El ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y actual presidente de la Unión Cívica Radical señaló con firmeza la posibilidad de que algunas provincias busquen una salida independentista. Las razones aludidas son las arbitrariedades con los sectores productivos regionales y la discrecionalidad para con los gobiernos provinciales por parte del Estado nacional, recuerda el informe de la consultora IDESA.
No es la primera vez que las provincias de las áreas más productivas del país (la región central) se quejen de estas conductas del centralismo. Pero sí que un dirigente político de este nivel explicite la posibilidad del independentismo.
La Argentina es un país federal con un esquema de distribución de impuestos muy particular. El Estado nacional centraliza la recaudación de impuestos nacionales a través de AFIP. Se queda con la recaudación de tres tributos (cargas sociales, impuesto al cheque y derechos de exportación e importación) y distribuye automáticamente el resto de los impuestos (IVA, Ganancias, Bienes Personales, Internos, Combustibles, entre los más importantes). De los coparticipables, la Nación se apropia de la mitad y la otra mitad se distribuye entre las provincias (distribución primaria). Luego hay una distribución entre las provincias (distribución secundaria) para la que se aplican parámetros muy cuestionados.
¿Cómo termina siendo la apropiación de recursos fiscales entre jurisdicciones? Teniendo en cuenta que la presión impositiva total –nacional y provincial– es de 28% del PBI, según información publicada por el Ministerio de Economía, se observa que:
- Las provincias recaudan por sí mismas con impuestos provinciales un 5% del PBI.
- Las provincias reciben otro 8% del PBI de la coparticipación.
- El Estado nacional se queda con los restantes 15% del PBI de la presión tributaria.
Estos datos muestran que el Estado nacional se apropia de más de la mitad del total de los impuestos recaudados. Parte se explica porque se incluyen los aportes y contribuciones a la seguridad social que tienen como asignación específica financiar el sistema jubilatorio administrado por la Nación a través de la ANSES. Pero aun excluyendo las cargas sociales, la concentración de ingresos fiscales en el nivel nacional es muy alta.
Lo contrario ocurre con las responsabilidades asignadas a cada jurisdicción. La mayor parte de la producción de bienes públicos está a cargo de las provincias. Entre los que mayor volumen de recursos insumen y más trascendencia tienen en la calidad de vida de la gente se destacan educación básica, salud pública, asistencia social, seguridad, justicia, vivienda e infraestructura básica. Mientras que la Nación tiene a su cargo la seguridad social, la educación superior y la administración de funciones interprovinciales, como la representación ante el exterior, defensa y la red de transporte y energía interprovincial.
Es muy visible el desequilibrio entre la distribución de recursos y responsabilidades entre jurisdicciones. La exagerada apropiación de recursos a nivel nacional es uno de los principales factores que explican la decadencia de la Argentina. Por un lado, porque ha llevado a acumular una enorme estructura burocrática superpuesta a las estructuras de los gobiernos locales.
Por el otro porque la centralización de recursos genera incentivos muy perversos. A nivel nacional es muy difícil no caer en la tentación de usar la distribución de recursos para doblegar voluntades políticas, ya que distribuir discrecionalmente “ayudas” es la manera más fácil y eficiente de acumular poder.
A nivel provincial y municipal, la centralización lleva a que no se pondere la buena administración sino las habilidades para congraciarse con el gobierno nacional y recibir “ayudas” de los funcionarios nacionales. Que el principal determinante del “éxito” en la gestión local sea la capacidad para cortejar a los funcionarios nacionales desnuda la decadencia a la que ha llegado la Argentina.
El ex gobernador de Mendoza puso en debate el principal problema de la Argentina. Pero no es necesario apelar a medidas extremas, como el independentismo. Eliminando la coparticipación y estableciendo que cada Estado provincial se financie con los impuestos que pagan sus habitantes se evitarían las arbitrariedades y despilfarros que denuncia el ex gobernador. Esto debería ir junto con la creación de un Fondo de Convergencia, financiado solidariamente por las provincias más ricas, para apoyar el desarrollo de las provincias más rezagadas del norte.
