No todos los gobernadores e intendentes escucharon con el mismo oído el consejo del piquetero oficialista Luis D´Elía sobre no dejarse apretar: el pampeano Jorge, por ejemplo, se bajó a último momento de la convocatoria a las entidades del agro que había realizado, quizá apremiado por la planilla de sus relaciones con la Casa Rosada: recibe algo más de $ 1.000 millones por coparticipación, pero le refuerzan con casi $ 400 millones.
El mandatario de La Pampa, una de las más afectadas por las retenciones móviles y el paro agropecuario que las repudia, habrá hecho sus números antes de concluir que si le dieran lo que le correspondería de coparticipación por esos derechos anticipados a la exportación de cereales, más 11 % del IVA que se destina a Seguridad Social, más 20 % de ganancias que también se orienta al ANSES, embolsaría $ 330 millones. Claro que para ello deberían librarse cruentas batallas parlamentarias, de final incierto, en las que hasta podría suceder que resignara algunos puntos de coparticipación en beneficio de otras provincias más necesitadas de ayuda federal.
El caso de La Pampa tiene a su vecina Buenos Aires como antecedente. Daniel Scioli tampoco "se dejó apretar" por los piqueteros rurales y mandó a miembros de su gabinete a hablar con ellos.
¿Habrá recibido entonces presiones del matrimonio presidencial? El Primer Estado Argentino recibió en 2007 de la masa impositiva global $ 11.000 millones, pero por transferencias no automáticas (o sea, las que dispone el gobierno nacional) $ 5.000 millones. Y la bienvenida al nuevo mandatario fue una transfusión de más de $ 2.800 millones por la deuda que amasara desde las épocas de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf con el poder central.
En el Presupuesto 2008, presentado durante el gobierno de Felipe Solá, preveían un déficit primario de $ 670 millones de pesos que, tras el pago de los intereses, elevaba el rojo financiero a $ 2.142 millones.
Pero tras los aumentos de gastos ya aprobados (como salarios o jubilaciones), el déficit financiero treparía $ 6.000 millones.
Scioli no sólo mide las consecuencias políticas de enfrentar el poder de los Kirchner en términos de su proyecto de posicionamiento futuro para la Presidencia de la Nación, sino que mira los números a fin de medir la verdadera dependencia económica. Y le dan que si se hubieran coparticipado las retenciones y le devolvieran la parte de IVA y ganancias que en los tiempos de Cavallo se pasaron a seguridad social, le tocarían unos $ 3.600 millones.
Quiere decir que en el lance resignaría $ 1.400 millones, un monto suficiente para silbar y mirar hacia otro lado cuando recibe acometidas desde la Casa Rosada, si bien desde un punto de vista estrictamente principista, la provincia puede exhibir un notorio desfase entre la coparticipación que percibe (22 % de la recaudación impositiva) contra el 30 % que ocupa su producto interno bruto en el total del país y a que vive en su territorio el 40 % de la población.
Así y todo, posee 42% del endeudamiento total y debe US$ 821 millones más que en el 2001 por incidencia de la devaluación.
Endeudamiento
La dependencia de las provincias con la Nación se arrastra desde la debacle del 2001 y, aunque el año pasado cerraron sus cuentas con un superávit primario de $ 2.400 millones gracias a la postergación de obras presupuestadas, el pago de los intereses las dejó con un rojo de 100 millones. El endeudamiento aumentó $ 8.430 millones.
Los gastos provinciales ya equivalen al 13,8% del PBI. Casi la mitad se va en el pago de salarios, aunque en algunas jurisdicciones supera el 60%.
De un stock de la deuda provincial calculado en $s 90.000 millones, casi el 70% tiene a la Nación como acreedora, debido a la deuda del canje y los programas de asistencia financiera.
Otro factor de dependencia de las provincias hacia el gobierno nacional ha sido el deterioro de los recursos propios respecto de los ingresos totales, ya que pasaron del 33,6% en 2003 al 30,8% en 2007.
Las provincias argumentan que, en parte, les resulta cada vez más difícil salir a recaudar por la presión tributaria nacional, lo cual se debe a que las cuentas de la coparticipación explican en gran parte el comportamiento de las finanzas provinciales. Sobre todo respecto del sector con mayores posibilidades contributivas: el primario exportador.
Ahí es donde se centra el meollo de la postura de cada jurisdicción ante el paro agropecuario y la relación con el poder central.
