noruega, la burocracia que se sufre en la Argentina es 4 veces más alta. Esta es la consecuencia de una maraña de regulaciones que crece junto con la expansión de la burocracia en el sector público.

El resultado para la gente es la multiplicación de trabas, pérdida de tiempo y la incertidumbre respecto al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El daño que provoca la burocracia en Argentina es aún peor porque el Banco Mundial subestima el problema al tomar como referencia una empresa localizada en la Ciudad de Buenos Aires de manera que ignora la burocracia que imponen los gobiernos municipales.

En el interior, el papeleo es todavía mayor por los trámites superpuestos que generan los tres niveles de gobierno. Que el Estado tenga más empleados no implica una administración más simple y ágil. Al contrario, a medida que se suman amigos, militantes y familiares la burocracia tiende a crecer y la calidad de vida del ciudadano a decaer.

La contratación indiscriminada de empleados públicos deriva en un Estado más grande, pero mucho más débil, incompetente y perezoso. Si la expansión es para satisfacer intereses privados, además, genera daño social.

En este sentido, otro ejemplo concreto es el deterioro que han sufrido la educación, la salud y la seguridad pública, explicado en parte porque los funcionarios nacionales se apropian de fondos que deben ser transferidos a las provincias para pagar sueldos de gente que sólo aporta al crecimiento de la burocracia.

Mientras que el agigantamiento de los planteles del sector público se acelera con el cambio de gobierno, el tema mereció poca atención en la campaña electoral. Se habló mucho de la importancia de la presencia del Estado, pero poco de la necesidad de erradicar estas malas prácticas y profesionalizar su gestión.

El debate pendiente es si se va a seguir aceptando la apropiación del Estado para satisfacer intereses personales o si el Estado será subordinado al interés colectivo para contar con más y mejores servicios públicos, menos burocracia y mejor calidad de vida para la gente.