Córdoba venía con una situación política diferente a la de Buenos Aires y La Pampa, ya que el oficialismo se había impuesto a la oposición en el último comicio por fracciones de votos y el equilibrio político que se ve obligado a realizar el gobernador Juan Carlos Schiaretti es distinto al de sus colegas bonaerense y pampeano. El mandatario cordobés enfrentó hace dos noches un petitorio de 237 intendentes del PJ para que integre la mesa de negociaciones con los productores.
La provincia mediterránea viene achicando el resultado primario: el año pasado fue de sólo $ 357 millones. Posiblemente, en Las Tejas hayan evaluado que reciben por coparticipación cerca de $ 4.800 millones, mientras que las cesiones del poder central están apenas por debajo de $ 1.000 millones. ¿Y qué pasaría si las retenciones fuesen coparticipables? Que Córdoba percibiría $ 1.500 millones, es decir, 500 millones más de los que le giran desde Plaza de Mayo.
Santa Fe, otra de las jurisdicciones afectadas por el conflicto, cobró el año pasado una pizca más que Córdoba por coparticipación contra $ 1.300 millones no automáticos, aunque hay que tener en cuenta que gobernaba la provincia el peronista Jorge Obeid, quien a pesar de toda la ayuda recibida perdió las lemas ante el socialista Hermes Binner.
El nuevo mandatario ni sueña con tener un trato parecido y, si le liquidaran lo que correspondía antes de las medidas que sumaron poder al gobierno nacional, le tocarían $ 1.500 millones: saldría ganando.
El presupuesto de Santa Fe había sido aprobado con superávit, pero no contemplaba las variaciones en los salarios. Una vez definidos a comienzos de este año, y de no tomar medidas, las cuentas podrían cerrar con un déficit del orden de los $ 700 a 800 millones.
Sergio Uribarri, en cambio, heredó Entre Ríos con $ 2.600 millones percibidos por coparticipaciones versus más de $ 600 millones de transferencias, que si se tradujeran en lo que le corresponde de coparticipación implicaría $ 800 millones de refuerzo "por derecha".
Salvo por los acuerdos políticos que haya celebrado con Kirchner para quedarse con el sillón de Jorge Busti, no se entiende la cuenta que ha hecho el joven mandatario para alejarse de su electorado como lo está haciendo. El propio Busti está en la posición contraria.
Transferencias discrecionales
Las transferencias "discrecionales" que se deciden en la Casa Rosada son: por letras del Tesoro, ATN desde el Ministerio del Interior, fondos para vivienda y desarrollo urbano, así como subsidios para el transporte y energía a través de Planificación Federal, Vialidad (obra pública), compensaciones de educación, planes jefes y jefas de familia desde el Ministerio de Trabajo, planes de atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas (Ministerio de Salud) y planes destinados a familias distribuidos desde el Ministerio de Desarrollo Social.
En total, desde esas cajas parten hacia los 24 distritos del país cerca de $ 35.000 millones, la mayor parte de los cuales ($ 20.000 millones) provienen de la cartera de Julio de Vido y finalmente recalan en las intendencias por tratarse de obras públicas.
Los principales clientes de este superministerio son Buenos Aires y Santa Cruz.
Volviendo a La Pampa, la asistencia recibida del Tesoro abarcó un tercio del total que le transfirieron desde el gobierno nacional, y otro tercio, los planes sociales que distribuye Alicia Kirchner.
La modalidad de saltear a los gobernadores para tratar directamente con los intendentes formó parte de un juego transversal que practicó Néstor Kirchner en su anterior experiencia.
Se aseguraba así una horizontalidad en las decisiones que saltaba las jerarquías partidarias y lo hacían depender menos de los caudillos mientras afianzaba su poder político.
La reorganización del PJ que puso en marcha Kirchner, ya fuera de la Casa Rosada donde dejó a su esposa, vuelve a desplazar el eje del poder hacia los referentes que retuvieron ascendiente en sus respectivas provincias.
"El gobierno nacional se ha encontrado una complicación adicional: además del reclamo del sector agropecuario, ya son cada vez más los dirigentes políticos de su propio partido que deciden estar con la gente, en lugar de seguir con la obsecuencia silenciosa. Intendentes, jefes comunales, legisladores y gobernadores empiezan a decir basta a la obligación de inclinarse ante la chequera de la Casa Rosada", afirmaron en un acto en la localidad de Santa Teresa, sobre la Ruta 90.
